Ciudad de México, 11 de febrero de 2026.- Autoridades federales y de Yucatán suscribieron un convenio para coordinar sus esfuerzos de supervisión de cumplimiento de las regulaciones ambientales en las granjas porcícolas de esa entidad.
El convenio, firmado el pasado lunes por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) y la Secretaría de Desarrollo Sustentable (SDS) de Yucatán incluye asesoría técnica, capacitación y acompañamiento institucional para fortalecer los procedimientos de evaluación del impacto.
Actualmente, explicó la titular de la Profepa, Mariana Boy, existen granjas que cuentan con autorización de impacto ambiental de la autoridad federal y otras que cuentan con autorización estatal.
“Durante años, esta falta de coordinación generó vacíos que permitían que algunas empresas operaran fuera de la legalidad. Este acuerdo busca atender esta situación y es un resultado muy importante del trabajo que el sector ambiental ha impulsado con el estado de Yucatán, para avanzar hacia una supervisión efectiva y ordenada de este sector, en beneficio del medio ambiente y de las comunidades”, expuso, se informó en un comunicado.
Con el convenio, la SDS podrá solicitar a la Semarnat la emisión de dictámenes técnicos sobre la evaluación del impacto ambiental y propuestas de medidas de prevención, mitigación y compensación de impactos de incidencia federal en las actividades porcícolas.
Prevé, además, el establecimiento de un Comité Técnico de Seguimiento que sesionará de forma trimestral para evaluar los avances y operación.
“En el marco del convenio, la Federación y el gobierno estatal suman esfuerzos para mejorar de manera permanente las evaluaciones ambientales al sector porcícola, con el objetivo de proteger la salud y los recursos naturales del estado”, destacó Ileana Villalobos, subsecretaria de Regulación Ambiental de la Semarnat.
En septiembre de 2025, la Profepa clausuró las instalaciones de la empresa Pecuaria Peninsular en Santa María Chi, una localidad del municipio de Mérida, que consta de 72 naves y capacidad para albergar 60 mil cerdos, por la descarga directa de sus aguas residuales sin permiso.
Un año antes se suspendió el otorgamiento de nuevos permisos para la instalación de granjas porcícolas en cuatro municipios de Yucatán severamente afectados por esa actividad.
La medida buscaba reducir de 138 mil a 96 mil el número de cabezas de ganado entre 2024 y 2027.
Agencia Reforma
