Ciudad de México, 8 de octubre de 2024. Un tribunal federal de Monterrey confirmó una suspensión que ordena detener la elección judicial prevista para junio de 2025, y que prohíbe al Consejo de la Judicatura Federal (CJF) entregar al Senado las listas con detalles sobre los puestos de jueces y magistrados.
El Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Cuarto Circuito declaró infundado hoy un recurso de queja contra la suspensión provisional concedida el 26 de septiembre por la jueza Primera de Distrito en Nuevo León, Andrea Alarcón Cortés.
Uno de los efectos de esa suspensión, es que el CJF no entregue al Senado el listado con la totalidad de las personas juzgadoras, indicando el circuito judicial, especialización por materia, género, vacancias, renuncias y retiros programados, ni la demás información que le sea solicitada.
En un oficio dirigido al Senado el 3 de octubre, la presidenta del CJF, Norma Piña, informó que el Pleno de ese órgano decidirá en su sesión de este miércoles las acciones relacionadas con el cumplimiento de la suspensión dictada en Monterrey, así como de otras otorgadas por jueces de varios estados, como parte de amparos que impugnan la reforma publicada el 15 de septiembre.
Si al menos cuatro de los siete Consejeros resuelven que deben acatar las suspensiones, no solo cesaría la colaboración con el Senado, sino que el CJF tampoco implementaría los planes para traspasar sus funciones a dos nuevos órganos creados por la reforma, que deben operar en septiembre de 2025.
La presidenta Claudia Sheinbaum afirmó este lunes que el Senado buscará la manera de acceder a la información sobre los puestos judiciales si el CJF no coopera, mientras que la Cámara alta realizará este sábado un sorteo para determinar los que serán sometidos a voto popular en 2025.
Si bien el directorio público del CJF tienen la información sobre los mil 651 puestos de jueces y magistrados, y cuáles están vacantes, otros datos no son públicos, en particular, los de retiros programados, renuncias en trámite y vacantes que se llenarían en breve con funcionarios que ya ganaron el concurso respectivo.
La elección de 2025 debe abarcar la mitad de los puestos, pero incluyendo todos los que estén vacantes.
El Instituto Nacional Electoral (INE), por su parte, solicitó al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación una medida de protección provisional para protegerlo de las suspensiones que le ordenan frenar el proceso para la elección, que ya está en curso.
El 3 de octubre, el Tribunal Colegiado del Trigésimo Segundo Circuito, en Colima, también confirmó una suspensión que ordena detener la elección, y además, aclaró que dicha medida debe tener efectos generales, no solo para una fundación que promovió el amparo.
En teoría, los amparos de los que derivan estas suspensiones son improcedentes por partida triple, porque impugnan una reforma a la Constitución, porque se refieren a materia electoral, y en el tema de las listas, porque cuestionan actos del CJF.
Texto y foto de archivo: Agencia Reforma
