Jan Jarab, representante de la Oficina en México del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, reconoció en el movimiento de las madres de desaparecidos como uno de los más esperanzadores “en el complejo México de hoy”.
Texto: César Daniel Martínez Cisneros / Agencia Reforma / EFE / Foto: Archivo El Sur-Lenin Ocampo Torres
Ciudad de México, 30 de agosto de 2018. Al conmemorar el Día Internacional de las Víctimas de Desaparición Forzada, organismos nacionales e internacionales consideraron que el próximo gobierno de Andrés Manuel López Obrador tiene una oportunidad histórica para combatir contundentemente ese delito.
“La falta de una respuesta adecuada a este flagelo parecerÌa implicar que existe una actitud indiferente ante el sufrimiento y dolor de las víctimas y sus familias”, lamentó el primer visitador de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Ismael Eslava, junto a familiares de desaparecidos, en un acto en la Glorieta de Cuauhtémoc.
Por lo que consideró que el reto es materializar el contenido de la Ley General sobre Desapariciones, para lo cual, dijo, se requiere voluntad política.
La CNDH señaló que las autoridades encargadas de la aplicación de la norma están “en deuda con la sociedad”, dado que no se han cumplido a cabalidad los términos y fechas de aplicación.
Como ejemplo, el organismo mencionó que la mayoría de gobiernos estatales tienen pendiente conformar las comisiones locales de búsqueda, así como las fiscalías especializadas para investigar las desapariciones forzadas o cometidas por particulares.
“La sola expedición de la ley en la materia no resuelve el problema”, recalcó la Comisión.
La CNDH insistió en que la mayoría de casos de desaparición permanecen impunes, y que cada uno de ellos debe ser investigado “de manera exhaustiva y pertinente”.
Además, señaló que el acceso a la justicia y el derecho a la verdad son compatibles con la reconciliación propuesta por López Obrador, quien asumirá la Presidencia el 1 de diciembre y ha abierto foros para conocer la opinión de víctimas y expertos para así dibujar el plan de pacificación del país.
El organismo abogó por impulsar “un modelo de justicia transicional en que no haya impunidad y el derecho a la verdad y la justicia ocupen un lugar preponderante”.
“Las víctimas han esperado mucho tiempo y demandan respuestas concretas, y en ello deben colaborar la sociedad y los tres niveles de Gobierno”, apuntó.
En tanto, Jan Jarab, representante de la Oficina en México del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH), reconoció en el movimiento de las madres de desaparecidos como uno de los más esperanzadores “en el complejo México de hoy”.
“Hoy tenemos que juntar fuerzas de nuevo para influir en las nuevas autoridades, a nivel federal, a nivel estatal, para que verdaderamente se cumpla esta ley”, expresó.
Mientras que Chasel Colorado, de Amnistía Internacional, consideró que López Obrador puede cambiar el dolor de las familiar en procesos de verdad, justicia y reparación.
“Vivimos un momento histórico, donde la implementación de la ley general sobre desaparición mantiene la esperanza de todas estas familias de encontrar a su seres queridos con vida”, dijo.
“Para Amnistía Internacional la voluntad de las autoridades deberá verse reflejada en la consolidación de una Comisión Nacional de Búsqueda con autonomía e independencia y recursos humanos y financieros suficientes”.
Con motivo del Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas, Amnistía Internacional también emitió un comunicado en el que refirió que el país, que acumula más de 37 mil desaparecidos, tiene “la oportunidad de cambiar la historia de impunidad hasta ahora escrita” para obtener la verdad y justicia.
“Vivimos un momento histórico, en el que la implementación efectiva de la Ley General sobre Desaparición mantiene la esperanza de acabar con este flagelo”, señaló la directora de Amnistía en México, Tania Reneaum.
Es el momento “de dar un papel central a las familias y garantizar que su voz sea escuchada en la implementación de la ley”, aprobada en 2017 tras dos años de debate, para crear políticas públicas que enfrenten el problema.
Y, de esta forma, agregó Reneaum, que se consolide una Comisión Nacional de Búsqueda de Personas que cuente con los recursos humanos y materiales suficientes para cumplir sus objetivos.
Reprochan a Peña y Calderón por desaparecidos
Texto: César Martínez / Agencia Reforma
Por su parte, el Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México reprochó al ex presidente Felipe Calderón Hinojosa y al mandatario saliente Enrique Peña Nieto los más de 37 mil desaparecidos qué hay en México.
“Pasamos ya 6 años de terror e impunidad durante la guerra del gobierno de Calderón al narcotráfico, fuego contra fuego; ahora estamos a unos meses de que termine el sexenio de Peña y la situación es aún peor, las personas desaparecidas son más”, acusó Grace Fernández, integrante del Movimiento.
“Más allá de la justicia divida a la que no temen, pero que seguramente los alcanzará, las familias de personas desaparecidas nos encargaremos de que la historia recuerde que Felipe Calderón y Enrique Peña dejaron al país lleno de sangre y muerte”.
En la Glorieta de Cuitláhuac, donde el Movimiento, conformado por 55 colectivos de 18 estados diferentes y tres países centroamericanos, conmemora el Día Internacional de las Víctimas de Desaparición Forzada, exigieron al presidente electo Andrés Manuel López Obrador retirar al Ejército de las calles y abrogar la Ley de Seguridad Interior.
Las movilizaciones por este día se extendieron a otras partes del país como la ciudad de Puebla, a donde familiares de desaparecidos se manifestaron afuera de la Fiscalía General del Estado (FGE), donde se quejaron de un actuar lento de las autoridades, de extorsiones de servidores y de la falta de activación de protocolos para agilizar la búsqueda.
Se citaron casos como el de Ángel de Jesús González Castillo, de 20 años de edad, quien desapareció el 8 de marzo junto pasado junto con un amigo cuando viajaban a bordo de una camioneta.
María del Rosario Aguilar, madre de Marco Uriel Aguilar, lamentó que las autoridades no quisieron activar la alerta Amber por su desaparición debido a que por su estatura no aparenta los 14 añoos de edad que tiene.
Marco, relató, supuestamente conoció a su novia vía redes sociales y pidió dinero para ir a buscarla a Monterrey desde el 24 de agosto.
El personal de la FGE le pidió 10 mil pesos para hacer la búsqueda en Monterrey, por lo que pidió que las autoridades investiguen los hechos sin extorsionarla. (Con información de Norma Herrera)
