Héctor Manuel Popoca Boone
¿Alguien ha visto a Vicente I. Suástegui Muñoz?
Como gobernador moral de Guerrero, debo manifestar que le asistía la razón al obispo de Chilpancingo-Chilapa, Salvador Rangel, cuando le solicitó públicamente a la gobernadora constitucional de nuestro estado una audiencia para hacerle de su conocimiento lo imperativo de dialogar con las delincuencias organizadas que tienen su señorío en las regiones Norte, Centro y Montaña en torno a buscar senderos que conduzcan a una paz duradera y creativa y no a la de los sepulcros y desaparecidos.
La respuesta del “triunvirato de la novatez gubernamental” no se dejó esperar. La gobernadora, Evelyn Salgado Pineda, respondió que no era necesario escucharlo, puesto que su gobierno tenía una estrategia propia para eso. La secundó el secretario general de Gobierno, Saúl López Sollano así como el “senador patriarcal”, Félix Salgado Macedonio, quién remató con la sentencia: “Dad al César lo que es del César…”; en otras palabras, le dijo al obispo Rangel que no se metiera en lo que no era de su competencia. Tal y como en su tiempo Héctor Astudillo y Florencio Salazar se lo manifestaron al prelado.
Días después, la gobernadora semi rectificó su error y mencionó que siempre sí le daría la audiencia al obispo, pero que “lo escucharía como un ciudadano más”. Ante esa posición de soberbia y falta de conocimiento de la realidad, el arzobispo de Acapulco salió al quite en apoyo de su compañero de la diócesis de Chilpancingo-Chilapa. Como era de esperarse, dicha reunión no se dio por razones baladíes y el derramamiento de sangre tan temido cundió, ante el vacío de poder gubernamental generado por la renovación gubernamental, la rotura de posibles acuerdos de la delincuencia y el gobierno del pasado, la lucha de poder por el control de territorios y para colmo, con una Fiscalía estatal acéfala.
Resultante de lo anterior, tenemos hoy asesinatos de civiles y policías comunitarios; gente desaparecida y comunidades acosadas; la ejecución, vil y a sangre fría, de un relevante luchador social-maestro universitario y de su hijo.
El descontrol social de la región es vasto y la población se recluye, algunos ciudadanos toman las armas a manera de “autodefensas”. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos emite las primeras recomendaciones al nuevo gobierno de Guerrero, mientras éste y su propia estrategia quedan en la inopia habiendo tomado las fuerzas armadas federales y la guardia nacional el control de las regiones afectadas.
Adenda 1. También causa pesar, el juego frívolo del Poder Legislativo local y del Poder Ejecutivo estatal en torno a la designación del nuevo fiscal del estado a resultas de la renuncia intempestiva y nunca bien explicada del anterior fiscal que físicamente huyó del escenario público.
Después de un “toma y daca”, quedaron tres opciones para que decida el Congreso local: dos personajes cercanos al “senador patriarcal” y una abogada no tan cercana. Los tres ya fueron impugnados por una ciudadana, por la vía del amparo indirecto, ante un juez federal, que le dio entrada.
El antecedente histórico que marca los desempeños de la mayoría de los fiscales estatales es por todos conocido: aun cuando de jure el fiscal goza de autonomía para llevar a cabo sus responsabilidades, de facto no es más que un funcionario subordinado al gobernador (a) en turno; a través del secretario general de Gobierno y, en este caso, también del “patriarca gubernamental”.
Adenda 2. La actual Legislatura local sigue con el estilo de antaño para aprobar la iniciativa de decreto del Presupuesto de Egresos estatal 2022. O sea, demorar lo más posible el inicio de su análisis, para así aprobarlo por la vía del fast track, sin mayor discusión. Al final de cuentas, será una gran farsa porque la ley estatal 454 de presupuesto y disciplina fiscal (modificada el 11 de noviembre de 2016) autoriza al gobernador (a), hacer y deshacer como disponga el gasto destinado a la inversión pública, sin darle mayor aviso al Congreso local. ¡Uf!
Dicha claudicación que practicaron las dos legislaturas anteriores –de mayoría morenista– le costó a Guerrero la gran debacle en las finanzas públicas, provocada por el entonces gobernador Héctor Astudillo Flores, el secretario de Finanzas y el Contralor del estado. Este último, erróneamente ratificado en su puesto por el actual gobierno tricéfalo. ¡Uf! ¡Uf!
