Nazarín Vargas Armenta
Después de 296 días de organización, hoy damos inicio a una jornada electoral que marcará un parteaguas en la historia político-electoral de nuestro país. Por vez primera, en un solo día y bajo el esquema de casilla única, se habrán de desarrollar las elecciones para renovar al titular del Poder Ejecutivo, las Cámaras de Diputados y Senadores en el ámbito federal; y las elecciones de Ayuntamientos y diputados en casi la totalidad de los estados, y en nueve de ellos a los titulares del Poder Ejecutivo local. Por su parte, en Guerrero se elegirá la integración 80 de los 81 Ayuntamientos y la conformación del Congreso local.
Esta es la importancia histórica de la jornada electoral de este primero de julio, además de que con este ejercicio democrático se pondrá a prueba la verdadera fortaleza de la reforma político-electoral de 2014 que inauguró un nuevo modelo nacional de elecciones, diseñando un andamiaje de plena coordinación y cooperación, bajo el cual se ha desarrollado la organización de estas elecciones.
La evolución de nuestra joven democracia no podría entenderse sin un sistema de partidos fuerte y competitivo. En este proceso electoral local concurren 14 partidos, nueve nacionales y cinco locales, y lejos de describir este hecho como una obesidad, debemos concebirlo como el fortalecimiento de un derecho imprescindible de las y los ciudadanos: el derecho a la libre asociación. Por tanto, se debe considerar que tenemos un vigoroso y fortalecido sistema de partidos; 14 opciones políticas, de plataformas, programas y proyectos para elegir. Pero es importante destacar que derivado de la reforma constitucional al artículo 35 en 2012, estamos ante una figura más de participación política, pues se ha restablecido el derecho a que las y los ciudadanos puedan postularse a cargos de elección popular por la vía independiente. Con ello, después de 66 años se da fin al monopolio de los partidos en la postulación de candidaturas, y hoy compiten en este proceso siete candidatos independientes a Ayuntamientos y dos a diputaciones locales.
De igual forma, por primera vez desde hace casi ya más de un siglo, estamos frente al ejercicio de un derecho que revolucionará la vida social del estado y del país, es decir, las relaciones entre sociedad, política y gobierno. Me refiero al derecho de reelección en los cargos públicos de diputaciones locales y Ayuntamientos. En este contexto, 36 ciudadanas y ciudadanos están compitiendo por la reelección entre diputaciones, presidencias, sindicaturas y regidurías, quienes se someterán al escrutinio y evaluación social del ejercicio de sus cargos actuales.
Por otro lado, a lo largo de más de nueve meses desde que inició el proceso, el Instituto Electoral en coordinación plena con el Instituto Nacional Electoral hemos generado las condiciones técnicas, operativas y logísticas para la instalación de las 4 mil 950 casillas a lo largo de la geografía electoral de Guerrero, en las que participarán 44 mil 550 ciudadanas y ciudadanos como funcionarios propietarios y suplentes de las mesas directivas de casilla, en manos de quienes quedará la conducción de la etapa más trascendental del proceso, el desarrollo de la jornada electoral. Es así como hemos construido la estructura adecuada para que 2 millones 506 mil 912 ciudadanas y ciudadanos, que integran el 100 por ciento de la lista nominal de Guerrero, ejerzan su derecho al voto universal, libre, secreto y directo. De esta manera, los órganos electorales administrativos estamos cumpliendo con una de las principales responsabilidades y funciones: realizar elecciones libres, auténticas y periódicas.
En todo este contexto, es preciso destacar que no basta con la construcción técnica, operativa y logística para llevar al éxito a esta jornada electoral, porque resulta imprescindible que los candidatos, los partidos, los gobiernos en sus diferentes niveles, las asociaciones civiles, económicas y políticas circunscriban sus acciones en el marco jurídico que regula no sólo procesos electorales, sino también la conducta de todos los actores.
Resulta urgente evitar acciones que ponen en entredicho a la democracia, las cuales han generado esta falta de confianza social hacia el ejercicio de la política y partidos, hacia el ejercicio del poder público y reproduciendo también, un bajo nivel de confianza hacia las instituciones electorales. Y todo ello se ve reflejado en los niveles de participación que hemos venido teniendo en las elecciones.
Desterrar definitivamente las prácticas o intentos de compra, intimidación y coacción del voto es una necesidad imperiosa y un deber de todos quienes convivimos en sociedad, porque lucrar con las condiciones de marginación y pobreza que generan altísimas necesidades, hacen que la democracia parezca una simulación.
Como toda construcción social, la democracia requiere de perfeccionamiento constante, y en este sentido debemos desterrar la idea de que ésta termina en el momento del sufragio reduciéndola a una concepción meramente electoral y de transmisión pacífica de los poderes, porque no es sólo un sistema político, es una forma de vida que debe potencializar el desarrollo de la sociedad en todos los sentidos. Por tanto, debemos impulsar el paso de esta democracia representativa hacia una cada vez mayor participación social en los asuntos públicos, es decir, hacia la democracia participativa y construir gobiernos no sólo elegidos bajo principios democráticos, sino gobiernos verdaderamente democráticos en su ejercicio. En ello tienen mucho que ver los partidos y quienes obtengan el triunfo. Como primera muestra, deben ser responsables en cumplir con su plataforma electoral, con su programa de partido y con todas las propuestas de políticas y programas que han ofrecido para resolver los graves problemas que aquejan a Guerrero y generar los instrumentos que permitan al ciudadano tomar parte de los problemas y asuntos públicos. Y por el lado de las instituciones electorales, seguir construyendo y fortalecimiento una cada vez mejor calidad de ciudadanía e impulsar un dominante desarrollo de la cultura político-electoral la sociedad.
Todos estos problemas se traducen en retos que se deben asumir para mejorar nuestro sistema democrático y hoy esta jornada electoral es un excelente día para dar un ejemplo de que la conducta de todos los actores se basa en el respeto y cumplimiento al conjunto de leyes que rigen la actividad electoral.
Por tanto, es imprescindible atacar estos déficits democráticos. Para ello se debe empezar por elevar el nivel de participación en nuestras elecciones y recuperar la confianza social en las instituciones y en este día fundamental, en el diseño, desarrollo y resultados de este proceso electoral.
Todo lo anterior quiere decir que por sobre todo debemos privilegiar la equidad, respetar la decisión del pueblo y garantizar, a toda costa, el voto universal, libre, secreto y directo, no solo en el discurso retórico que continuamente escuchamos en este pleno, sino en la práctica, ahí en ese momento en que el electorado acude a ejercer uno de sus derechos más fundamentales.
En este contexto, hoy el proceso queda bajo la responsabilidad de las y los ciudadanos, porque en manos de ellos estará la conducción de la Jornada Electoral, que es la etapa más álgida, intensa y determinante de todo proceso electoral y, donde la sociedad, a través del sufragio, comenzará a diseñar el futuro de la vida pública para los próximos años.
