Acapulco, Guerrero, a 18 de febrero de 2026.- El preso político del Consejo de Ejidos y Comunidades Opositoras a la Presa La Parota (Cecop), Maximino Solís Valeriano, fue sentenciado a 60 años de prisión por el delito de homicidio ocurrido el 15 de noviembre de 2014 en la comunidad de La Concepción, en los Bienes Comunales de Cacahuatepec, informó el abogado del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, Rogelio Téliz García, y calificó la resolución judicial de “parcial y tendenciosa”.
Vía telefónica, afirmó ayer que la resolución dictada el 5 de febrero “se da en un contexto de criminalización” hacia la organización campesina e informó que ya presentaron el recurso de apelación y recurrirán a organismos internacionales de derechos humanos.
Dijo que “el Estado poco a poco está pretendiendo acabar con el movimiento del Cecop, ya ha logrado desaparecer a las piezas importantes” con el asesinato de su vocero Marco Antonio Suástegui Muñoz el 25 de abril pasado y la desaparición de su hermano Vicente Iván en 2021.
Indicó que el caso de Maximino Solís es conocido por el presidente del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), Ricardo Salinas Sandoval, a quien se le pidió que lo revisara “con lupa porque se da en un contexto de criminalización hacia el Cecop, hay presos, hay desaparecidos, hay muertos y hay órdenes (de aprehensión) por ejecutarse”.
Pidió que la apelación “se resuelva conforme a derecho, están las pruebas ahí, no estamos pidiendo favores del Tribunal, está el cúmulo de pruebas ofrecidas que demuestran que Maximino no participó y además la Fiscalía (General del Estado) no pudo acreditar la versión original de los hechos”.
Relató que el 5 de febrero pasado el juez del Juzgado Segundo Penal de Acapulco, Leoncio Molina Mercado, le dictó sentencia a Maximino Solís, actualmente de 75 años de edad y con problemas de salud, detenido desde el 7 de enero de 2018 en el penal de Las Cruces tras los hechos violentos de La Concepción de ese día, pero sentenciado por un crimen de 2014.
El abogado de Tlachinollan recordó que el 17 de junio de 2014, el entonces vocero del Cecop, Marco Antonio Suástegui Muñoz, fue detenido por protestar contra la gravillera Kimbar, propiedad de Humberto Marín Molina, ubicada en la comunidad de Parotillas, y fue trasladado al penal de alta seguridad de Tepic, Nayarit.
A raíz de la detención de Marco Antonio Suástegui, los campesinos del Cecop instalaron un plantón en La Concepción, colindante con Parotillas, “con la finalidad de impedir que el empresario gravillero que metió a la cárcel a Marco, Humberto Marín Molina, pasara con sus camiones”.
El 15 de noviembre de 2014, Andrés Palma Casarrubias, alias El Paletas, y Pedro Bailón Dorantes, ambos trabajadores de Marín Molina; y la esposa de Pedro Bailón, Elia Zamora, y su hija María Guadalupe, llegaron en una camioneta al plantón.
Atrás de ellos iba otro grupo de personas en otra camioneta “y empezaron a accionar sus armas en contra de la gente que estaba realizando el paro”.
Los policías comunitarios de Cacahuatepec repelieron la agresión y murieron Palma Casarrubias y Bailón Dorantes, mientras que Elia Zamora y María Guadalupe salieron lesionadas. Del Cecop, falleció Celerino García Hernández y “dejaron mal herido” a Salomón Hernández.
Ambas partes intentaron denunciar los hechos violentos, pero el Cecop no pudo porque la FGE “recibe primero a aquellos y ya había un riesgo inminente de ser detenidos los compañeros al momento de ir a presentar su denuncia, entonces no se denuncia”.
El 7 de enero de 2018 ocurrieron los enfrentamientos en La Concepción que dejaron un saldo de 11 muertos y 38 integrantes del Cecop detenidos, entre ellos los hermanos Suástegui Muñoz y Maximino Solís.
Fue dentro de la cárcel que Maximino Solís fue notificado de una orden de aprehensión de 2015 derivada de los hechos del 15 de noviembre de 2014.
La defensa del comunero argumenta que ese día no estuvo en La Concepción porque del 14 al 16 de noviembre se había ido, junto con otros nueve compañeros, a recibir capacitación en la Casa de Justicia de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias-Policía Comunitaria (CRAC-PC) en San Luis Acatlán, en razón de que en enero de 2014 fue elegido por una asamblea de esa comunidad para ser policía comunitario.
Los coordinadores de la CRAC-PC y testigos declararon en el juicio que Maximino Solís estaba en San Luis Acatlán y Tlachinollan también presentó actas de asamblea, “pero el juez no los tomó en cuenta, el juez solamente dijo ‘no, hay un señalamiento directo en tu contra y por lo tanto tú eres responsable de ese delito’”, criticó Téliz García.
Además, el juez Molina Mercado desdeñó a la CRAC diciendo que “no es una institución legalmente reconocida y por lo tanto no puede dar capacitación. ¡¿Cómo crees?!, es una opinión muy retrógrada”.
El abogado de Tlachinollan agregó que la carpeta de investigación contra Maximino Solís contiene además “una serie de irregularidades”, la primera es que la escena del crimen fue “alterada porque la Fiscalía cuando llegó ya no estaban los muertos, ya no estaban las camionetas, no había algún casquillo de las balas que según utilizaron a estas personas”.
La segunda irregularidad es que las agraviadas directas “dicen que en el plantón había más de 60 personas con armas y con palos y que aproximadamente entre 40 y 50 personas accionaron sus armas en contra de ellos y lógicamente uno de ellos, Maximino, se acercó donde iba el piloto y accionó su arma. No dice qué tipo de arma, no dice cuántos disparos le hizo”.
Sin embargo, puntualizó el abogado de Tlachinollan, “cuando se hace una recapitulación, tanto de la necropsia a uno de ellos, presenta tres impactos de bala; otro presenta cuatro impactos de bala; las agraviadas con sus lesiones da un total de ocho o nueve lesiones por todas. Si dicen que 40 personas accionaron sus armas, es ilógico que no presenten 40 disparos, si todos dicen que rodearon”.
La tercera irregularidad es que una versión decía que Pedro Bailón estaba manejando y de copiloto estaba su hijastra, pero unas fotos exhibidas por Elia Zamora demuestran que Pedro iba adelante del vehículo junto con Andrés Palma.
La cuarta irregularidad proviene de un peritaje de balística forense en el que el perito encontró dos orificios de la camioneta a la que supuestamente Maximino Solís se acercó y disparó, uno en la puerta y otro en el retrovisor; su conclusión fue “que esos daños y esos disparos fueron ocasionados cuando los vehículos iban en movimiento, entonces hay dudas sobre la escena del crimen, cómo realmente sucedió”.
El abogado de Tlachinollan sostuvo que “el juez debió valorar esta situación y al tener duda de cómo sucedieron realmente los hechos, su obligación era, de acuerdo con la ley, absolver a Maximino y no lo hizo, no tomó en cuenta estas cosas”.
El 29 de enero del año en curso se llevó a cabo la audiencia de vista y después debió haber un periodo de 15 días para que el juez dictara sentencia, “en los casos que nosotros hemos llevado, los jueces tardan hasta un mes o mes y medio para dictar sentencia; analizan el expediente y hacen la valoración correspondiente”.
Pero Molina Mercado dictó la sentencia en cinco días, señaló Téliz García, “y una vez que revisamos la sentencia lógicamente nos encontramos que la misma es de manera parcial y tendenciosa hacia el agraviado, hacia la víctima, porque se basa justamente en tomar en cuenta las declaraciones de las personas que señalan a Maximino”.
Dos presos más podrían ser condenados, alerta
El abogado de Tlachinollan informó que el juicio contra los otros dos presos políticos del Cecop, Rodrigo León Jacinto y Modesto León Jacinto, está en la etapa final, pero “nos preocupa esta tendencia porque es el mismo juez (Leoncio Molina Mercado), se da en un mismo contexto, es gente del Cecop, es gente que defiende la tierra y el agua, es gente que ha estado participando activamente y seguramente el juez va a ir en una situación de también quererlos condenar”.
Rodrigo y Modesto León Jacinto fueron detenidos en diciembre de 2022 por una orden de aprehensión de 2013, son acusados por un vecino suyo de Huamuchitos de que asesinaron a uno de sus hijos, pero ellos eran policías comunitarios activos en la Casa de Justicia de El Paraíso, Ayutla, donde resguardaban la asamblea y a los presos de la organización indígena, entonces no estaban en la localidad donde ocurrió el hecho del que se les acusa, indicó Téliz García.
Ramón Gracida Gómez
