Informa la Secretaría de Gobierno que cumplió con la entrega del programa de trabajo para atender la declaratoria de AVG por agravio comparado, que se emitió este 10 de junio
Chilpancingo, Guerrero, 14 de agosto de 2020. En la sesión de la Comisión de Alerta de Violencia de Género del Sistema Estatal para Atender, Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, representantes de asociaciones civiles cuestionaron la asignación de cinco proyectos financiados por la Conavim en 2019 a la consultora de la ex fiscal de delitos electorales en el gobierno de Vicente Fox, María de los Ángeles Fromow.
La explicación al reclamo fue que este despacho elaboró 11 proyectos que concursaron en la convocatoria nacional, de los cuales se aprobaron cinco por 5.7 millones de pesos, según la información de la página de la comisión.
La directora de la Asociación Guerrerense contra la Violencia hacia las Mujeres, Marina Reyna Aguilar, denunció además la poca calidad en los productos de dichos proyectos que se difunden como avances de la Alerta de Violencia de Género de 2017, en la página Zona Violeta del gobierno del estado.
Como ejemplo, señaló un escueto protocolo de primer respondiente con perspectiva de género para el estado de Guerrero, tasado en 634 mil pesos, cuando ya existe uno muy completo publicado en esta misma administración, hace dos años.
La integrante de la Coalición Nacional de Mujeres Rurales, Erika Salinas, advirtió que los proyectos se desarrollaron a final del año, en noviembre y diciembre pasado, según la exposición que se presentó la consultora a los integrante de la comisión en la sesión en línea, y habría tenido como base modelos utilizados por expertos en otras entidades, sin considerar las particularidades de Guerrero.
Aunque el despacho justificó su labor, la subsecretaria de Coordinacion y Enlace de la Secretaría General de Gobierno, Olivia Hidalgo Domínguez, ofreció a las activistas una reunión donde la consultora con su equipo presentan la metodología de las encuestas de entrada y salida, y de los talleres en un ejercicio de rendición de cuentas.
Presentan informes de seis de los nueve municipios con AVG de la AVG por agravio
Hidalgo Domínguez informó que el 5 de agosto, la Secretaría General de Gobierno cumplió con la entrega del programa de trabajo para atender la declaratoria de AVG por agravio comparado, que se declaró el 10 de junio pasado.
Aclaró que por complicaciones del Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres), se retrasó seis meses la reunión del Grupo de Trabajo de la alerta que evaluó el informe del gobierno del estado a la solicitud del mecanismos por falta de aplicación de la Norma 046 en el estado.
Ahora, dijo que tienen conocimiento de que el Grupo está por sesionar para hacer las observaciones y comentarios del programa que se presentó el 5 de agosto, y que las instituciones del estado desarrollarán en los próximos seis meses.
Informó también que los enlaces de la AVG por agravio comparado, son la magistrada Isela Vega por el Tribunal Superior de Justicia, y la diputada de Morena, Erika Valencia, en el Congreso local.
En otro tema, la Secretaria general gobierno presentó los informes de seis municipios, de nueve con declaratoria por violencia feminicida, de las sesiones de sus sistemas municipales para atender, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en 2019 y 2020: Acapulco, Coyuca de Catalán, Chilpancingo, Chilapa, Tlapa y Zihuatanejo.
A pregunta de Reyna Aguilar, se informó también que siete ayuntamientos no reinstalaron el sistemas de violencias en la actual administración municipal: Azoyú, Coahuayutla, Atenango, Quechultenango, Acatepec, Xalpatláhuac y Copanatoyac.
En cinco ni siquiera hay directora de instancias de la Mujer: Quechultenango, Mochitlán, Copanatoyac, Acatepec y Xalpatláhuac.
La secretaria de la Mujer, Maira Martinez Pineda, quien presidió la sesión de la Comisión, confirmó que hay resistencias en los ayuntamientos para atender sus obligaciones de ley, aunque reconoció la labor en sus territorios de muchas directoras de la Mujer.
El proyecto de María de los Ángeles Fromow
Otro de los puntos del orden del día, fue la presentación del informe de los proyectos de 2019 para la atención de la AVG por violencia feminicida, con recursos federales, a cargo de la consultoría de la ex fiscal de delitos electorales hace dos sexenios, y secretaria ejecutiva de la Junta de Coordinación para la Implementación del Sistema de Justicia penal, en la administración anterior.
La ahora consultora de estrategias corporativas, jurídicas, de prospectiva legislativa, violencia de género y relaciones públicas, entre otros, informó que se diseñó la campaña de difusión con enfoque intercultural, a partir de la aplicación de 867 encuestas en los nueve municipios alertados.
Se busca conocer la percepción ciudadana sobre la violencia hacia las mujeres, y determinar medio idóneos de difusión. Del análisis de la información, consideró “alarmante” que sólo poco más de la mitad de los encuestados saben dónde denunciar la violencia.
Así también se echaron a andar las campañas “cambiemos la ruta”, dirigida al transporte público, y “Juntas”, que consistió en 16 recursos gráficos impresos, cinco spot de televisión y tres spots de radio.
Con estos proyecto se actualizó el proceso de modelos regionales de atención a mujeres víctimas de violencia, a partir de la investigación documental, a través de encuestas, Además, se capacitaron a 450 funcionarios municipales.
Para 2020, Carranco Vidal aclaró el estado concursó con cuatro proyectos en la convocatoria de Conavim, y sólo se aprobó uno para reforzar las acciones institucionales de la Fiscalía General del Estado.
Costos altos y pobres resultados: activistas
Al final, en asuntos generales, las activistas manifestaron sus dudas e inconformidad por la contratación de una consultora, y sus resultados.
Reyna Aguilar preguntó si los documentos presentados en la página Zona Violenta son los productos finales de los proyectos, porque el protocolo de Primer respondiente con perspectiva de género “está muy pobre”.
Indicó que sólo tiene 17 páginas, y una es de portada, otra de índice, otra de generalidades y ocho páginas de glosario. Agregó, “¿porqué tomaron la decisión de hacer otro protocolo si ya teníamos uno”.
Señaló otro documento de actualizaciones a modelos regionales, de 10 páginas y un costo de 589 mil pesos.
Texto: Lourdes Chávez / Foto: Archivo
