Gaspard Estrada
Las elecciones presidenciales y legislativas de Costa Rica del 1 de febrero de 2026 marcaron un momento de cambio profundo en la política costarricense y enviaron señales importantes al resto de América Central. En una jornada de alta participación –cercana al 69 por ciento– Laura Fernández, candidata del Partido Pueblo Soberano (PPSO) y escogida por el presidente saliente Rodrigo Chaves, se impuso con 48.33 por ciento de los votos, superando el umbral necesario para evitar segunda vuelta y derrotando al economista Álvaro Ramos, quien obtuvo 33.42 por ciento.
Paralelamente, la composición del parlamento mostró un avance significativo para el oficialismo: el PPSO lidera la nueva Asamblea Legislativa con una clara mayoría relativa, proyectando alrededor de 30 de los 57 escaños –aunque sin alcanzar la mayoría calificada–, con el Partido Liberal Nacional (PLN) en segundo lugar.
Este resultado tiene implicaciones políticas profundas para la gobernanza costarricense. Por primera vez desde hace décadas, un movimiento relativamente nuevo consolidado en torno a una figura polémica de derecha logra un mandato tan claro en primera vuelta, lo que coloca a Fernández en una posición de fuerte capital político pero también con expectativas elevadas de eficacia. Su campaña se centró en promesas de mano dura contra el crimen organizado y continuidad de políticas que combinan libre mercado con un enfoque de orden social, heredadas del gobierno de Chaves.
La gobernabilidad que enfrenta la presidenta electa, sin embargo, no será automática. Aunque su partido tiene la mayor bancada, no alcanzó los 40 escaños necesarios para reformar la Constitución, lo que implica que deberá negociar con otras fuerzas legislativas para impulsar su agenda. Este equilibrio parlamentario señala que, si bien Costa Rica experimenta una fuerte preferencia por el oficialismo en el Ejecutivo, la pluralidad del Legislativo exigirá coaliciones y acuerdos transversales para avanzar en materias clave como seguridad pública, reforma institucional y reordenamiento fiscal.
Desde el punto de vista geopolítico regional, el triunfo de Fernández consolida una tendencia observada en varios países de América Latina hacia opciones conservadoras y populistas que priorizan la seguridad y el control social. Su victoria –felicitada el propio domingo por líderes como Nayib Bukele de El Salvador– refuerza un bloque de gobiernos que comparten preocupaciones similares sobre la violencia, la migración y la percepción (muchas veces desmentidas por las propias estadísticas gubernamentales) de “caos” institucional.
Para América Central, esto tiene dos efectos: primero, Costa Rica pasa de ser una excepción institucional a integrarse en un eje regional dispuesto a adoptar políticas contra bandas y crimen organizado de carácter represivo. Dado que la inseguridad transnacional y el narcotráfico son desafíos compartidos en la región, el discurso oficialista costarricense puede impulsar la cooperación en materia de seguridad, inteligencia y control fronterizo con aliados cercanos como El Salvador y Panamá.
Segundo, el cambio político costarricense podría influir en los equilibrios internos del Sistema de Integración Centroamericana (SICA). Históricamente, Costa Rica había ejercido liderazgo moderado y diplomático dentro del bloque, apostando por soluciones institucionales y respetando una democracia liberal robusta. Bajo Fernández, el país podría priorizar respuestas más duras y menos inclinadas al consenso colegiado, tensionando la capacidad del SICA para formular posiciones conjuntas en temas como migración y economía.
En términos de relaciones internacionales, la administración entrante tendrá que calibrar sus alianzas con Estados Unidos y China, las dos potencias que compiten por influencia en la región, con una preferencia por Washington –especialmente en materia antinarcóticos.
Si bien Costa Rica no ha abandonado su tradición democrática, varios dirigentes políticos de peso –incluyendo a los expresidentes Luis Guillermo Solís y Laura Chinchilla– alertaron sobre “el riesgo” para la democracia en caso de que la candidata de la continuidad sea electa. Al llegar al poder, tendrá entre sus principales desafíos gobernar sin fracturas institucionales ni democráticas.
* Miembro de la unidad del Sur Global de la London School of Economics (LSE).
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