Critica AMLO a defensores de los padres para proteger al Ejército, señala Abel Barrera
Zacarías Cervantes
Chilpancingo
Los señalamientos del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, respecto a que las investigaciones del caso Ayotzinapa fueron manipuladas con la participación de defensores y organismos de derechos humanos que le dan acompañamiento a los padres y madres, tienen la intención de proteger al Ejército, declaró ayer el director del Centro de Derechos Humanos de la Montaña, Tlachinollan, Abel Barrera Hernández.
Dijo que mientras la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) no entregue los 860 folios con la información que piden los padres y madres, no hay confianza ni es creíble que el presidente dé a conocer toda la información del caso, como se comprometió en su conferencia matutina de este lunes.
En la conferencia de prensa matutina de ayer, el presidente López Obrador declaró que la investigación del caso Ayotzinapa “fue manipulada” y que en ello participaron organismos de derechos humanos y abogados de los padres y madres de los 43 estudiantes normalistas. Además de que estos celebraron cuando fueron liberados algunos de los implicados, a pesar de que al salir libres reconocieron su participación en el caso.
Consultado ayer al respecto, el director de Tlachinollan dijo que la narrativa que ahora trae el presidente López Obrador es para desviar la respuesta que le han pedido los padres y madres de que el Ejército entregue los 860 folios con información del caso.
Indicó que desde que los padres comenzaron a pedir al Ejército esos folios, el presidente focalizó su argumentación en contra del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro, en contra de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en contra de la Organización de Estados Americanos (OEA), en contra del senador Emilio Álvarez Icaza, y en contra del asesor de los padres, Vidulfo Rosales Sierra.
Sin embargo, el defensor de derechos humanos respondió al presidente que la actuación de los abogados y organismos de derechos humanos que acompañan al movimiento de los padres y madres ha sido transparente desde el primer día que les dieron el acompañamiento y que, en cambio, López Obrador ha guardado silencio con lo que le han pedido los padres y madres, que son los 860 folios que tiene la Sedena.
Dijo que también el presidente tendría que informar qué avances hay en la actual Fiscalía Especial del caso Ayotzinapa, “porque está informando del pasado, está tratando de remitirse al pasado para justificar las inacciones del presente, trata de descubrir el hilo negro a 10 años de un trabajo serio y comprometido de la CIDH”.
Barrera Hernández rechazó, que, como lo declaró el presidente, haya habido acuerdos políticos de los organismos de derechos humanos y abogados de los padres y madres para manipular la investigación, y que hayan celebrado la liberación de personas implicadas en el caso.
“Ahí el papel importante era de la Fiscalía General de la República (FGR) que debió haber hecho lo propio para evitar que se dejara en libertad a los detenidos, esa era responsabilidad de la Fiscalía, no de los defensores”.
El defensor cuestionó que López Obrador no diga nada del papel “pasivo e inactivo” que ha tenido ante estos hechos la Fiscalía, puesto que declaró que esa institución tuvo que haber impugnado, “y no hizo nada y eso es grave, pero el presidente no dice nada, al contrario, se ha convertido en vocero de la Sedena y ha suplantado a la misma Fiscalía Especializada, porque dice que él ha tomado en sus manos la investigación”.
Indicó que López Obrador tomó el caso al final de su mandato “para golpear a los organismos de derechos humanos y abogados de los padres y madres”.
Pero aclaró que la mejor manera de exponer ante la opinión pública el trabajo de los organismos civiles y abogados, es la opinión de los padres y madres, de lo contrario se consideraría que no tienen un criterio propio, un conocimiento del caso, pero la realidad es que ellos conocen día a día lo que pasa”.
Agregó que “decir que los padres han sido engañados, es como tener la opinión de que no conocen su caso y que son manipulados, y ahí sí, yo veo que hay un desprecio por las víctimas que luchan por su dignidad, por su prestigio, por su calidad moral que tienen, más allá de partidos políticos, presidentes o gobierno federal”.
“Al decir que les hemos escondido información, que la hemos desvirtuado, que hemos traicionado, el presidente tendría que ser más objetivo y hacer una valoración de las actuaciones de las autoridades tanto municipales, estatales y federales, como del Ejército y la Marina”.
Barrera Hernández también defendió el trabajo que realizó el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), al que también ha criticado el presidente.
Explicó que el GIEI ha demostrado con pruebas científicas la participación no sólo del Ejército, sino también con un video la participación de la Marina en los hechos que se fabricaron en el basurero de Cocula.
“Ahí está claro, son pruebas científicas. Los investigadores que han elaborado los seis informes del GIEI tienen sustento legal y científico, no son cuestiones ideológicas o que tengan interés político, creo que se nos ha querido colocar como actores políticos y la verdad, nos regimos por los principios que protegen los derechos humanos de la población”.
El presidente pone a los defensores en un estado de vulnerabilidad, advierte
Para Barrera Hernández es grave que el presidente de la República descalifique a los defensores y los coloque en el banquillo de los acusados, porque los pone en un estado de vulnerabilidad, más en contextos como Guerrero donde la situación de violencia e impunidad pone en riesgo a cualquier persona, “eso es preocupante”, denunció.
Barrera Hernández cuestionó al presidente que quiera colocar en el banquillo de los acusados a organismos como el Centro Prodh y a Tlachinollan que llevan más de 30 años en la defensa de los derechos humanos, y que ahora, de la noche a la mañana, “por un asunto en el que hemos estado comprometidos, sin ningún interés de ninguna índole, se nos descalifique, eso es lamentable”.
Además, criticó que se haya hecho a un lado al Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) para realizar el peritaje de los restos que han sido encontrados en las búsquedas recientes, como lo informaron dos de los padres el domingo, Cristina Bautista y Emiliano Navarrete, y antes el abogado de los familiares, Vidulfo Rosales Sierra, de Tlachinollan.
Dijo que los peritos de este organismo han realizado una labor fundamental para dar certeza a la identificación de los restos que han sido encontrados.
El presidente de la República dijo también en su conferencia de prensa de ayer que para él lo prioritario es encontrar a los estudiantes y se comprometió a dar a conocer toda la información del caso.
Pero Barrera Hernández opinó que mientras no obligue a la Sedena a que entregue los 860 folios que le han pedido, se vulnera la confianza de los padres y madres.
“Si va a ser objetivo e imparcial, también tiene que dar la misma fuerza e importancia a la solicitud que han hecho los padres desde hace varios años para que entregue la información que tiene el Ejército, pero él se transforma en el vocero del Ejército y dice que ya entregó todo”.
Insistió que mientras no atienda la demanda central de los padres y madres de conocer el contenido de los 860 folios, es muy difícil que se recupere la confianza que depositaron en él cuando lo vieron en Iguala haciendo campaña.
Recordó que entonces les dijo a los padres y madres que estaba comprometido con ellos y que iba a investigar a todas las autoridades, que no iba a haber límites, “pero ahora resulta que a casi seis años su verdad radica en descalificar a las organizaciones que hemos acompañado desde antes de que él iniciara su campaña para ser presidente”.
El defensor de derechos humanos declaró que al cerrar la puerta del Ejército, el presidente está diciendo que son los organismos de derechos humanos los que están obstruyendo el acceso a la verdad, “y yo creo que con eso va a dejar una grieta, y más bien está fortaleciendo el muro de la impunidad para que no se investigue al Ejército, lo cual es grave porque es una señal para el nuevo gobierno que viene”.
