El organismo en su recomendación 15VG/218 no aportó a la verdad y la justicia y avaló de facto la “verdad histórica” del gobierno, señala en el informe de la revisión que hizo del trabajo del organismo nacional. Entre las fallas y omisiones, señala que no abordó la actuación de los integrantes de las Fuerzas Armadas en la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa y que no se consideró la importancia de investigar la cadena de los mandos medios policiacos
Ciudad de México, 14 de abril de 2022. La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) reconoció en su informe de la revisión de la recomendación 15VG/2018 sobre el caso iguala, “fallas y omisiones” de las actuaciones del organismo nacional y planteó acciones para subsanar las deficiencias “que en su momento haya cometido”.
Entre las fallas y omisiones, reconoce que “obvió” el papel de los integrantes de las Fuerzas Armadas en los hechos y que no se consideró la importancia de investigar la cadena de los mandos medios policiacos.
El informe publicado en su página refiere que el Caso Ayotzinapa es una profunda herida en la memoria colectiva de la sociedad mexicana, que acompaña el dolor y la zozobra con que han tenido que vivir las madres y padres de los 43 estudiantes normalistas desde el 27 de septiembre de 2014.
“Es una historia del horror, de ignominia, de terror, de impunidad y de corrupción, que enmarcan a la violencia estructural, a las prácticas sistemáticas de tortura y de desaparición forzada, que aún se encuentran anquilosadas en las instituciones del Estado, particularmente en aquellas diseñadas para garantizar y proveer seguridad a la sociedad, junto con las que son responsables de la administración y procuración de justicia”, expuso.
Adicionalmente, el organismo reconoce “prácticas institucionales de revictimización” de las personas en situación de víctimas, “particular y dolorosamente por parte de los organismos protectores de derechos humanos, como la CNDH”.
Refiere que los padres de los 43 han manifestado su inconformidad respecto a diversos aspectos de la Recomendación 15VG/2018, como prácticas de revictimización, estigmatización y criminalización de los estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa.
Asimismo, dilación para la elaboración y presentación de la Recomendación, puesto que los hechos victimizantes ocurrieron en septiembre de 2014 y la Recomendación 15VG/2018 se presentó el 28 noviembre de 2018, 4 años después.
El documento reconoce que los padres también han reprochado que la recomendación carece de una aplicación robusta del enfoque de derechos humanos y de atención victimológica. Además de que por su redacción, argumentación y no aportación a la verdad y a la justicia, “avala de facto la formulación de la verdad histórica”.
El organismo, informó que por ello la presidencia ordenó el 18 de marzo de 2020 la reapertura de los expedientes de queja y que desde esa fecha, la CNDH realizó un análisis integral de esa Recomendación que fue resultado del expediente de queja CNDH/1/2014/6432/Q/VG misma que contiene mil 255 tomos y 1 millón 100 mil fojas.
El Informe de la Recomendación 15VG/2018: La lucha imparable de todos los días, está organizado en 18 apartados que documentan las actuaciones y omisiones que tuvieron las distintas agencias e instituciones responsables de las investigaciones ministeriales en las que se documentan las actuaciones que llevó a cabo la CNDH.
“Hay una necesidad urgente de reconocer públicamente las fallas y omisiones de las actuaciones de esta Comisión Nacional, a fin de realizar acciones en favor de las personas en situación de víctimas, y coadyuvar a la mayor participación en las investigaciones por parte de las madres y padres de los 43 estudiantes desaparecidos, un derecho que la propia Ley General de Víctimas les reconoce, pero que, sobre todo, es hoy por hoy un imperativo de empatía y sensibilidad ante el dolor que en estos casi 8 años han vivido, al desconocer el paradero de sus hijos”, refiere la CNDH.
Entre los resultados que arroja el informe, destacan: Que no hubo un enfoque diferencial y especializado, al momento de redactar la recomendación y en especial al momento de brindar atención a las personas en situación de víctimas, dado que varios estudiantes, así como sus madres o padres pertenecen a pueblos indígenas que habitan el estado de Guerrero.
Además, que los dictámenes u opiniones técnicas que emitió personal de la CNDH en su momento, fueron realizados en gabinete, es decir, que no se acudió al lugar de los hechos.
Asimismo, que la aplicación de los protocolos de Estambul presentó serias deficiencias que no permitieron la documentación de prácticas de tortura realizadas a diversas personas detenidas.
También reconoce que en varios momentos, la Oficina Especial para el Caso Iguala, actuó bajo una lógica de investigación ministerial y no de documentación de violaciones a derechos humanos.
Otra de las observaciones es que el trabajo de dicha Oficina Especial, se hizo bajo secrecía y fragmentación de la información, a grado tal que las personas que participaron en las diversas diligencias desconocían lo que el resto del personal realizaba en torno al caso.
También que obvió el papel de integrantes de las Fuerzas Armadas en los hechos y que no se consideró la importancia de investigar la cadena de los mandos medios policiacos.
Derivado de ello, la CNDH plantea una serie de acciones para subsanar las deficiencias u omisiones que en su momento se hayan cometido por parte de esta Comisión, “y más aún por las autoridades encargadas de esclarecer los lamentables hechos, para poder diseñar el esbozo de una ruta que permita cumplir con las obligaciones que tiene el Estado, incluida la CNDH, con las personas víctimas y con la sociedad en su conjunto, para que en las nuevas rutas de investigación se garanticen efectivamente los derechos a la verdad, a la justicia, y por ende a la reparación integral, a la memoria y a la no repetición de los hechos victimizantes”.
Texto: Zacarías Cervantes / Foto: Archivo
