Con ello se evitará que las respuestas a las peticiones de información estén sujetas a la voluntad política, ya que ahora se eleva a rango de ley e incluye medidas de apremio. Posponen para este jueves aprobar la iniciativa de corrección a la reforma judicial en Guerrero tras las deficiencias que observó la Corte
Chilpancingo, Guerrero, 9 de abril de 2026. El Congreso local reformó la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Guerrero, para que sujetos obligados respondan en 15 días a las solicitudes de información de los diputados, con medidas de apremio en caso de incumplimiento. Con ello se evitará que pasen meses en espera de recibir una respuesta o que ésta nunca llegue.
La diputada de Morena, Citlali Calixto Jiménez, presentó al pleno el dictamen de la Comisión de Asuntos Constitucionales, de la iniciativa del diputado, también de Morena, Carlos Eduardo Bello.
Calixto explicó que entre las responsabilidades de los legisladores están conocer y vigilar el desempeño y el cumplimiento de las atribuciones de las instituciones públicas, que se concreta en la atención que se le brinda a la gente.
En este sentido, dijo que mantienen comunicación constante con los entes públicos para fortalecer procesos legislativos o dar respuesta a las solicitudes de sus representados. Sin embargo, esta comunicación institucional se basa en la voluntad política, que ahora se eleva a rango de ley, para evitar que pasen meses para recibir una respuesta o que la respuesta nunca llegue, y para que los funcionarios cumplan con su responsabilidad de informar sobre su desempeño.
La reforma al artículo 168 señala 15 días hábiles para que las instituciones respondan a las solicitudes de información de los diputados, con una prórroga de cinco días. Y si al término prevalece la omisión sin causa justificada se podría solicitar a la Jucopo la comparecencia del funcionario omiso, y se dará vista al órgano interno de control de la instancia que pertenezca.
El diputado del PRD, Jorge Iván Ortega, propuso en una iniciativa incluir también en la Ley Orgánica del Poder Legislativo un procedimiento de seguimiento a los exhortos, para que recibir una respuesta en tres días como máximo, donde citan a comparecer a las autoridades omisas “para garantizar el derecho a la información de los promoventes y la eficacia de la función fiscalizadora”. Argumentó que el Congreso no puede limitarse a problemas sino que busca soluciones concretas.
Posponen corrección a la reforma judicial
El Congreso pospuso para hoy la primera lectura de una iniciativa de la gobernadora Evelyn Salgado Pineda, que atiende la acción de inconstitucionalidad contra la reforma del Poder Judicial en Guerrero presentada por la Suprema Corte, prevista para la sesión de ayer y que se reprogramó como único asunto del orden del día para una segunda que se citó ayer mismo para las 6 de la tarde.
Sin embargo el presidente de la Mesa Directiva, Alejandro Carabias Icaza informó después con un aviso en la página oficial del Congreso, que por acuerdo de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) y la Conferencia para la Dirección y Programación de los trabajos legislativos se difirió esta sesión para este jueves.
Antes, en la sesión, el diputado de Morena, Pablo Amílcar Sandoval Ballesteros, presentó una iniciativa para derogar un artículo transitorio de la reforma del Poder judicial de Guerrero, en la Constitución, sobre la designación de la presidencia del Tribunal Superior de Justicia por parte de sus integrantes, que se iba a atender con la iniciativa de la gobernadora.
Criterios para cumplimiento de acciones afirmativas en 2027
Con miras a la elección de 2027, el diputado del PRI, Alejandro Bravo Abarca propuso una reforma a la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del estado de Guerrero, para que las acciones afirmativas de pueblos indígenas, población afromexicana, personas con discapacidad y diversidad sexual atiendan criterios de constitucionalidad.
Indicó que “uno de los ejes centrales de la reforma es establecer límites claros a la facultad reglamentaria del Consejo General del Instituto Electoral. Aunque este órgano puede emitir disposiciones para hacer operativa la ley no puede crear nuevas obligaciones ni alterar el diseño legal establecido por el legislador”.
Para evitar el uso discrecional de esta facultad, propuso que cualquier acción afirmativa esté debidamente fundamentada y motivada, con criterios específicos: necesidad, razonabilidad, proporcionalidad y temporalidad, que no las eliminan sino que brindan mayor seguridad jurídica.
Además señala la obligación del instituto de informar al Congreso sobre las consultas realizadas a pueblos indígenas y afromexicanos, reforzando el vínculo entre autoridad administrativa y legislativa.
También del PRI, el diputado Jesús Parra García propuso reformar el Código Civil para actualizar los conceptos de pensión alimentaria y para fortalecer el registro estatal de deudores alimentarios morosos, “porque el incumplimiento ya no será sólo una cifra sino un estándar robusto de derecho humano a la alimentación adecuada”.
La diputada de Movimiento Ciudadano, Erika Lührs Cortés, propuso crear una Fiscalía especializada de delitos cometidos contra personas de la diversidad sexual y de género, en la Ley orgánica de la Fiscalía General del Estado, con perfil del titular para asegurar la atención de delitos de manera diferenciada.
Denunció que los crímenes de odio tienen altos niveles de impunidad e incidencia desproporcionada hacia las mujeres transexuales, que no llegan a la denuncia por la desconfianza de las víctimas y sus familiares en los impartidores de justicia.
Dijo que México es el segundo lugar en América latina en delitos contra la comunidad LGBT, y en 20 años Guerrero tiene registrados 63 asesinatos.
La diputad del PRD, Erika Isabel Guillén Román, pidió reformar la Ley de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente, para que se realice en el estado un monitoreo puntual de la calidad de agua de las zonas costeras, como un instrumento de política ambiental para cuidar la salud de la población y proteger los ecosistemas marino.
Planteó la creación de un Sistema Estatal de Monitoreo de la Calidad del Agua que realice mediciones periódicas, garantice la publicación de resultados, emita alertas sanitarias de riesgo y fortalezca la coordinación de los tres niveles de gobierno.
Iniciativas de Morena
Pánfilo Sánchez Almazán propuso incluir en el Consejo consultivo de la Comisión Estatal de Derechos Humanos a una representante de víctimas de delitos o violaciones graves de derechos humanos.
Violeta Martínez Pacheco planteó incluir en el Código Civil un capítulo de adopción de embriones generados mediante técnicas de reproducción asistida, que pueden ser donados para la gestación por otra persona.
Aseguró que no es comercio, explotación ni sustitución, sino de dar certeza legal a personas que ya utilizan estos métodos médicos para formar una familia.
Aristóteles Tito Arroyo pidió la inclusión de lengua materna en los cabildos para que los regidores puedan expresarse en su lengua originaria y el Ayuntamiento incorpore la participación en el acta de cabildo con traducción en español.
Lourdes Chávez
