31 enero,2019 7:21 am

Con la decisión de la CIDH de revisar la masacre de El Charco, 50% de la lucha ya se ganó: Efrén Cortés

A los compañeros rendidos, desarmados, el Ejército los masacró, y nosotros fuimos torturados. Ésa es la demanda. Es lo que se debe de investigar”, puntualiza el sobreviviente del 7 de junio de 1998.
Ciudad de México, 31 de enero de 2019. Efrén Cortés sabe que después de que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) aceptó estudiar y analizar la masacre ejecutada por elementos del Ejército Mexicano en El Charco –donde fueron asesinados 10 indígenas na savi y un estudiante universitario–, la discusión no se centrará en si existían o no en la zona grupos armados organizados, sino en que los militares cometieron tortura y ejecuciones extrajudiciales.
El 7 de junio de 1998 en la comunidad El Charco, ubicada en el municipio de Ayutla de los Libres, militares irrumpieron violentamente y además de matar a 11 personas, causaron lesiones a cinco más y detuvieron a 22 pobladores, que fueron torturados. Por eso Cortés, sobreviviente del atentado, celebra ahora que la CIDH aceptara llevar el caso.
“No se trata de debatir si había guerrilla. Ya se dijo que sí”, dice en entrevista con El Sur.
Sentado en la Alameda Central, a un costado del Palacio de Bellas Artes, en Ciudad de México, Efrén considera que la admisibilidad del caso por parte de la comisión “es un avance, porque se reconoce que pudo haber violaciones a los derechos humanos, pues hubo ejecuciones, tortura, niños detenidos”.
“El análisis es muy importante por dos cosas: porque el Ejército intervino y hay una cantidad grande de violaciones de parte del Estado Mexicano respecto a convenios internacionales que se ha comprometido a respetar, como los derechos humanos. La CIDH presume que eso no se hizo”.
Ése es un avance, enfatiza, “es el 50 por ciento de esta lucha”, que comenzó hace seis años.
“Lo que demandamos al Estado mexicano es que a nosotros nos consta que sí hubo ejecuciones extrajudiciales y tortura. La justicia ya nos juzgó por delito de rebelión, conspiración y portación de armas. Eso no demandamos –explica Cortés–. A los compañeros rendidos, desarmados, el Ejército los masacró, y nosotros fuimos torturados. Ésa es la demanda ante la CIDH. Es lo que se debe de investigar”.
El Estado mexicano, recuerda, determinó entonces que la masacre fue producto de un enfrentamiento entre la guerrilla y el Ejército.
Son procesos tardados, reconoce Cortés, “así es la justicia internacional, pues la comisión recibe todas las demandas del continente, pero que la CIDH acepte el caso es un avance porque las fuerzas armadas, el Ejército, hizo esa masacre con total impunidad. Cuando sucedió, los jueces de distrito de Acapulco hacían lo que los ministerios públicos militares les decían. A nosotros nos consignó el MP militar”.
“Sin justicia no hay paz”
Víctima de tortura, Efrén Cortés también estuvo cuatro años preso, un año en Acapulco y tres en el penal federal de Puente Grande, en Jalisco. En dos procesos, fue juzgado por portación de armas, terrorismo, asociación delictuosa, rebelión, conspiración e incitación a la rebelión, al igual que la entonces estudiante Erika Zamora Pardo, quien estuvo en la cárcel el mismo periodo que Cortés, a diferencia de otros compañeros, absueltos año y medio después de la matanza.
“Faltan unos dos años más para que el caso pase a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Hay argumentos sólidos de ejecuciones extrajudiciales y tortura. El Ejército tiene que reconocer que se violaron derechos humanos de manera grave”, destaca Cortés.
Originario de Cruz Grande, en la Costa Chica, menciona que antes de que sucediera la masacre se discutían dos cosas en El Charco: si se declaraba autónomo Ayutla de los Libres y cómo desarrollar una sustentabilidad productiva.
“Ahí es zona indígena, y eran acciones frente a la militarización y violencia que se sufría. Había presencia del Ejército Revolucionario del Pueblo Insurgente (ERPI), sí, porque la masacre se dio dentro de un contexto político. El Ejército Mexicano sabía que esas comunidades podían tener vínculos con grupos armados, por eso hizo lo que hizo.
“Muchos compañeros que estaban heridos de no gravedad, aparecieron muertos. La demanda es que se repare el daño y no sólo material, sino social, a las comunidades, a la región, a las víctimas. Los hijos de los masacrados estaban chicos, el Estado tiene la obligación de repararles el daño. Los conozco y hoy tienen 23, 25, 28 años. Es reparación de la región, de las comunidades, y hasta reparación individual.
Como sobreviviente, insiste, lo más importante es la ejecución de la justicia: “Si no hay justicia no hay paz, reconciliación, sigue la impunidad. Si el Estado, en vez de juzgar, asesina, entonces violenta. Pedimos a la comisión que investigue eso”.
Pobreza sistémica
Cuando ocurrió la matanza, Efrén Cortés tenía un compromiso organizativo con esa región. Se involucró en movimientos sociales desde los 15 años –hoy tiene 50– porque desde pequeño se percató del atraso en todos los sentidos que se padecía en la zona. En Cruz Grande, un poblado de unos 5 mil habitantes, las personas morían de polio o sarampión.
“Lo vi a los nueve años. Por ejemplo, en Ayutla, en el momento de la masacre, no había luz ni caminos, era mucho atraso y racismo por parte de la gente mestiza. Vi a niños morir por problemas respiratorios. La pobreza es sistémica. Eso llevó a la organización y es una zona que durante muchos años ha luchado por reivindicaciones sociales”.
Efrén cursó Derecho en la Universidad Autónoma de Guerrero e incursionó en el activismo social desde la preparatoria. Se enfocó en las causas campesinas y populares.
“No me arrepiento de lo que he hecho, pues ha sido por convicción. En los parámetros de una democracia capitalista, esto está mal, es de terror: marginación, violencia. En aquel tiempo no era una violencia como ahorita, pero había una violencia de tipo política. Las cosas han empeorado, ahora es una violencia generalizada.
“Hemos observado que donde hay minas, agua, tierras, surge la violencia, para que la gente migre y las grandes empresas lleguen y controlen, como pasa en Guerrero. Desde el surgimiento de Lucio Cabañas, Genaro Vázquez y las guerrillas del 68 y del 70, la violencia en la entidad se ha mantenido. No ha parado el asesinato de luchadores sociales. El Estado mexicano antes usaba las guardias blancas (grupos paramilitares), hoy usa la delincuencia. Es lo mismo. La lucha social tiene que seguir, porque las cosas están muy difíciles”.
Marca para toda la vida
A Efrén Cortés la masacre en El Charco lo marcó de por vida porque fueron asesinadas personas con quienes convivió de cerca. “Era gente indígena que conocí por años, yo conocí la capacidad que tenían para organizar a sus pueblos. Eso no se me olvida porque uno, en el proceso de lucha, no deja de ser humano. Cuando llegaba a sus comunidades siempre me trataban con cariño, me daban de comer sin importar la hora. Hice vínculos con varios de los asesinados. Eso es lo que más siento”.
“A nosotros nos tocó tortura, estar presos y vivos. ¿Y los que murieron?”, cuestiona. “El Ejército está dentro de la ley. Siempre lo promueven, dicen que tiene honor y nosotros pensamos que no”.
“No a la Guardia Nacional”
Cuando Efrén estuvo encarcelado, sus hermanos sufrieron acoso político, “los investigaron”, cuenta. Al salir de la cárcel se reincorporó al movimiento social y continuó en el activismo social. Sobrevive gracias a “acciones autosustentables” y trabajo independiente. “Al juego de partidos políticos no entramos. Queremos que las luchas de los pueblos sean reivindicadas”.
–¿Qué opinas de la creación de la Guardia Nacional?
–En México sí hay una crisis de seguridad, hay una descomposición donde las policías municipales y estatales y hasta el Ejército delinquen. Nunca la delincuencia puede operar sin el aval del poder. Hasta el nuevo gobierno de Andrés Manuel López Obrador tiene la obligación de buscar que esta delincuencia baje, pero la forma como lo están haciendo es la misma que utilizaron Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto.
Otra opción, propone Cortés, sería una policía civil y que los militares regresen a los cuarteles. “Se ha mostrado, con estadísticas de organismos nacionales e internacionales, que en donde está el Ejército se incrementa la violencia. Guerrero tiene de 15 a 20 mil militares desplegados en todo el territorio y la violencia no baja, porque ésta tiene otras características: marginación, abandono, pobreza”.
En 12 años de presencia militar, advierte, la violencia no ha bajado. “Es de locura que el nuevo gobierno diga que el mando de la Guardia Nacional lo tendrá la Secretaría de la Defensa. La guardia va a pasar, ya lo vi, pero es un error querer resolver el problema de la violencia a través de la militarización. Los gobiernos civiles tienen derecho a buscar que la violencia baje y podría pasar eso, pero a la larga, dos o tres años, esto se va a convertir en un grave problema de violaciones a los derechos humanos”.
Concluye: “Hasta las policías municipales están dirigidas por militares. Esa es la militarización, porque no se utilizan prácticas disuasivas, sino represivas. La policía tiene la función de investigar, prevenir el delito. El militar no está formado para eso, sino para matar, velar por la soberanía nacional, cuidar áreas estratégicas del país. No para estar en las calles y en los retenes”.
Texto: Guillermo Rivera / Foto: Cuartoscuro