La Auditoría Superior de la Federación concluye que el Ayuntamiento infringió disposiciones normativas al adjudicar contratos a empresas de reciente creación que no garantizaban tener la capacidad financiera ni la experiencia para rehabilitar luminarias. Son señalamientos preliminares que se aclararán en el plazo establecido, reacciona la alcaldesa Abelina López
Chilpancingo y Acapulco, Guerrero, 18 de febrero de 2026. La Auditoría Superior de la Federación (ASF) detectó una serie de irregularidades en la Cuenta Pública 2024 del municipio de Acapulco, las cuales en ascienden a un un monto pendiente por aclarar de 206 millones 217 mil 857 pesos, equivalente al 15.3 por ciento del total auditado.
La ASF aplicó al municipio de Acapulco, gobernado por la morenista Abelina López Rodríguez, la Auditoría de Cumplimiento número 1084 a presupuesto de Participaciones Federales, que corresponde al Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (Fortamun) y al Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (Faismun), por un universo de mil 348 millones 595 mil 300 pesos.
Derivado de esa auditoría la ASF concluyó que “el municipio de Acapulco de Juárez no realizó una gestión eficiente de los recursos del Gasto Federalizado, incluidas las Participaciones Federales de la Cuenta Pública 2024”.
La ASF explicó en su dictamen que en el manejo del gasto público, el municipio infringió disposiciones normativas, principalmente la Ley General de Contabilidad Gubernamental y la Ley General de Responsabilidades Administrativas, lo que derivó en observaciones y procedimientos administrativos.
Las irregularidades detectadas por la ASF derivaron en dos solicitudes de aclaración, dos pliegos de observaciones y cinco promociones de responsabilidad administrativa, procedimientos a los que tendrá que responder al ayuntamiento de Acapulco.
En el rubro de servicios personales, se identificaron pagos por encima del tabulador autorizado, sin sustento normativo, en sueldos, compensaciones y bonos conmemorativos. El monto inicialmente observado fue de 58.45 millones de pesos; tras solventaciones parciales, permanecen pendientes por justificar 20.02 millones, lo que derivó en dos Solicitudes de Aclaración.
En adquisiciones, arrendamientos y servicios se revisaron nueve contratos por alrededor de 141.2 millones de pesos. En siete casos no se acreditó acta de entrega–recepción, entrada a almacén, evidencia de funcionamiento, resguardos ni inventarios. La ASF indicó en este apartado “un posible daño a la Hacienda Pública Federal por 127 millones 668 mil 501.41 pesos”.
En obra pública se analizaron 13 contratos por 66 millones de pesos. La auditoría identificó trabajos con tiempos de ejecución muy reducidos, facturación anticipada, ausencia de pruebas de laboratorio, bitácoras inconsistentes y proyectos sin evidencia de funcionamiento. En este bloque se determinó un daño al presupuesto adicional por 58 millones 532 mil 119.10 pesos.
La ASF también detectó la existencia de vínculos entre empresas participantes y ganadoras en procedimientos de contratación, lo que derivó en cinco Promociones de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria tanto para servidores públicos como para particulares.
De acuerdo con el informe algunos de los contratos fueron adjudicados “a empresas de reciente creación, por lo que no se aseguró que éstas tuvieran la capacidad financiera ni la experiencia necesaria para realizar la rehabilitación de luminarias en cobertura municipal, la rehabilitación de luminarias en varias colonias y la rehabilitación del drenaje sanitario en la calle Ricardo Flores Magón, Col. Los Lirios, por lo que no se consideraron las mejores condiciones para el municipio en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás condiciones pertinentes”.
El informe establece posibles violaciones a la Ley General de Contabilidad Gubernamental, a la Ley General de Responsabilidades Administrativas y al artículo 134 constitucional, relativo al uso eficiente, eficaz y honesto de los recursos públicos.
En sus conclusiones, la ASF determinó que 206 millones 217 mil 857 pesos están pendientes por aclarar, y que de 12 resultados, en tres no se detectaron irregularidades, y tres fueron solventados por la entidad fiscalizada antes de la emisión del informe.
Mientras que los seis restantes generaron las dos solicitudes de aclaración, cinco promociones de responsabilidad administrativa sancionatoria y dos Pliegos de observaciones.
“Los resultados, observaciones y acciones contenidos en el presente informe de auditoría se comunicarán a la entidad fiscalizada, en términos de los artículos 79 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 39 de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, para que en un plazo de 30 días hábiles presente la información y realice las consideraciones que estime pertinentes”, agrega el documento.
Esta sería la segunda observación que le hacen a las Cuentas Públicas del gobierno de López Rodríguez, ya que de acuerdo con otro informe de la Auditoría Superior del Estado (ASE), en la Cuenta Pública 2023 no comprobó 898 millones de pesos.
Aclarará las observaciones de la ASF a la Cuenta Pública de 2024: Ayuntamiento
El Ayuntamiento de Acapulco, que preside la alcaldesa Abelina López Rodríguez, informó que las observaciones de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), por un monto de 206 millones 217 mil pesos a la Cuenta Pública 2024, son señalamientos preliminares que serán atendidos en el plazo.
Este martes por la tarde la alcaldía emitió un comunicado de prensa, luego de que la ASF informó el resultado de la auditoría al monto de mil 348 millones 595 mil pesos de recursos federales destinados al municipio de Acapulco, y determinó que “no realizó una gestión eficiente de los recursos del gasto federalizado, incluidas las participaciones federales de la Cuenta Pública 2024”.
Detalló: “El municipio infringió la normativa, principalmente de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, lo que generó un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un importe de 206 millones 217.8 miles de pesos, que representó el 15.3 por ciento de la muestra auditada; las observaciones determinadas derivaron en la promoción de las acciones correspondientes”.
El gobierno municipal informó que la revisión correspondiente a la Cuenta Pública 2024 es parte del ejercicio ordinario de fiscalización que se aplica a todos los municipios del país que ejercen recursos federales.
Precisó que “las auditorías forman parte del mecanismo institucional de rendición de cuentas previsto en la ley. Las observaciones emitidas por la autoridad fiscalizadora corresponden a señalamientos preliminares que deben ser atendidos dentro de los plazos establecidos, mediante la presentación de la información y documentación correspondiente”.
Agregó que las observaciones que hizo la Auditoría Federal “no constituyen una determinación de responsabilidad ni representan una resolución definitiva. Se trata de una etapa del proceso de revisión cuyo propósito es garantizar la transparencia administrativa y la correcta comprobación del ejercicio del gasto público”.
“No existe resolución firme que determine responsabilidad administrativa o daño patrimonial; será el propio proceso institucional el que permita concluir, con base en hechos y documentación, la correcta aplicación de los recursos públicos”. Aseguró que el gobierno de Acapulco reitera el compromiso con la transparencia, la legalidad y la rendición de cuentas.
Sostuvo que la fiscalización fortalece a las instituciones y contribuye a la confianza ciudadana. Por ello, este gobierno mantiene una postura de respeto institucional, apertura y colaboración permanente con las autoridades competentes.
Recordó que en los ejercicios 2022 y 2023, dentro del proceso de solventación, tal como ocurre actualmente en la revisión del 2024, el Ayuntamiento “atendió las observaciones formuladas por la ASF dentro de los plazos otorgados, quedando dichos ejercicios actualmente sin observaciones pendientes”.
Aseguró que ese antecedente de 2022-2023 refleja la capacidad institucional y el compromiso del gobierno con el cumplimiento normativo y atendiendo cada requerimiento conforme al marco legal vigente.
José Miguel Sánchez y Redacción/ Foto: Archivo
