David Colmenares Páramo
Es evidente que un tema que domina al Mundo, es el del combate contra la corrupción, la búsqueda de una cultura de la prevención, la eliminación de inercias burocráticas en la misma y mejores métodos de fiscalización superior, que exponencialmente se han desarrollado con la dinámica de la evolución informática, hasta lograr auditorías por medios digitales y procesos de capacitación dinámicos en los que la Auditoría Superior de la Federación es reconocida en América Latina, como lo han manifestado los miembros de la Organización Internacional de Entidades Fiscalizadoras Superiores (Intosai) y la Organización Latinoamericana y del Caribe de Entidades Fiscalizadoras Superiores (Olacefs). Nosotros tenemos el más alto número cursos en línea, en la Universidad Intosai.
La cooperación entre pares y las auditorias coordinadas, son una prueba de los buenos resultados, de la cooperación entre las instituciones de fiscalización superior.
La emergencia derivada de la pandemia del Covid 19, ha mostrado que la transparencia y la rendición de cuentas que realizamos las Entidades Fiscalizadoras Superiores (EFS), es relevante, en los momentos más difíciles de nuestras sociedades. Es claro que en casos como terremotos, inundaciones, tornados, huracanes, sequías, deslaves, en suma, desastres naturales, el riesgo de irregularidades en el uso de los recursos públicos para atender las emergencias, como asignaciones ineficaces y opacas de los recursos, incurran en el menos malo de los casos en derroche, pero con altos riesgos de corrupción. El reto es que los recursos locales o de donaciones sean usados correctamente, de acuerdo con lo programado.
En México, por ejemplo cuando existía el Fondo de Desastres Naturales (Fonden), se presentaron muchas situaciones de simulación, primero se exigió a estados y municipios que pusieran una parte de los recursos para la reconstrucción –los pari passus–, que iban del 70 al 50 por ciento, hasta que se estandarizó al principio del siglo, en el 50 por ciento, sin embargo en un gran número de estados y municipios, era casi imposible cumplir con el mismo, por un lado por su fuerte dependencia de las participaciones y por lo reducido de sus ingresos propios. Se llegaron a dar casos por ejemplo de simulación de desastre en caminos rurales no atendidos en mucho tiempo, en simulación de transferencias de recursos federales a algunos estados para que pudieran aportar su pari passu al Fonden, en las emergencias simulación de listas de raya, y el uso de recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS), del Ramo 33, en diferentes destinos a los previstos en la Ley de Coordinación Fiscal.
Por lo anterior la Iniciativa de Desarrollo de la Intosai ha apoyado auditorías como una Auditoría de Cumplimiento Cooperativo Global, sobre la Transparencia, Rendición de Cuentas e ID-19, en América Latina esto lo realizó el Grupo de Trabajo de Fiscalización de Desastres de la Olacefs, el cual Preside México, esfuerzo enmarcado en el Plan de Acción Regional ante el Covid-19.
El pasado miércoles, como parte de las actividades del Grupo de Trabajo sobre fiscalización del riesgo de desastres, nos reunimos con motivo del octavo aniversario del Marco de Sendai, adoptado en 2015 como un Acuerdo global que establece una serie de medidas para gestionar el riesgo de desastres para preservar la vida y salud de las personas, así como los medios de subsistencia y los bienes de las comunidades ante los desastres naturales, incluidas las pandemias.
El propósito del Diálogo de este Grupo de Desastres fue reflexionar sobre los avances y desafíos en la implementación del Marco de Sendai y la Gestión de Desastres como un problema público para brindar elementos que los equipos de auditoria deben revisar al fiscalizar la gestión del riesgo de desastres. Este tema es relevante para la Olacefs, dado que nuestra región concentra el 46 por ciento de las pérdidas globales por desastres naturales.
Las EFS, como la ASF de México contribuyen a mejorar la prevención de los riesgos de desastres en cada etapa de su gestión y en la eficacia de las políticas públicas y el correcto uso de recursos públicos.
