El vocero Salvador Alanís señala que el gobierno no actuó contra la UPOEG en Xaltianguis, cuando el Frente denunció saqueos y desplazamiento de familias.
Chilpancingo, Guerrero, 13 de mayo de 2019. El vocero del Frente Unido de Policías Comunitarias del Estado de Guerrero, Salvador Alanís Trujillo, recriminó que no hubo detenciones ni se implementó una Base de Operaciones Mixtas (BOM) en Xaltianguis, después de que el 7 de marzo esta organización denunció robos, saqueos y familias desplazadas por la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG).
Aclaró que la operación conjunta de militares y corporaciones policiacas ocurrió luego de que el Frente sacó del poblado a los integrantes de la UPOEG, en respaldo al grupo de Policía Comunitaria conocido como Los Dumbos.
En esa intervención armada hubo tres policías ciudadanos muertos y cuatro heridos de la UPOEG, uno de los cuales murió este domingo en el hospital. “Lamentamos que después de ahogado el niño, soltamos el llanto. Este trabajo (por la seguridad) debe ser responsabilidad compartida”, insistió.
Consultado vía telefónica sobre la demanda del gobernador, Hector Astudillo Flores, para que la Fiscalía General del Estado proceda contra civiles armados en Xaltianguis, y la ilegalidad de los grupos de policías comunitarios en la zona, que señaló el secretario de Seguridad Pública, David Portillo Menchaca, aclaró que después de aquel llamado a las autoridades, no hicieron nada.
Recordó que los movimientos de ciudadanos armados surgieron porque el gobierno no garantizó el derecho a la seguridad, “no es casualidad que en el Frente seamos casi 12 mil personas armadas, y te puedo decir que donde esté el Frente, vas a notar los índices delictivos más bajos en el estado, según la estadística oficial”.
Insistió que gobiernos y policías comunitarias debe ir viendo la manera de equilibrar la balanza “para que ambos pacifiquemos el estado”.
Aclaró que siempre ha propuesto en las mesas de trabajo con las autoridades, y en un foro en el Senado, precisamente que el gobierno retome su función primordial de garantizar seguridad, educación, salud a la población, que se restablezca el Estado de derecho.
“Cuando me pregunta cómo le vamos a hacer…, creo que el Estado debe tomar su responsabilidad y darnos ese derecho. En cuanto el Estado lo haga, no tendremos necesidad de estar armados”.
Portillo Menchaca confirmó que es política federal que las fuerzas de seguridad pública y armadas garanticen la seguridad en las comunidades donde hay presencia de policías comunitarios, para que la población que se armó por la inseguridad, ya no tenga razón de ser y vuelva a sus oficios.
Alanís Trujillo precisó que cuando “exista orden en Acapulco, en Chilpancingo, en los pueblos donde estamos, ese día nosotros vamos dejar el arma colgada en un rincón de la casa, y nos vamos a dedicar a trabajar, todas las autodefensas que pertenecen al Frente, los policías comunitarios, somos ciudadanos que tenemos un trabajo, y que damos parte de nuestro tiempo, para cuidarnos porque el gobierno precisamente ha fallado en ese aspecto”.
De las acusaciones mutuas de grupos civiles armados de atropellos, delitos y vínculos con la delincuencia organizada, el vocero del Frente, consideró que el profesor Daniel Adame, ya aclaró que Los Dumbos no son un grupo delictivo.
Por otro lado, el Frente, no apoya a personas con vínculos con la delincuencia. “Algunos dicen que el Frente pertenece al crimen o a un cártel grande. No, nosotros somos independientes, las policías comunitarias se hicieron precisamente para combatir a los grupos delictivos”.
Aseguró que la muestra es que combatieron a la Familia Michoacana, “ahora estamos peleando duro con el Cartel del Sur, ya peleamos con los Guerreros Unidos, en su momento en el Valle del Ocotito sacamos a Los Rojos. Y nos dicen que somos Rojos, que somos no sé qué cuántos cárteles”.
Alanís fue de los primeros ciudadanos que se integraron a un grupo de Policías Comunitarios en El Ocotito de la UPOEG. Con otros líderes y comunidades constituyeron después el Frente Unido para la Seguridad y el Desarrollo del Estado de Guerrero (FUSDEG) debido a fuertes divergencia con líderes de la UPOEG.
Ahora, el FUSDEG sólo está presente en la cabecera municipal de Juan R. Escudero, Tierra Colorada. La UPOEG mantiene presencia en algunos poblados del valle del Ocotito.
Coincidió que en un Estado de derecho no debe haber grupos civiles armados, sin embargo“en el Frente estamos peleando contra los cárteles que han estado azotando a la población de Guerrero, y así vamos a seguir haciéndolo, la violencia suena mal, pero es el único camino que nos ha dejado el gobierno, de agarrar un arma y sacar a balazos a quien nos está mancillando en un pueblo”.
Denunció que la UPOEG también lo desplazó del Valle de Ocotito en 2016, como ahora a las familias de Xaltianguis. En el caso del Valle de Ocotito, aseguró que han denunciado a las autoridades 50 muertos en dos años, y las autoridades tampoco han actuado.
Precisó que el movimiento por la seguridad de los pueblos no se va a detener mientas el gobierno no asuma su papel en la seguridad, “lo vamos a seguir haciendo hasta el día que recuperemos la confianza en las autoridades”.
Rechazó de manera categórica cualquier vínculo con cualquier grupo delictivo, sea estatal y nacional.
Texto: Lourdes Chávez / Foto: Jessica Torres Barrera
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