¿Qué está sucediendo con los casinos en México? Cada vez son más los casinos que operan en el país, tanto físicos como online. En lo que respecta a estos últimos, han proliferado a un ritmo vertiginoso en los últimos años.
Hoy en día, los casinos online en México están dando mucho que hablar, ya que cada vez están llegando más operadores nuevos al país. Solo hace falta hacer una búsqueda rápida para descubrir en casino.mx una amplia lista de casinos online disponibles en México, en donde vemos desde los grandes nombres del sector como pequeños operadores que están buscando su cacho del pastel en el mercado. Sin embargo, no son pocos los sucesos que se están dando últimamente en el sector, los cuales están generando cierto revuelo entre los operadores.
El pasado mes de septiembre un tribunal arbitral resolvió, por dos votos contra uno, que el gobierno mexicano, y concretamente la Secretaría de Gobernación, deberá pagar una multa por valor de 92,7 millones de dólares tras haber violado el Tratado de Libre Comercio de América del Norte al revocar los permisos de cinco casinos. Estos pertenecían a un grupo de 39 inversores estadounidenses y estaban ubicados en las provincias de Naucalpan, Villahermosa, Ciudad de México y Cuernavaca.
El caso, conocido como B-Mex LLC contra México, fue resuelto el día 16 de septiembre. El tribunal, compuesto por Gaëtan Verhoosel como presidente, Gary Born como árbitro nombrado por los demandantes y Raúl Vinuesa como árbitro nombrado por México; dictaminó en la sentencia que el gobierno mexicano deberá pagar una indemnización a favor del grupo estadounidense. La misma podría superar los 100 millones de dólares, puesto que incluye los intereses acumulados desde hace más de 10 años, que son del 4,57% anual. No obstante, la parte afectada solicitaba una multa de 152,4 millones de dólares. “Los casinos operaban bajo la razón social Juegos de Video y Entretenimiento, y la Segob los cerró por problemas heredados por la empresa Entretenimiento de México”, detallaron en un comunicado de prensa.
El suceso se remonta a 2014, año en el que el Estado revocó las cinco licencias de dichos casinos. No fue hasta el 2016 cuando el grupo de inversores denominado B-Mex LLC presentó la denuncia, que obtuvo el visto bueno el pasado junio de este 2024. Según se puede leer en el fallo, publicado en el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), “El tribunal resolvió, por dos votos contra uno, que el Gobierno federal, y en particular la Secretaría de Gobernación, violaron el derecho de los inversionistas a un trato justo y equitativo, bajo reglas del Tratado de Libre Comercio de América del Norte”. Además, el Gobierno también tendrá que hacer frente a una multa por valor de 4.5 millones de dólares, los cuales corresponden a “los derechos que ya no se ejercieron para abrir dos casinos más y un casino online”, así como el pago de los gastos de abogados y costos de arbitraje, que suma un total 7,5 millones de dólares.
Este no es el primer desencuentro que se da entre el Gobierno mexicano y los operadores de casinos del país. Ya a principios de este mismo año se presentaron 12 acciones de amparo contra la reforma al Reglamento de la Ley Federal de Juegos y Sorteos, según la cual quedan prohibidas las máquinas tragamonedas y se reduce la duración de los permisos a los casinos a 10 años como máximo, en comparación con los 25 años de duración que antes dictaminaba la ley. En palabras de Miguel Ángel Ochoa, presidente de la Asociación de Permisionarios y Proveedores de Juegos y Sorteos, las máquinas tragamonedas suponen el 85% del negocio, por lo que el nuevo reglamento supone una gran pérdida para el sector.
La reforma realizada en la Ley de Juegos y Sorteos es la primera que se realiza en casi 80 años, desde que, en 1947, en la presidencia de Alemán, se lanzó la legislación anterior a la actual. El principal cambio que ha implicado la reforma es que no se podrán otorgar nuevos permisos para operar con máquinas tragamonedas, al igual que tampoco se renovarán las licencias ya existentes. Esto último ha generado cierta controversia en los operadores, quienes señalan haber obtenido sus licencias tras someterse a un largo proceso que se ajustaba a la ley vigente en el momento.
Además, tal y como sucedía anteriormente, los juegos de azar no autorizados por la ley pueden acarrear multas que van desde los cinco a los cien mil pesos, así como penas de un mes a dos años en prisión. Dentro de estos juegos quedan exentos los regulados por el Gobierno, como lo son los casinos permitidos por la ley y las loterías nacionales. Eso sí, hay que recalcar que los casinos deben limitarse a los juegos que puedan considerarse ‘sorteos’, es decir, que obedezcan única y exclusivamente al azar y no a la habilidad del jugador. Sin embargo, el motivo de disputa surge en la concesión de licencias, la cual ha recibido múltiples críticas por considerarse ambigua y poco transparente. Del mismo modo, son muchos los que han cuestionado los motivos del Gobierno para prohibir las máquinas tragamonedas, puesto que estas obedecen únicamente al azar y, bajo esa premisa, deberían estar permitidas.
Tan es así que el pasado junio la Justicia federal de México declaró inconstitucional la última reforma. El fallo, que fue firmado por el juez Décimo Sexto de Distrito en Materia Administrativa, concedió tres amparos presentados por operadores de casinos en contra de la prohibición de las máquinas tragamonedas. Además, el juez consideró que la ruleta y los naipes también deberían ser legales en el país.
Lo cierto es que la ley no parece ser lo suficientemente clara teniendo en cuenta que estamos hablando de un sector que no deja de crecer, tanto dentro de nuestras fronteras como en el resto del mundo. Por el momento, habrá que esperar a ver las próximas decisiones del Estado al respecto.
