A favor, 34 de 35 diputados presentes de un total de 46. Masedonio Mendoza Basurto, de Morena, argumenta para oponerse a la militarización de la seguridad pública la actuación castrense en la guerra sucia en Guerrero. Vecinos de El Quemado, víctimas de las atrocidades de ese periodo, comienzan hoy una huelga de hambre afuera de Palacio Nacional
Chilpancingo, Guerrero, y Ciudad de México, 9 de noviembre de 2022. Con el voto en contra del morenista Masedonio Mendoza Basurto, el pleno del Congreso de Guerrero aprobó por mayoría la minuta de reforma constitucional en materia de Guardia Nacional, que prorroga hasta 2028 la permanencia de las Fuerzas Armadas en las calles realizando tareas de seguridad.
En la sesión ordinaria del Congreso local, y después de la visita del secretario de Gobernación Adán Augusto López Hernández del viernes pasado para defender la permanencia de las fuerzas armadas en las calles, finalmente ayer se aprobó la minuta con 34 votos a favor, cero abstenciones y solo uno en contra.
Se ausentaron 11 diputados, incluida la diputada del PAN, Ana Lenis Reséndiz Javier, la única de la oposición que es esperaba que votaría en contra luego de que la bancada del PRD anunciara su voto a favor a contracorriente de la postura de la bancada federal que rechazó la reforma que militariza la seguridad pública.
Antes de la votación del dictamen de la minuta, el morenista Masedonio Mendoza Basurto pidió hacer uso de la palabra para argumentar su voto en contra. En tribuna señaló que su postura era porque no se podía olvidar la historia del estado y la guerra sucia en la que miles de luchadores sociales fueron perseguidos y muchos de ellos asesinados por el Ejército.
“Es importante no olvidar nuestra historia”, dijo el morenista. Recordó que en Guerrero “hay una histórica guerra, la cual señala que en aquel México de los sesentas y setentas se fijó un nuevo enemigo, mejor dicho un ‘no amigo’ que incursionaba en la nación para hostigar y desequilibrar y derrocar al gobierno democrático para establecer un régimen socialista contra este enemigo interno el Estado mexicano dirigió militarmente la lucha y encausó sus aparatos represivos desencadenando lo que tiempo después se le llamaría oficialmente la Guerra Sucia”.
Dijo que en aquellos años “bajo esta lógica de seguridad interna”, tanto “el gobierno federal, la iglesia, los medios de comunicación y múltiples aliados del Estado, delinearon la figura del enemigo, del sujeto peligroso, con una potencialidad indefinida”, y que la respuesta del estado contra este “enemigo” fue desproporcionada con “acciones represivas implementadas para paralizarlo, desarticularlo, y exterminarlo se desarrollaron en sitios geográficos de nuestra entidad”.
Estos actos de lesa humanidad, dijo, fueron legitimados bajo “el argumento de salvar a la patria”, Masedonio Basurto, señaló que esa estrategia de contrainsurgencia que se desplegó en Guerrero “es un punto de referencia importante para conocer la génesis y los patrones de la desaparición forzada”.
El morenista recordó en tribuna que estas acciones se realizaron por “el Estado a través de las fuerzas castrenses y policiales”, y que además esta violencia “contra los disidentes” alcanzó a los ciudadanos identificados como “base de apoyo a la guerrilla rural encabezada por Genaro Vázquez Rojas y Lucio Cabañas”.
Recordó “diversos hechos que manchan el actuar y el accionar” de las fuerzas armadas y policiales “con el solo objetivo de reivindicar la memoria histórica el suceso del 30 de diciembre de 1960 que tuvo lugar en esta capital de Guerrero una masacre realizada por el Ejército Mexicano 23 personas fallecidas en el lugar de los hechos o en los hospitales, la matanza de Atoyac el 18 de mayo de 1967, la matanza de copreros en Acapulco el 20 de agosto de 1967, la desaparición forzada de Rosendo Radilla Pacheco el 25 de agosto de 1974 desaparecido por los militares, la matanza de La Trinidad el 25 de julio de 1982, la masacre de Aguas Blancas el 28 de junio de 1995, la matanza de El Charco el 7 de junio de 1998, los actos de violación cometidos el 22 de marzo del 2002 contra Inés Fernández Ortega”.
Mendoza Basurto dijo que su postura no es por capricho sino porque es necesario representar a “mi muy querido y bronco Guerrero es por eso que mi voto es en contra”.
“Ahora es distinto”, justifica el morenista Antonio Helguera
Para razonar su voto a favor, pidió la palabra el también morenista Antonio Helguera Jiménez quien después de reconocer lo que Masedonio Basurto dijo en tribuna, planteó a su antecesor en el uso de la palabra que ahora “es distinto este momento que estamos viviendo”, por lo que pidió “valorarla en positivo y votarla a favor”.
En ese sentido dijo que todas esas acciones de las fuerzas armadas y policiales que mencionó su correligionario fueron “derivadas de errores” de anteriores gobiernos, de “quienes en su momento han tenido la facultad de reprimir y de ordenar estos hechos que todos lamentamos, sin embargo, pidió “que recordemos que estamos viviendo nuevos tiempos, donde tenemos un presidente de la República pacifista y este presidente que ante todo valora la vida y los derechos humanos de los mexicanos”.
Recordó que a Andrés Manuel López Obrador lo “acusan de no emplear la fuerza cuando muchos mexicanos están pidiendo que la use, al que han acusado de ocupar la frase `de abrazos y no balazos’ porque él cree que ante todo está en la vida de los mexicanos”.
Justificó que el actual, es “un momento difícil” y que el trabajo de las fuerzas armadas “aún no ha logrado su objetivo, ni se ve que en el corto plazo lo vaya a lograr, están trabajando para eso diseñando estrategias que seguramente conducirán a que pronto podamos tener la seguridad”.
Lo aprobado es minuta por la que el Congreso de la Unión reformó el artículo quinto transitorio del decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política, en materia de Guardia Nacional, la presidenta de la Comisión de Estudios Constitucionales y Jurídicos, la diputada morenista Leticia Castro Ortiz, explicó en tribuna que con esta se ampliar de 5 a 9 años la utilización de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública.
La sesión
El diputado priista Adolfo Torales Catalán presentó una iniciativa de Ley de Juicio Político y Declaración de Procedencia para el Estado de Guerrero, en tribuna con la cual, dijo que con esto se busca “aportar instrumentos jurídicos que permitan al estado y a los municipios el combate al cáncer de la corrupción gubernamental en cualquiera de sus facetas”.
En la iniciativa plantea que sean materia de juicio político las personas servidoras públicas sujetas de responsabilidad como los legisladores locales, el titular del Poder Ejecutivo, secretarios de despacho, magistrados y jueces del Poder Judicial, presidentes municipales, síndicos y regidores, titulares de las dependencias, entidades u organismos de la administración pública estatal o municipal; el fiscal, el auditor, consejeros de la judicatura, entre otros como los funcionarios, empleados y, en general, toda persona que con independencia de su jerarquía o adscripción desempeñe un em-pleo, cargo o comisión, con funciones de mando o decisión, o que maneje recursos financieros, recursos humanos o programas sociales, en cualquiera de estos supuestos dentro de los poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial, Ayuntamien-tos y órganos autónomos.
La propuesta de Torales Catalán plantea que corresponderá a la Comisión de Examen Previo del Congreso declarar la procedencia del juicio político y competirá a la Comisión Instructora substanciar el procedimiento de juicio político establecido en esta Ley y formular, la acusación ante el Pleno del Congreso erigido en Gran Jurado, quién emitirá resolución con el voto de las dos terceras partes de sus miembros.
Estacionamientos gratuitos
El diputado perredista Bernardo Ortega Jiménez (PRD) presentó una iniciativa de reforma a la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de Guerrero para establecer la gratuidad en el uso de los estacionamientos de plazas y centros comerciales, siempre y cuando las personas usuarias realicen consumo en los establecimientos.
La propuesta plantea la denominación del capítulo quinto del título décimo y adicionar un artículo, el 280 de la Ley Orgánica del Municipio Libre para establecer la gratuidad en el uso de los estacionamientos de las Plazas y Centros Comerciales, la iniciativa contempla la obligación de los ayuntamientos de “aprobar y expedir el reglamento de estacionamiento para plazas y centros comerciales, en aquellos casos en los cuales éstos existan”.
En la sesión, el morenista Fortunato Hernández Carbajal presentó una iniciativa de reforma a la Ley de Desarrollo Rural Sustentable del Estado de Guerrero para que en el uso de tierras destinadas a la agricultura se apliquen prácticas agroecológicas, a través de la rotación, intercalamiento o asociación de cultivos, que reduzcan los procesos erosivos del suelo y disminuyan la afectación al cambio climático.
Declaran constitucional la reforma que extiende a 2028 la tarea del Ejército en seguridad pública
La Cámara de Diputados realizó la declaratoria de constitucionalidad de la reforma que extiende a 2028 la permanencia del Ejército en tareas de seguridad pública, luego de que 20 Congresos locales avalaron las modificaciones al artículo quinto transitorio.
Crítico de la reforma impulsada por el PRI, el presidente de la Mesa Directiva –el panista Santiago Creel– evitó realizar la declaratoria debido a que sostiene un encuentro en la Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM), por lo que el trámite estuvo a cargo de la morenista Karla Yuritzi Almazán.
Durante los posicionamientos, en los que no tomó la palabra el tricolor, el coordinador de Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez Máynez, le recomendó a la mayoría en San Lázaro no cantar victoria, porque la militarización de la seguridad pública es la derrota del legado que el PRI le dejó al Estado mexicano: la separación del poder civil sobre el militar.
“Su victoria es la derrota de este histórico legado que le debemos fundacionalmente al General Lázaro Cárdenas”, afirmó.
El petista Gerardo Fernández Noroña acusó al presidente de la Mesa Directiva, el panista Santiago Creel, de ser el impulsor de la posición facciosa de su partido y como ejemplo indicó que Guanajuato votó en contra la reforma a pesar de que es la entidad más violenta y la que más homicidios da al País.
El panista Ricardo Villarreal le contestó que los cinco estados más violentos del país son Colima, Zacatecas, Baja California, Sonora y Morelos y todos están gobernados por Morena.
Villarreal celebró que la declaratoria de constitucionalidad se realizara este martes cuando inicia la discusión del Presupuesto de Egresos 2023, porque esto obligará a la Cámara de Diputados a asignarle recursos al fondo creado por la reforma para fortalecer a las Policías civiles en los estados y municipios.
El morenista Juan Ramiro Robledo reiteró que la reforma no es violatoria del Artículo 21 constitucional, porque la extensión del uso extraordinario del Ejército en tareas de seguridad púbica se hizo sobre las mismas bases y alcances jurídicos que lo aprobado en 2019, cuando se creó la Guardia Nacional.
Robledo afirmó que, salvo excepciones, actualmente no hay Policía civil confiable, segura y eficiente, de ahí que el País tiene la necesidad de ocupar lo que la República tiene que es la fuerza militar, la cual calificó como bien armada, disciplinada, eficiente, especializada, jerárquicamente competente y disciplinada al poder civil.
De acuerdo con la declaratoria que fue enviada al Senado para sus efectos constitucionales, las modificaciones constitucionales fueron aprobadas por los Congresos de Baja California, Baja California Sur, Campeche, Coahuila, Colima, Chiapas, Hidalgo, México, Michoacán, Nayarit, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Veracruz y la Ciudad de México.
Jueza multa a la titular de SSP por incumplir suspensión definitiva contra el pase de la GN a Sedena
Karla Macías, Jueza Novena de Distrito en Guanajuato, impuso ayer una multa de 9 mil 622 pesos a Rosa Icela Rodríguez, titular de la SSP, por negarse a cumplir la suspensión definitiva concedida el pasado 24 de octubre, que frena la reforma para entregar el control de la GN a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).
La jueza advirtió a Rodríguez que, si insiste en su desacato, la multará con 19 mil 244 pesos y la denunciará ante la Fiscalía General de la República (FGR) por el delito de violación a una suspensión.
La resistencia de la funcionaria, según Macías, constituye no sólo un desacato a la suspensión, sino a órdenes expresas del presidente López Obrador para que se acate la medida judicial.
Discuten PRI y diputado de MC en Twitter por pacto con Morena
Las bancadas de Movimiento Ciudadano y del PRI en la Cámara de Diputados volvieron a enfrentarse luego que el diputado Jorge Álvarez Máynez acusó que continúa el pacto de complicidad entre el tricolor y Morena.
Por la mañana, Máynez hizo público el oficio mediante el cual Morena solicitó a la Mesa Directiva incluir en el orden del día la declaratoria de constitucionalidad de la reforma que extiende a 2028 la presencia del Ejército en las calles.
El documento se encuentra firmado por cuatro de los siete coordinadores parlamentarios en San Lázaro, entre ellos Ignacio Mier, de Morena; Carlos Puente, del Partido Verde Ecologista; Alberto Anaya, del Partido del Trabajo, y Rubén Moreira, del PRI.
“Por si hay dudas del pacto de complicidad: una nueva prueba. En la sesión de hoy no estaba en el orden del día un tema que acaban de agregar ilegalmente: la declaratoria formal de la #ReformaMilitarista. ¿Quién creen que firma el acuerdo? Morena y sus aliados, incluyendo el PRI”, indicó.
El enfrentamiento entre MC y el PRI comenzó el viernes pasado, cuando la bancada naranja en San Lázaro acusó al tricolor de pactar con el titular de la Secretaría de Gobernación, Adán Augusto López, una reforma electoral.
Lo anterior ocasionó la respuesta del líder Alejandro Moreno, quien calificó a MC como un títere de Morena.
La GN llega a más de 105 mil elementos de fuerza operativa
En cumplimiento al Plan Nacional de Paz y Seguridad 2018-2024 del Gobierno de México, la Guardia Nacional (GN) tiene ya más de 105 mil elementos operativos desplegados en el país, destacó el comandante Luis Rodríguez Bucio en la conferencia de prensa del presidente Andrés Manuel López Obrador, de acuerdo con un boletín de prensa.
Defiende AMLO al Ejército por caso Ayotzinapa; asegura que sí brinda información “relevante”
El presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, aseguró que el Ejército mexicano sí ha brindado información “relevante” que apoya en las investigaciones de la desaparición de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa, en Iguala en septiembre de 2014.
Durante la conferencia de prensa matutina de este martes, al presidente se le comentó de la conferencia de prensa de los abogados de integrantes del Ejército supuestamente relacionados con el caso. Además se le cuestionó si los militares estaban tomando acciones contrarias a las órdenes emitidas por el Ejecutivo.
López Obrador aseguró que “son campañas de desprestigio” contra el Ejército y del gobierno que representa, además de descalificar a las administraciones anteriores y afirmar que sí se brinda información.
“Esto de que el Ejército no da información, no es cierto. El Ejército está ayudando en todo”, respondió López Obrador ante el cuestionamiento sobre el caso Ayotzinapa.
Agregó que desde su perspectiva, tanto el secretario de la Defensa Nacional, Luis Cresencio Sandoval, como el secretario de Marina, José Rafael Ojeda, son servidores públicos “íntegros, honestos, leales”.
Afirmó que una de las razones por las que se agravó el caso de la desaparición de los estudiantes fue por el ocultamiento de información y que se buscaba que la presente administración fracasara en su objetivo de resolver lo sucedido.
“Y querían ahora que nosotros fracasáramos y pensaron que íbamos a ocultar también las cosas. Pues no, porque todos los implicados, servidores públicos, todos, de acuerdo al informe, tienen orden de aprehensión o ya están detenidos” mencionó el presidente.
Recalcó que en la investigación continuará, además de que no existirá impunidad en el caso. Reiteró que en la presente administración se ha buscado dar un cambio en las instituciones gubernamentales.
“Pensaban que iba a ser lo mismo de antes y estaban algunos muy campantes pensando que no iba a haber problema porque tenían sus representantes en las instituciones, que los iban a encubrir o que los estaban protegiendo. Entonces cambió todo, no lo esperaban y por eso es el desconcierto” expresó López Obrador.
En reiteradas oportunidades, el abogado y representante legal de los padres de familia de los 43 estudiantes desaparecidos, Vidulfo Rosales, ha catalogado a la Secretaría de la Defensa Nacional y a la Secretaría de la Marina como instituciones que se han negado a brindar información relevante para aclarar el caso.
Militares presos por el caso de los 43 acusan a Alejandro Encinas de presentar pruebas falsas
Los militares presos por su presunta responsabilidad en la desaparición de los 43 normalistas denunciaron ante la Fiscalía General de la República (FGR) al subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas Rodríguez, y a quien resulte responsable por la presentación de pruebas falsas para incriminar, dijeron, al Ejército, y poner en riesgo la investigación con la creación de una red de complicidad.
Pidieron también la renuncia de Encinas como titular de Comisión Presidencial para la Verdad y acceso a la Justicia en el caso Ayotzinapa (Covaj).
“En su intento de obtener resultados rápidos y visibles, el subsecretario Encinas hizo a un lado a sus colaboradores, presentando a sus espaldas un informe falto de rigor, elaborado con evidencia cuestionable –por no decir abiertamente falsificada– y puso en peligro el futuro de la investigación y las esperanzas de justicia de los familiares de los estudiantes y la confianza de la sociedad”, afirmaron los abogados del general José Rodríguez Pérez, ex jefe del 27 Batallón de Iguala; el capitán José Martínez Crespo; el subteniente Fabián Alejandro Pirita Ochoa y el soldado de infantería, Eduardo Mota Esquivel.
En rueda de prensa, los abogados Alejandro Robledo y César Omar González acusaron a Encinas de no respetar la ley, las instituciones, a las víctimas y al pueblo de México.
Aunque dijeron que la denuncia “por la fabricación y el uso de evidencias falsas en la emisión del informe oficial de la Comisión de la Verdad y en las indagatorias y procesos que se están ventilando”, es contra quien resulte responsable, los litigantes se centraron en Encinas.
Se basaron en el informe que presentó el 18 de agosto como presidente de la Covaj y que incluía 467 capturas de pantalla de presuntas conversaciones que incriminaban a militares y que, sin embargo, el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), que asesora en la investigación, dijo desconocer, y finalmente el 31 de octubre descartó su autenticidad.
“La Comisión, mientras sea presidida por Encinas, no tiene como objetivo ni la verdad ni la justicia. En su afán irresponsable por producir resultados, e incriminar al Ejército por tener algo que mostrar ante la prensa y la sociedad, el subsecretario ha caído en los mismos vicios que tanto criticó a quienes le precedieron en la investigación”, señalaron los abogados.
Aunque el propio GIEI aseguró que la falsedad de las pruebas no altera las 83 órdenes de aprehensión dictadas por el juez Enrique Beltrán Santés el 23 de septiembre pasado, y que incluyen las de los militares, ya que fueron emitidas con base no en el expediente de la Covaj sino en el de la Unidad Especial de Investigación y Litigación para el Caso Ayotzinapa, los abogados de los cuatro detenidos afirmaron que se ha viciado el proceso.
En un mensaje leído, recordaron que el 18 de agosto, en la presentación del informe de la Covaj, Encinas afirmó que existe evidencia irrefutable que acredita la participación de los miembros del Ejército y que lo volvió a repetir en la mañanera del 26 de septiembre de 2022.
“Estas afirmaciones son falsas. Lo más grave es que evidencian la politización de un caso profundamente doloroso para México y acreditan la perversión del derecho penal con fines ideológicos que atentan contra la verdad y manchan el buen nombre del Ejército mexicano”, aseguraron.
Los abogados negaron la participación de los cuatro militares y aseguraron que con las pruebas presentadas por Encinas se buscaba corromper el debido proceso y la presunción de inocencia de sus defendidos.
En su escrito, la defensa de los militares recriminó la manera como se han llevado a cabo las investigaciones.
“Transcurrieron casi cuatro años desde estas promesas, y todas ellas fueron vanas quimeras convertidas en mentiras que hoy día enfrentan al pueblo de México no con una ‘verdad histórica’, sino con una versión perversa que mancha el prestigio de las fuerzas armadas”, acusaron.
Anuncian víctimas de la guerra sucia de El Quemado huelga de hambre en Palacio Nacional
Familiares de víctimas y sobrevivientes de la represión durante la guerra sucia en Guerrero acordaron instalarse en huelga de hambre este miércoles afuera de Palacio Nacional en la Ciudad de México, para entregar un documento al presidente Andrés Manuel López Obrador en el que explican que la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) no hace la reparación del daño con base en estándares internacionales.
Los organismos de defensa de derechos humanos recomiendan, entro otras cosas, que se indemnice a las víctimas, y se les den servicios de salud, educación y vivienda de calidad ante casos de graves violaciones a los derechos humanos, como ocurrió durante la irrupción militar de las décadas de 1960 y 1970 en Guerrero.
Encabezados por la Comisión de Agraviados de El Quemado, municipio de Atoyac, Francisco Vargas Vinalay, Victoriano Flores de la Cruz, Saúl Martínez Palacios, Justino Fierro Hernández y Benito Martínez Jiménez, entregarán el documento dirigido al presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador y al subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas Rodríguez.
En el documento reprochan que las medidas adoptadas por la CEAV para la reparación del daño, “no corresponden con los más altos estándares en la materia” mismos que se establecieron en la resolución CEAV/CIE/0448/2018, del 11 de febrero del 2019, mediante la cual se resolvió sobre las reparaciones del daño procedentes para el caso de los agraviados por la guerra sucia, en el caso de El Quemado.
Recuerdan que el 11 de febrero de 2019 la CEAV emitió la Resolución CEAV/CIE/0448/2018, mediante la cual se resolvió sobre las reparaciones del daño procedentes para el caso de los agraviados por la guerra sucia, en el caso de El Quemado, entre las que están “víctimas totales”, las que tiene el Registro Nacional de Victimas (RENAVI) y los 24 sentenciados a 30 años.
En la resolución, se determinaron las medidas de reparación de lo que debe contener el Plan de Colectivo de Reparación Integral donde considera a detalle y apegado a la jurisprudencia internacional las normativas que regirán las medidas de satisfacción, compensación, restitución, no repetición y rehabilitación.
Refieren que el anuncio se hizo en un evento público realizado ese 11 de febrero en Atoyac de Álvarez en presencia del gobernador del estado y dos visitadores de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y en el cual se hizo énfasis que se iniciaría por la comunidad de El Quemado.
Sin embargo, reprochan que a pesar de las medidas adoptadas, las personas suscritas “estimamos que las antedichas medidas no se corresponden con los más altos estándares en la materia, sobre todo los disponibles en reparaciones del daño aplicables al caso que nos ocupa, a saber, el del patrón sistemático y generalizado de violaciones de derechos humanos ocurridos en el marco de la llamada Guerra Sucia de entre los años 60 y 70 del siglo pasado, que incluyeron hechos constitutivos de tortura, detenciones arbitrarias, ejecuciones arbitrarias y desapariciones forzadas de personas, cometidas por agentes del Estado mexicano, como consta en nutridas fuentes públicas y académicas”.
Consideran que para cumplir con la resolución se requiere de las instituciones encargadas del procesamiento y atención de las reparaciones para el caso, adopten en todo momento un criterio basado en los más altos estándares constitucionales e interamericanos disponibles.
Además que la reparación para los familiares de víctimas de violaciones de derechos humanos durante la llamada guerra sucia “debe ser digna, justa, proporcional al daño e integral, así como atender a la gravedad de los hechos y de la profundización del daño por motivo de las décadas de impunidad, re victimización y abandono que vivimos de manos del Estado Mexicano”.
Asimismo, que los planes de reparación integral que en su caso se adopten a favor de las víctimas en lo individual y familiar considerarán las circunstancias del caso para determinar la procedencia y viabilidad de las medidas restitutivas que correspondan, en términos de lo previsto en el artículo 61 de la Ley General de Víctimas.
También, que las medidas de rehabilitación a que se refiere el artículo 62 de la Ley General de Víctimas deberán ser garantizadas por las instituciones públicas competentes hasta en tanto la víctima se encuentre plenamente rehabilitada o en las máximas condiciones de funcionalidad posibles, dando prioridad en todo momento a niñas, niños, adolescentes y personas adultas mayores, considerando su mayor exposición.
Proponen que en los casos en los cuales las medidas de rehabilitación médica, psicológica y psiquiátrica a favor de víctimas directas a las que se refiere el artículo 62 fracción I de la Ley General de Víctimas no puedan ser brindados por instituciones públicas gratuitas, la CEAV cubrirá la totalidad de los costos resultantes de su realización hasta que la víctima recupere la funcionalidad del órgano, miembro, función o facultad que hubiera sido impactada por el daño.
Demandan que la CEAV y demás instituciones, garanticen el derecho de víctimas directas e indirectas a recibir rehabilitación.
Piden que de la CEAV la adopción de planes de reparación integral que, a la luz de los principios de proporcionalidad y dignidad, así como en apego a los más altos estándares vinculantes en la materia y contexto “que nos ocupan”, incorporen medidas de compensación conformes a los estándares de referencia y, en su caso, complementarias para garantizar su ajuste a dichos estándares, en los términos de los artículos 64 y 65 de la Ley General de Víctimas, así como de acuerdo a las criterios de cuantificación”.
En el documento que entregarán al presidente López Obrador y al subsecretario Encinas detallan por aparte los conceptos de reparación y los criterios de cuantificación.
Y a la CEAV que los montos a cubrir por concepto de compensación sean efectuados en el equivalente en moneda nacional, utilizando para el cálculo respectivo el tipo de cambio que se encuentre vigente en la bolsa de Nueva York, Estados Unidos de América, el día anterior al pago.
“Se solicita a CEAV que cubra la compensación de manera íntegra, en una sola exhibición, preferentemente mediante depósito a cuenta bancaria a nombre de la persona beneficiaria, de conformidad con las Reglas Operativas del FAARI y de acuerdo a las modalidades que dichas Reglas establezcan”, se establece en el documento.
En su documento se quejan que han visto “cerrazón y la falta de interlocución” y que, incluso, el 6 de julio se realizó un bloqueo de carretera en la región.
“Con ello se logró que la CEAV se comprometiera a asistir a la comunidad cada día 20 del mes a dar seguimiento a los acuerdos; llegaron en septiembre y agosto pero no dieron soluciones y a partir de aquí se volvió a perder el contacto”.
Recuerdan que después realizaron una marcha el 4 de septiembre y un homenaje el 5 de septiembre en El Quemado para los fallecidos.
“Por todo ello, ante la falta de interlocución y el incumplimiento de compromisos, hemos optado por iniciar una huelga de hambre en el Palacio Nacional como última posibilidad de que nos escuchen; esta forma de lucha fue un aprendizaje que tuvimos en la cárcel injusta. Esperamos que el compañero presidente retome el tema de la guerra sucia, que la SHCP tenga sensibilidad y no solo amase el presupuesto, que la SEGOB asuma los compromisos e instruya a la CEAV, que la CNDH retome su recomendación histórica sobre el punto y, que se le den todas las facilidades a la Comisión de la Verdad para que asuma su papel tal como fue mandatada”, reclaman en el texto.
En el documento también anexan un recuento de las acciones de represión que comenzaron con la masacre del 18 de mayo de 1967 en Atoyac.
Texto: Rosalba Ramírez García, Juan Luis Altamirano Uruñuela, Agencia Reforma y Redacción / Foto: Jesús Eduardo Guerrero
