Madres como Rocío, Eneida y Guadalupe son jornaleras en Ayotzinapa, Tlapa. La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y Agricultura trabaja en una agenda de protección social para defender a quienes, como ellas, laboran en situaciones de vulnerabilidad en todo el país
Chilpancingo, Guerrero, 13 de octubre de 2021. En la carretera de La Montaña se abre paso Ayotzinapa, comunidad jornalera agrícola nahua. Además de cortar jitomate, quienes trabajan en el campo cosechan verduras orientales consideradas exóticas de diciembre a mayo, aunque la época de empleo en el campo puede empezar desde octubre.
En la comunidad llaman la atención casas de concreto y tiendas de abarrotes bien surtidas. Margarita Nemesio, coordinadora del área Derecho al Trabajo Decente en el Centro de Estudios en Cooperación Internacional y Gestión Pública, AC (Cecig), dice que esto se explica gracias a la remesas que por décadas han enviado trabajadores de la agroindustria en campos del noreste del país.
En el segundo trimestre de 2019 había 2 millones 328 mil 411 personas jornaleras agrícolas, lo que equivale a 4.24 por ciento de la población total nacional ocupada y a 6.22 por ciento de la población subordinada y remunerada, según datos del Avance en el Proyecto de Instauración del Salario Mínimo Profesional Para Jornaleros Agrícolas, basado en la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).
Aparte, la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y Agricultura (FAO) estima que hay 323 mil mujeres jornaleras en México.
En algunas entidades y cultivos la participación de las mujeres jornaleras sube. La Casa del Jornalero en Tlapa tiene más de 15 mil registros. El Consejo de Jornaleros Agrícolas y el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan documentaron en la región un promedio anual de 49.74 por ciento de mujeres migrantes internas temporales en 2020, desde niñas en brazos hasta adultas mayores.
Trabajar por los y las hijas
Rocío, jornalera de Ayotzinapa desde los 12 años, mantiene junto con su esposo a sus tres hijas gracias a este trabajo. “Imagínate, a veces yo me enfermo, no voy a trabajar, y ese día no voy a ganar. Nada más con él, cobrando 900 o mil pesos a la semana, no alcanza”, dice en entrevista.
Pero, a diferencia de su marido, la jornada de Rocío comienza a las cuatro de la madrugada y termina muy noche debido a las labores domésticas y de cuidados que, además, no son remuneradas. “A veces no nos dan guardería, no nos dan médico. Como yo tengo mis niñas, allá me alivié de ella –dice señalando a la mediana–, así que me la tuve que llevar cargando. Tienes que trabajar para mantener a tu familia, para ganar un poquito más”, comenta sobre ser madre y jornalera.
En los meses de trabajo en el campo, continúa Rocío, las mujeres embarazadas prefieren no acudir a un hospital. “Como no sabemos hablar bien el español, nos maltratan, nos humillan, no nos atienden como debe ser. Si tú vas a la cola te dicen que te esperes tres, cuatro horas y no te hacen caso, vienen pasando los que traen zapato, los que tienen corbata”.
Eneida viaja cada temporada agrícola a Ayotzinapa desde que se casó, hace diez años, y ya no quiere volver pero lo hace por la manutención de sus hijos, uno de ellos todavía no camina y tiene que cargarlo. “Decían que se ganaba bien. Pensé que era fácil, y es difícil, es mucho trabajo en el puro lodo. Si cortas mal, tiran toda la planta y no te pagan”, cuenta en entrevista.
A niñas y niños hay que despertarlos a las cuatro de la mañana para llevarlos a la estancia. Pero quienes no tienen contrato con empresas internacionales no tienen sitios para dejarlos; aun así hay jornaleras que prefieren trabajar por su cuenta.
Guadalupe, cortadora de planta y especialista en el manejo de frutos y verduras orientales hasta el empaque, destaca que no se compara el trabajo en la milpa familiar con la agroexportación. “Aquí para sembrar maíz, frijol, calabaza es un ratito; dos o tres horas cuando toca (aplicar) el fertilizante. Allá es todo el día, toda la semana”.
“Mi papá empezó a llevarnos como a los 18 años”, en el surco “trabajan igual las mujeres que los hombres”, relata en entrevista la joven madre que desde 2006 migra para trabajar el campo con su familia de 12 integrantes, de los cuales nueve son mujeres.
De acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (ONUAA, más conocida como FAO) entre 30 y 40 por ciento de la población de jornaleras está constituida por personas migrantes que viajan en familia. Además 24 por ciento de esta población pertenece a pueblos indígenas.
Acciones de gobierno y civiles por las jornaleras
Este 19 de octubre, los gobiernos de Oaxaca, estado expulsor de mano jornalera, y de Jalisco, estado receptor, firmarán un pacto de colaboración para articular las agendas de protección social de esa población con perspectiva de género y con enfoque intercultural, en respuesta a una iniciativa de la FAO.
En entrevista, el coordinador del proyecto de Protección Social de la FAO México, Isaías Gómez Sánchez, sintetiza el pacto en cinco acciones estratégicas: 1) crear mecanismos de coordinación de los estados para lograr la igualdad laboral; 2) impulsar la vinculación entre el sector público y el privado para generar entornos de trabajo libres de violencia; 3) reclutamiento ético para que no se vulneren derechos; 4) acceso a servicios públicos sin discriminación, con reconocimiento a una población que produce alimentos para todo el país; y 5) diseño de protocolos –por parte de las procuradurías de Jalisco y Oaxaca– que atiendan de manera específica a este sector para que el empleo jornalero sea una opción más, no una necesidad.
Gómez Sánchez también indica que para armar la estrategia los gobiernos estatales y la FAO analizaron el diagnóstico de violencia de género, las condiciones laborales, de seguridad social y educación desde que las mujeres salen de sus lugares de origen, durante el tránsito y ya en el contexto laboral.
“Cuando acuden a las unidades de salud en los estados receptores –menciona el coordinador del proyecto– son discriminadas, rechazadas, muchas son vistas como personas que vienen a usar servicios que no les corresponden”.
Así, identificaron que las empresas muchas veces no generan horarios diferenciados para las jornaleras, no siempre tienen dónde dejar a sus hijos y la corresponsabilidad de hombres y mujeres en las tareas de cuidados recae sobre ellas.
“Estamos trabajando una agenda de derechos a la protección social de las jornaleras agrícolas, con un enfoque que surja también desde ellas”, explica.
A la par, se trabaja en una red de promotoras de la protección social, con liderazgo comunitario, municipal y a nivel institucional, para capacitar a las y los funcionarios.
Por separado, Margarita Nemesio, del Cecig, recuerda que en 2014 la sociedad civil conformó la Red Nacional de Jornaleros y Jornaleras Agrí-colas con trabajo en Guerrero, Ciudad de México, Chiapas, Guanajuato, Oaxaca, San Luis Potosí, Sinaloa y Sonora.
La Red Nacional ha identificado violencias hacia las mujeres en los servicios de salud pública, desde que no hay personal capacitado que entienda su idioma indígena hasta que a las jornaleras se les recrimina –por ser migrantes– que ocupen la atención médica de una entidad que no es la suya.
Por ello, la Red busca que aunque no tengan seguridad social, puedan acceder a servicios médicos con intérpretes en sus lenguas originarias, un derecho al que Rocío, Eneida y Guadalupe –nombres citados sin apellidos para mantener la confidencialidad de sus datos personales– no han tenido acceso.
Texto y foto: Lourdes Chávez
