Foto: Canal Judicial
Del total en el país, en la entidad tiene el 20 por ciento de los casos y es considerado en el informe de la ONG como uno de los más peligrosos del país para esa actividad
Ramón Gracida Gómez
En lo que va del gobierno de Enrique Peña Nieto, 21 guerrerenses defensores de derechos humanos han sido asesinados, tanto por agentes estatales como por particulares, informó la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos Todos los Derechos para Todas y Todos (Red TDT).
En su informe La esperanza no se agota: Situación de las personas defensoras de derechos humanos durante la presidencia de Enrique Peña Nieto, el organismo no gubernamental (ONG) Red TDT documenta violaciones de derechos de defensores desde el 1º de diciembre de 2012, cuando inició el sexenio actual hasta el 30 de noviembre de 2016, pero en el mismo documento se señala que se incluyen datos del presente año hasta el 30 de julio.
En los primeros 56 meses que van del sexenio de Peña Nieto, la Red TDT tiene documentados 106 asesinatos de defensores de derechos humanos en todo México. De dicha cifra, en Guerrero fueron asesinados o ejecutados extrajudicialmente 21 personas, las cuales representan casi el 20 por ciento del total, es decir, la quinta parte de todos los casos documentados por esta organización.
Dentro de la lista, ciertas víctimas destacan por su larga trayectoria como Rocío Mesino Mesino, dirigente de la Organización Campesina de la Sierra del Sur (OCSS), y el del dirigente social Arturo Hernández Cardona, quien fue asesinado durante la presidencia de José Luis Abarca en Iguala, quien está preso por dicho asesinato y en cuyo trienio ocurrió la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.
Guerrero está considerado dentro del informe como uno de los estados más peligrosos de todo el país en cuanto a la defensa de derechos humanos a la par de Chiapas en el que se contabilizan 11 personas defensoras asesinadas y Oaxaca en donde la cifra asciende a 23 víctimas.
En la sección de desaparición, desaparición forzada o por particulares, se informa que hubo 81 casos de los cuales 58 corresponden a Guerrero. En dicha cifra se incluyen los 43 estudiantes de la Normal de Ayotzinapa, quienes desaparecieron entre el 26 y 27 de septiembre de 2014 cuyo estatus en el informe aparece como “se desconoce”. De las otras 15 personas, siete fueron ejecutadas, siete están libres y de una se desconoce su estado.
De todos los casos sólo uno es de una mujer, Adela Rivas Obe, doctora desaparecida y cuyo cuerpo sin vida apareció en Zihuatanejo en octubre del año pasado. En el presente año no se tiene documentado ningún caso por desaparición en Guerrero.
El informe también resalta que de todos los eventos registrados en Guerrero donde hubo violaciones de derechos humanos o delitos contra personas defensoras, el 37 por ciento de los perpetradores son fuerzas de seguridad pública, tanto estatales como municipales, así como el Ejército y la Marina, y la posible explicación se relaciona con las estrategias de militarización por parte del Estado en la zona.
