El director del Centro de Derechos Humanos de la Montaña, Tlachinollan, Abel Barrera Hernández, y el del Centro de Derechos de las Víctimas de Violencia Minerva Bello, (Centro Minerva Bello), Filiberto Velázquez Florencio, lamentaron que el gobierno estatal no escuche a las organizaciones civiles y a los familiares de las víctimas que rechazan la militarización de las áreas de seguridad Pública
Zacarías Cervantes
Chilpancingo
El director del Centro de Derechos Humanos de la Montaña, Tlachinollan, Abel Barrera Hernández, y el del Centro de Derechos de las Víctimas de Violencia Minerva Bello, (Centro Minerva Bello), Filiberto Velázquez Florencio, lamentaron que el gobierno estatal no escuche a las organizaciones civiles y a los familiares de las víctimas que rechazan la militarización de las áreas de seguridad Pública.
Criticaron que nuevamente los gobiernos federal y estatal hayan designado a un general brigadier (Gabriel Zamudio López) como secretario de Seguridad Pública estatal a pesar de que los militares no han dado resultados y Guerrero sigue siendo uno de los estados del país con más violencia.
Barrera Hernández lamentó que no se esté atendiendo el reclamo que hay tanto de las familias de las víctimas como de las organizaciones civiles, de que “se tiene que ciudadanizar la Secretaría de Seguridad Pública, y de que tiene que estar cimentada en el respeto a los derechos humanos”.
El defensor de derechos humanos opinó que el nombramiento de un militar en esa dependencia es seguir apostándole a militarizar los cuerpos de seguridad y los cuerpos policiales, “sin hacer una revisión profunda y responsable de que los militares no dan resultados”.
Declaró que la designación de los titulares en las instituciones de seguridad se han ido alejando de la población, y que las decisiones son “cupulares, jerárquicas y se sigue percibiendo al ciudadano como un enemigo de las autoridades”.
Indicó que nuevamente las autoridades fueron omisas del reclamo de la población, respecto a que en Seguridad Pública debería ser un o una civil quien la encabezara.
Explicó que ese reclamo es porque la visión del Ejército en cuestiones de seguridad, no está cimentada en lo que requiere el ciudadano común, que es el de establecer vínculos con la población que se organiza y que lucha para que haya paz y tranquilidad.
En cambio, criticó que se sigue utilizando la seguridad para proteger las instituciones y a funcionarios, “para que se garantice la seguridad en un círculo cerrado, que tome decisiones sobre los operativos y las políticas que van a implementar, al margen de los ciudadanos, y eso es lamentable”.
Agregó que por la falta de resultados hay un robustecimiento del crimen organizado ante el cual la población queda inerme, mientras el Ejército se cierra frente a las demandas de la población y no se involucra en el desmantelamiento y el repliegue de los grupos del crimen organizado, “que ahora son los que están brindando la supuesta seguridad que el Estado no está cumpliendo”.
Indicó que el caso del estudiante de la Normal de Ayotzinapa, Yanqui Kothan Gómez Peralta “es el ejemplo de las prácticas letales que utiliza el Ejército, la policía y las élites de las corporaciones policiacas como el grupo Centauro, que muestran que la percepción que tienen del ciudadano es que es un enemigo al que hay que liquidar, esas son las prácticas que usa el Ejército, porque entrena a grupos especializados en seguridad relacionadas con las corporaciones policiales”.
“Esa manera de cómo se aplica la seguridad en contra y no a favor de los ciudadanos es deleznable”, señaló.
Barrera Hernández explicó que mientras las fuerzas de seguridad se enfocan en dar seguridad a las instituciones y a los funcionarios, dejan un vacío de poder en la población, y que ante ese vacío de poder las decisiones las toman los poderes fácticos, “es decir, los grupos del crimen organizado, ellos saben de qué manera van a establecer vínculos con otros grupos de la delincuencia y toman las decisiones de cómo actuar”.
Alertó que hay una brecha peligrosa entre las autoridades que deben monitorear la información detallada y estar presentes en las regiones, interactuar y ser un contrapeso real ante los poderes fácticos, pero que sucede lo contrario, “hay un repliegue de las corporaciones policiales y del Ejército, y dejan que los grupos del crimen organizado se extiendan, se expandan, hagan y deshagan y a la población la dejan inerme”.
Advirtió que esto es algo “flamable” y que en cualquier momento puede encenderse la mecha, porque dijo que las treguas no son algo que tenga un sustento en términos de acuerdos profundos, “son coyunturas, porque lamentablemente hay una ausencia de quienes deben estar, que son las autoridades y que son las que deben de asumir el control de la seguridad”.
Fue una simulación poner como encargada de despacho a Jesús Castro
Por su parte, el director del Centro Minerva Bello, el sacerdote Velázquez Florencio, dijo que “las sospechas eran verdaderas”, respecto a que ya había llegado un general para hacerse cargo de la secretaría de Seguridad Pública estatal, y que se designó como encargada de despacho a Jesús Castro Gutiérrez, sólo como una simulación.
El director del Centro Minerva Bello, da acompañamiento a los familiares del estudiante Yanqui Kothan Gómez Peralta, asesinado la noche del 7 de marzo por policías estatales y junto con los estudiantes de la Normal de Ayotzinapa se pronunciaron con anticipación, para que en la Secretaría de Seguridad Pública se nombrara como titular a un civil.
Consultado ayer, el sacerdote Velázquez Florencio lamentó que Guerrero siga siendo un estado, “para experimentar las estrategias de seguridad que traen desde la federación, pues dijo que el nombramiento del general Gabriel Zamudio López fue una imposición del gobierno federal, “y como estado morenista tiene que aceptar todo lo que le sugieren desde el gobierno federal”.
Cuestionó: “Yo creo que lo que habían hecho primero, el nombramiento de la titular mujer y civil era atinado, tenía experiencia en la Secretaría, pero al final ganó la presión, los intereses o estrategias nacionales, y no dudo que en la Fiscalía también venga a terminar en manos de un mando castrense”, advirtió.
Según el defensor de derechos humanos hay mucho descontento por el nombramiento del militar en el área de Seguridad Pública.
“Estamos en un estado donde se ha delimitado mucho la voz de las organizaciones que documentamos la violencia y conocemos de los territorios”, indicó en referencia a que el gobierno estatal no escuchó su opinión de que se nombrara a un civil en la Secretaría de Seguridad Pública.
Con respecto al nombramiento del nuevo fiscal general del estado que está en proceso, el director de Tlachinollan opinó que éste tiene que ser un experto o experta en derechos humanos, “debe tener un conocimiento profundo de los instrumentos nacionales y mecanismos internacionales en materia de derechos humanos, y de los principios que rigen lo que es la procuración de justicia”.
Dijo que el fiscal necesita ser empático con las víctimas, aunque firme en sus decisiones, libre de ataduras y de intereses de facciones, “no puede ser rehén de grupos de poder al interior y también en la clase política, porque si no, se politiza la Fiscalía o de lo contrario se vuelve una instancia hermética como pasó con la exfiscal”.
“Tiene que ser una persona que sepa dialogar, tener perspectiva de derechos humanos, de género, con una visión intercultural para no discriminar a las poblaciones indígenas y afromexicanas”.
Insistió en que el nuevo fiscal debe tener un conocimiento profundo de las leyes, de las normas y de los derechos humanos, y que no se deje atrapar “por otro tipo de intereses”.
A su vez, el director del Centro Minerva Bello, Filiberto Velázquez opinó que el nuevo fiscal debe ser alguien que garantice un balance entre los tres poderes, “que pueda coadyuvar con los otros tres poderes y que sea cercano o cercana a las víctimas, no en la simulación, sino en la realidad, que tenga un expertiz para que no haya impunidad en las detenciones de los imputados, que en verdad haga un trabajo profesional”.
Opinó que debe ser una persona que tenga un peso político que ayude a reconciliar lo que se rompió entre la ex fiscal y el Ejecutivo, y que garantice un trabajo “impecable” en la procuración de justicia, “porque el interés es la prevención del delito y la anterior fiscal decía que no era su trabajo la prevención del delito”.
