Chilpancingo, Guerrero, 3 de agosto de 2026. Un total de 113 organizaciones sociales, colectivos, académicos y defensores sociales, se pronunciaron por la libertad del promotor del Consejo Indígena y Popular de Guerrero Emiliano Zapata (Cipog-EZ), Jesús Plácido Galindo, y convocaron a movilizarse este 7 de agosto a las 11 de la mañana en el penal de alta Seguridad número 1 de Almoloya, Estado de México, y si no se puede acudir, a protestar en las diversas ciudades del país.
En su pronunciamiento difundido el sábado, los representantes de distintos grupos sociales y personalidades manifiestan su “profunda preocupación” y “enérgico rechazo por la detención del compañero Jesús Plácido Galindo”, pues denuncian que su encarcelamiento, “constituye un grave ataque contra quienes defienden los derechos de los pueblos indígenas y un nuevo episodio en la criminalización que enfrentan las comunidades organizadas que luchan por la vida, el territorio y la libre determinación en México”.
Quienes abalan el documento reseñan las distintas violaciones a los derechos humanos que se cometieron en contra de Plácido Galindo a partir de su detención ocurrida cuando se trasladaba a Acapulco, “para atender una supuesta reunión de emergencia convocada por Francisco Rodríguez Cisneros, subsecretario de Desarrollo Político y Social del Gobierno”.
Consideran que la detención del dirigente indígena, “resulta preocupante porque formaba parte desde el 4 de enero de 2021 del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, debido al alto riesgo derivado de su labor como defensor comunitario”.
Agregan que las instituciones del Estado, lejos de garantizar su seguridad, participaron en un operativo “desproporcionado” durante el cual fue destruido el botón de pánico que le había sido asignado como medida de protección.
Refieren que posteriormente fue incomunicado y sus familiares desconocieron su paradero más de 30 horas, “situación que constituyó una desaparición de facto y generó una profunda preocupación por su integridad”.
Denuncian que Jesús Plácido Galindo fue trasladado en helicóptero al penal de máxima seguridad del Altiplano, Estado de México, donde permanece privado de su libertad, pese a que el delito que se le imputa corresponde al fuero común.
“Estos hechos no pueden entenderse como un acontecimiento aislado. Forman parte de un contexto de violencia sistemática, hostigamiento y criminalización contra el Cipog-EZ y las comunidades que lo integran, las cuales durante años han denunciado la presencia y actuación del grupo narcoparamilitar conocido como Los Ardillos, así como las redes de protección política e institucional que han permitido su operación en distintas regiones de Guerrero”.
Las agrupaciones firmantes dicen que las denuncias del propio Cipog-EZ y diversos trabajos periodísticos han documentado presuntos vínculos entre integrantes de dicha organización criminal y actores políticos de la región. “Entre ellos, se ha señalado que Celso Ortega Jiménez, identificado como uno de los dirigentes de Los Ardillos, es hermano de Bernardo Ortega Jiménez, dirigente regional del Partido de la Revolución Democrática (PRD); de Jorge Iván Ortega Jiménez, diputado local; y cuñado de Mercedes Carballo Chino, presidenta municipal de Chilapa”.
Una campaña de estigmatización y difamación para desacreditar la lucha histórica del Cipog-EZ
En el documento mencionan que en mayo pasado en el contexto del desplazamiento forzado de las comunidades de Tula, Xicotlán, Acahuehuetlán y Alcozacán, Plácido Galindo denunció públicamente que funcionarios del Gobierno de Guerrero, “encabezados por Francisco Rodríguez Cisneros, se habrían reunido con dirigentes de Los Ardillos para negociar en torno a los territorios despojados ilegalmente”.
Señalan que estas denuncias se inscriben en una realidad de violencia permanente contra las comunidades organizadas, puesto que de acuerdo con el propio Cipog-EZ, se han documentado 84 asesinatos y 25 desapariciones de integrantes y habitantes de las comunidades donde opera el Cipog-EZ.
Agregan que, a la violencia ejercida en los territorios, se ha sumado una campaña de estigmatización y difamación impulsada desde diversos espacios mediáticos, “orientada a presentar a Plácido Galindo como un delincuente y a desacreditar la lucha histórica del Cipog-EZ por la defensa de la vida, el territorio y la autonomía de los pueblos”.
Reprochan que “a esta narrativa también se han sumado diversas figuras públicas, contribuyendo a fortalecer un clima de criminalización que favorece la persecución de quienes ejercen la defensa legítima de los derechos colectivos”.
Indican que de acuerdo con la información documentada por el Centro de Derechos Humanos de la Montaña, Tlachinollan, Jesús Plácido Galindo enfrenta una acusación por presunto homicidio calificado, dentro de un proceso marcado por serias irregularidades, entre ellas testimonios inconsistentes, una firma presuntamente falsificada y la aplicación de medidas desproporcionadas.
“Resulta especialmente preocupante que, tratándose de un delito del fuero común, haya sido trasladado a un penal federal de máxima seguridad, lejos de su comunidad, de su defensa y de su familia”.
Consideran que la situación se agrava debido a que Jesús Plácido Galindo vive con diabetes y permanece prácticamente aislado, y no ha podido recibir visitas regulares de sus familiares ni ser valorado por personal médico de su confianza, “situación que representa un riesgo para su salud física y emocional”.
Concluyen: “Frente a estos hechos, y considerando que la persecución contra Jesús Plácido Galindo forma parte de un contexto más amplio de violencia, despojo y criminalización contra los pueblos originarios y las comunidades organizadas en México, quienes suscribimos este pronunciamiento expresamos nuestra solidaridad con el compañero, con su familia y con las comunidades que integran el (Cipog-EZ) y hacemos un llamado a la sociedad a no permanecer indiferente frente a un caso que pone en riesgo los derechos fundamentales de quienes defienden la vida y el territorio”.
Que se garantice su integridad
Las agrupaciones exigen la libertad del dirigente indígena, el cese de cualquier acto de criminalización y judicialización en su contra, que se garantice su integridad física y psicológica, así como el acceso a una atención médica especializada, independiente y de su confianza.
Piden el respeto irrestricto a su derecho al debido proceso, a una defensa jurídica adecuada y a un juicio imparcial, libre de irregularidades y de cualquier forma de fabricación o manipulación de pruebas.
Al mismo tiempo responsabilizan a las autoridades de cualquier afectación a su salud o a su integridad mientras permanezca bajo su custodia.
Además, llaman a movilizarse el 7 de agosto a partir de las 11 de la mañana afuera del penal del Altiplano, e invitan a realizar acciones “que exijan la libertad de Jesús Plácido” el mismo día en diferentes partes del país.
Entre las 113 organizaciones y personalidades que convocan están el Encuentro Político-Cultural Las Periferias Existen porque Resisten; Organización en Pro Rescate de la Hacienda Xico; Taller de Teatro El Tablao; Comité de Usuarios de la Energía Eléctrica de Atlacomulco; Coordinadora de Colonias Ecatepec (CCE); TV Neza; Coalición de Universitarias y Universitarios en Pie de Lucha de la UNAM; Insurgencia Magisterial; Colectivo Popular de Propaganda CPP; Instituto Plurihumanista Paulo Freire, y Raíces en Resistencia Tlatelolco.
Además, María de Lourdes Mejia Aguilar, madre de Carlos Sinuhe -Cuevas Mejia, tesista y activista de la UNAM víctima de ejecución extrajudicial en 2011; Sobrevivientes del crimen de estado contra los pueblos de Atenco y de Texcoco; Patricia González Guzman, autoridad tradicional del pueblo de San Gregorio Atlapulco; Gilberto López y Rivas, profesor investigador del INAH Morelos; Alicia Castellanos Guerrero, profesora investigadora de la UAM.
Fernando Alan López Bonifacio, profesor de la Facultad de Arquitectura UNAM.
Colectivos, académicos y defensores sociales llaman a acudir este 7 de agosto a las 11 de la mañana al penal de alta seguridad en el Estado de México, y a manifestarse en diversas ciudades del país
Redacción
