Las tres instituciones contaban con los datos de prueba para resolver la aprehensión de los policías implicados y atender la crisis política que se generó, y no lo hicieron, dice el abogado de Tlachinollan. Se debe procesar a los autores del crimen e investigar la participación de funcionarios de alto nivel en los hechos y las primeras horas después, plantea
Chilpancingo, Guerrero, 14 de marzo de 2024. El abogado del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, Vidulfo Rosales Sierra, señaló que la disposición al diálogo que dicen tener las autoridades de gobierno con los movimientos sociales, se debe reflejar en resultados, si no, de nada sirve.
En el asesinato del normalista de Ayotzinapa Yanqui Kothan Gómez Peralta, por parte de policías estatales, la noche del jueves 7 de marzo, indicó que la respuesta al diálogo es que sean procesados los responsables, y que haya una investigación seria de la actuación de funcionarios de alto nivel en las primeras horas de los hechos.
Consultado en el Congreso, donde acompañó la gestión de promotores de nuevos municipios, el abogado consideró que la Secretaría de Seguridad Pública del estado, y las Fiscalías local y federal tienen responsabilidades en la fuga de uno de los tres policías implicados en el ataque a los normalistas.
Afirmó que la SSP en ningún momento puso a disposición de la FGE a los policías involucrados en la agresión a los estudiantes a balazos, contrario a las declaraciones del secretario general de Gobierno, Ludwig Marcial Reynoso Núñez, a medios de comunicación.
Aclaró que fueron los policías imputados los que pusieron a disposición de la Agencia de Ministerio Público al estudiante detenido, Osiel Faustino Jimón Dircio, hasta las 7:05 de la mañana del viernes 8.
Ahí, en la vía de los hechos, indicó que como a mediodía, el agente de MP retiró sus armas a los agentes, los consideró imputados y los retuvo hasta las 7 u 8 de la noche del mismo sábado, al grado de que los policías interpusieron un amparo que recayó en la Juzgado Séptimo de Distrito, contra la detención y retención de la que estaban siendo objetos.
Estimó que al final, la FGE no decretó la retención legal, porque la FGR pidió la atracción del caso.
“Por eso creíamos que ya estaban detenidos, (pero) con todo el papeleo de enviar el expediente a la FGR, (los abogados) no tuvimos tiempo de revisar todo, y consideramos que ya los habían remitido (a la federación) con la carpeta de investigación, y que allá, iba a seguir el término de 45 horas. Nos extrañó que luego no hubiera nada”.
Supieron que los policías volvieron esa noche a las instalaciones de SSP, en condición de libertad. Entonces, la Secretaría debió abrir un expediente, para verificar si hubo uso excesivo de la fuerza y decretar el arresto administrativo, por lo menos de 36 horas, con vigilancia para evitar la evasión de la justicia, que no se hizo.
La FGR, que el viernes en la noche atrajo formalmente el caso por violaciones a los derechos humanos, para el sábado 9 sólo estaba esperando las videograbaciones del C-4, que recibió del gobierno estatal a las 8 de la noche, para solicitar a un juez las órdenes de aprehensión de los tres policías que debía tener en custodia la SSP, y detenerlos a más tardar el domingo. Tampoco lo hizo.
El martes 12 de marzo, el presidente Andrés Manuel López Obrador reveló que uno de los tres policías se había fugado. Ayer, miércoles 13, la SSP informó que a las 7:25 de la noche entregó a la FGR, a los dos policías estatales involucrados en los hechos.
Horas antes, Rosales Sierra cuestionó la actuación de las tres instituciones ante un homicidio que se acababa de cometer, a pesar de que contaban con los datos de prueba para resolverlo, y atender al mismo tiempo la crisis política que se generó por este motivo.
“Tienes que aplicar órdenes de aprehensión rápido, sin prejuicio de que continúen las investigaciones a la posible responsabilidad de otros servidores públicos, si no al rato, se va a fugar otro policía”, enfatizó.
Repudió que “todo mundo abdica de su responsabilidad: la FGE dice ‘a mí nunca me lo pusieron a disposición’; la SSP dice, ‘pues a mí no me toca decretar la detención legal’, y la FGR dijo, ‘yo no tengo detenidos’, porque jurídicamente no tiene términos para solicitar la orden de aprehensión, podría investigar un mes, dos meses, sin importar la crisis social”.
De las declaraciones del presidente sobre el seguimiento del caso, opinó que fueron de respaldo a los normalistas, “pero si él dice que no va a hacer impunidad, que se traduzca eso en acciones concretas, (porque) al otro día se conoce la fuga de un responsable. Como que la palabra del presidente no tiene efectos con las autoridades locales”.
La resortera en Palacio Nacional
De la exposición de la resortera por López Obrador en la conferencia de prensa, de las que dejaron los estudiantes de Ayotzinapa tras la protesta del 6 de marzo, donde derribaron la puerta de Palacio Nacional, el también abogado de las madres y padres de los 43 normalistas desaparecidos, consideró que el mandatario debería atender las causas, en lugar de buscar culpables de esta acción.
Recordó que el presidente no dio respuesta a la petición de audiencia, “tuvo la oportunidad de hacerlo y no lo hizo, eso fue polarizando la relación y derivó en la protesta del día 6”.
Continuar buscando quién fue el culpable de los daños a la puerta del Palacio Nacional, y exhibir una resortera como arma letal, la más peligrosa del siglo, conduce “a un debate estéril”, señaló.
Confió en que los llamen al diálogo para darle seguimiento a la investigación de los crímenes del 26 y 27 de septiembre de 2014 en Iguala.
Texto: Lourdes Chávez / Foto: Jessica Torres Barrera
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