Ciudad de México, 16 de julio 2023. A 10 años de que la ley contra el acoso y la violencia escolar en Nuevo León entró en vigor, el problema no solo continúa, sino que se ha agravado, al mismo tiempo que sube la exigencia de medidas disciplinares “ejemplares”.
El 1 de julio de 2013, ante una mayor visibilización del bullying en el Estado, la nueva norma ordenaba medidas como contar con un psicólogo o trabajador social “debidamente titulado” en cada escuela, no lo que ha sucedido.
En 77 artículos, la ley define temas como los derechos de “los alumnos receptores de acoso o violencia escolar” y pide la integración de un Consejo que, entre otras funciones, planee una campaña de prevención.
“Acoso escolar es la forma de agresión o maltrato psicológico, físico, verbal, sexual o cibernético, dentro o fuera de las instituciones educativas públicas y privadas, que recibe un alumno por parte de otro u otros alumnos, de manera reiterada, y sin provocación aparente por parte del receptor”, establece la ley.
“Entorpeciendo su rendimiento escolar, de integración social, así como su participación en programas educativos, perjudicando su disposición de participar o aprovechar los programas o actividades educativas del centro escolar, al hacerle sentir un temor razonable a sufrir algún daño de cualquier tipo”.
A una década de su publicación, la ley no sólo no se cumple, sino que es desconocida.
En situaciones graves de acoso y de agresiones entre estudiantes se han reportado peleas físicas entre los mismos padres de los involucrados.
Y aunque hace 10 años el potencial de las redes sociales ya se mencionaba en la ley, las historias de ciberbullying han aumentado considerablemente, especialmente en San Pedro y Monterrey.
¿Medidas o sanciones?
Desde un niño que dejó la escuela porque lo molestaban hasta casos de depresión o incluso de suicidio debido al acoso son historias a los que las escuelas suelen enfrentar.
De acuerdo con el Consejo Cívico, el año pasado hubo 446 casos de bullying reportados a la Secretaría de Educación del Estado y 25 hechos violentos en escuelas fueron informados por los medios entre el 2022 y lo que va de este año.
La encuesta “Cómo Vamos Nuevo León” señala que el 6 por ciento de los estudiantes de Nuevo León dijo haber sido víctimas de bullying en los últimos 12 meses, mientras que el 46 por ciento de los padres de familia considera que las autoridades escolares no toman las medidas efectivas.
Según el Reglamento de Disciplina Escolar, uno de los pocos mandatos de la ley que sí se han cumplido, según la gravedad de la falta, es la medida disciplinaria para el estudiante.
“Pero estas medidas se resumen en hablar con los alumnos, dialogar, dialogar, citar a los padres”, dijo un director de una primaria pública en Guadalupe.
“El Reglamento es respetuoso del derecho a la educación, pero eso a muchos papás no les convence. Ellos piden una expulsión, una suspensión o no dejar entrar al estudiante, un castigo que hacia los demás sea ejemplar.
“Ante esto, el papá (del niño ofendido) se queda insatisfecho, enojado o molesto”.
Ley sin aplicar
Entre lo que no se ha concretado está la creación del Consejo estatal de prevención de violencia escolar con los titulares de Educación, Salud, Seguridad, además de autoridades municipales, DIF, Comisión Estatal de Derechos Humanos, así como el Poder Legislativo, especialistas, académicos y asociaciones de padres de familia.
“Tiene que haber sesiones, estrategias, rutas críticas de acciones, y nosotros desconocemos de un consejo para la prevención de violencia escolar”, dijo a EL NORTE Betzabé Triana, coordinadora Construcción de Paz en Consejo Cívico.
“Puedes tener una ley muy bonita, pero si no se implementa, si no se convierte en una política pública, no va a pasar nada”, dijo Triana.
La semana pasada, el Consejo Cívico organizó junto con otras organizaciones de la sociedad civil los “Diálogos por la Paz”, en donde el tema fue “Violencia escolar en Nuevo León: La relevancia de detectar situaciones de riesgo para disminuirlas”.
Sofialeticia Morales, Secretaria de Educación del Estado, participó en esa jornada y respondió que es primordial “identificar, contener y escuchar las emociones que vinieron después de la pandemia”. Afirmó también que no es un tema aislado de Nuevo León, sino que es una problemática a nivel mundial.
Habló del nuevo Instituto de Educación Socioemocional, antes Instituto de Salud Mental, como una estrategia contra la violencia escolar.
“Sin embargo, no lo ubicamos dentro de la estructura”, señaló Triana, “cómo se localiza, quién está a cargo, qué facultades tiene, qué estrategias”.
Ante este panorama, sin medidas concretas ni presencia de especialistas adecuados, el acoso en las escuelas parece ser un problema irrefrenable y a la alza.
Encabeza SP ciberbullying
De acuerdo con un estudio realizado en algunos colegios por Rebeca Garza Buerón, consultora en ciberseguridad en escuelas, el municipio con mayor índice de ciberacoso en el área metropolitana es San Pedro con un 25.3 por ciento de niñas, niños y adolescentes que han sido víctimas del ciberacoso.
Le siguen Monterrey, con 23.3 por ciento, y Guadalupe, con 20.7 por ciento.
Los tipos de ciberacoso más comunes son, de acuerdo con este estudio: envío de mensajes o imágenes crueles o amenazantes, excluir a alguien de un grupo social o actividad, difusión de rumores falsos o vergonzosos sobre alguien.
Pero uno de los mayores problemas es que en escuelas, colegios y padres de familia no se reconoce la existencia del bullying y ciberbullying, indicó Garza Buerón.
“Hablar de esto es de mucho miedo, porque no vaya a ser que mi hijo vaya a ser más afectado”, contó.
“No hay denuncias, no hablamos porque se complica la cosa. Hemos sabido de papás que se han ido a pelear a parques o se amenazan a nivel alto o se mandan golpear”.
Garza Buerón está a favor del diálogo como camino a una cultura para resolver este problema.
“¿De qué sirve que se suspenda el alumno si al regresar lo hace sin ningún aprendizaje? Se suspende, pero ¿qué sigue, qué vamos a hacer para que no vuelva a suceder esto?”.
Texto y foto: Agencia Reforma
