Iguala, Guerrero, a 3 de agosto de 2026.- Familiares de recientes detenidos presuntamente implicados en el caso Ayotzinapa, así como de un ex policía municipal y el director de Tránsito y Vialidad, marcharon la tarde de este domingo en calles de Iguala y realizaron un mitin para exigir justicia, un proceso justo apegado a derecho libre de presiones políticas y mediáticas, así como su liberación inmediata.
Esta es la tercera marcha que realizan, inició poco después de las 4 de la tarde, participaron poco más de 200 personas, principalmente familiares, amigos y compañeros de trabajo del médico legista y ex coordinador médico del Servicio Médico Forense de Iguala, Julio César Valladares Baranda, y del ex secretario de Salud municipal, Ben Yehuda Martínez Hernández.
En esta marcha no participaron ahora miembros de la familia Rueda Mazón propietarios de las funerarias El Ángel y Rueda, como tampoco del nutriólogo Irving Arroyo Aranda, pero sí se sumaron familiares del ex director de Tránsito y Vialidad del actual gobierno de Iguala, Mauro Antonio Mosso Benítez, detenido el 3 de marzo de este año, y del ex policía de Iguala, Rey Flores Hernández, El Negro, detenido el 24 de marzo del año pasado.
La marcha salió del monumento a la Patria Trigarante, recorrió la avenida Vicente Guerrero y concluyó en el monumento a la Independencia, donde realizaron un mitin con la intervención de diferentes familiares de los detenidos que se sumaron a la exigencia de justicia y libertad.
La esposa del ex coordinador Médico del Semefo de Iguala, Julio César Valladares, Osiris Ramírez Salgado, dio lectura a un pronunciamiento de las familias en el que pidió a los funcionarios públicos actuar con la debida diligencia en sus actuaciones, con legalidad, objetividad, imparcialidad, independencia y respeto irrestricto a la Constitución Política.
Solicitó a la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, a la gobernadora Evelyn Salgado Pineda, a la fiscal General de la República, Ernestina Godoy Ramos, al fiscal especial para el Caso Ayotzinapa, Mauricio Mazarán Álvarez, al secretario de Seguridad Pública, Omar García Harfuch, a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), a la jueza federal Alejandra Rivera de la Vega, “que cada una de sus actuaciones se conduzca con estricto apego a las Constitución mexicana, a las leyes de nuestro país y a los tratados internacionales de Derechos Humanos”.
Dijo que con especial respeto a la función jurisdiccional, “solicitamos que las determinaciones judiciales se encuentren apegadas al más estricto razonamiento jurídico y el rigor científico, con plena independencia e imparcialidad judicial, libres de presiones políticas, mediáticas o de cualquier otra naturaleza que puedan comprometer la recta impartición de justicia”.
Señaló que reconocen el dolor que han sufrido las madres y padres de los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa, “reiteramos que merecen una investigación completa, imparcial y eficaz que conduzca al esclarecimiento de los hechos, y a la sanción de quienes resulten responsables conforme a derecho”.
Indicó que ese legítimo anhelo de justicia no puede satisfacerse mediante la privación de la libertad de personas que no resulten responsables conforme a las pruebas legalmente obtenidas y valoradas, ni utilizando el proceso penal como un medio para dar por concluida una investigación con el propósito de atender intereses ajenos a la búsqueda de la verdad y la justicia, lo cual, sería perverso.
Puntualizó que la sociedad merece el esclarecimiento pleno de los hechos, no soluciones aparentes, políticas o mediáticas que sacrifiquen la legalidad o el debido proceso.
“Como familias manifestamos que estaremos atentos al desarrollo de cada etapa del proceso penal, vigilaremos que las actuaciones de todas las autoridades se conduzcan con transparencia y dentro del marco legal, y ejerceremos los medios legales e institucionales que correspondan para denunciar cualquier irregularidad que pudiera vulnerar el debido proceso, la presunción de inocencia o de los derechos fundamentales”, advirtió.
Asimismo, hizo un llamado para que las resoluciones se sustentan únicamente en pruebas obtenidas, incorporadas y valoradas conforme a derecho, “la búsqueda de la verdad no puede construirse sobre testimonios falsos, pruebas fabricadas, a modo o cualquier actuación contraria a la legalidad”.
Otra familiar del también académico de la Universidad Tecnológica, denunció que, la imputación contra Valladares Baranda se apoya en pruebas “parciales”, información sesgada, testigos protegidos y falsos testimonios cuya credibilidad deberá ser valorada con el máximo rigor dentro del proceso judicial.
Indicó que la misma jueza que vinculó a proceso al ex gobernador Ernesto Ruffo Appel fue la que vinculó a Valladares Baranda, considerando que faltó a la juez su profundo razonamiento jurídico e independencia judicial, y que, además, “obedeció a presiones políticas y mediáticas”.
Asimismo, expresó su pesar, dolor e inconformidad ante la recomendación emitida por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), “pues desde nuestra perspectiva y a nivel nacional, se aparta de los principios de objetividad, legalidad e imparcialidad”.
Durante la marcha gritaron consignas para exigir que los detenidos lleven sus procesos en libertad, y mostraron cartulinas en las que afirman su inocencia de los delitos de los que son acusados.
Alejandro Guerrero
