Anuncia la viuda Martha Obezo que solicitará que la investigación sea atraída por al Fiscalía General de la República. En Guerrero ya no hay más que hacer, “aquí sólo hay una década perdida, una década de impunidad”, señala.
Chilpancingo, Guerrero, 20 de agosto 2019. A 10 años del asesinato del diputado perredista y presidente de la Comisión de Gobierno del Congreso local, Armando Chavarría Barrera, el caso sigue en la impunidad y estancado en la Fiscalía General del Estado (FGE). Mientras que los familiares siguen sin conocer el expediente y tuvieron que recurrir a un amparo, que resolvió a su favor en junio pasado el Juzgado Décimo de Distrito.
La viuda de Armando Chavarría, Martha Obezo Cázares, informó este lunes que, sin embargo, no ha encontrado quien la represente legalmente para recibir la información porque, dijo, “estoy convencida de que ese expediente debe tenerlo en sus manos un equipo de abogados experto, con la capacidad de hacer un análisis, estudiarlo como se requiere”.
Agregó que no abriga muchas esperanzas en cuanto a que haya avances en el documento que conduzcan a saber quiénes son los responsables materiales e intelectuales del crimen, porque “si en 10 años no hubo avances, no creo que en dos meses (julio y agosto) hayan encontrado algo nuevo”.
Anunció que en los próximos días pedirá que el caso lo atraiga la Fiscalía General de la República (FGR), porque en Guerrero ya no hay más que hacer, “aquí sólo hay una década perdida, una década de impunidad”.
Obezo Cázares lamentó que, durante los 10 años transcurridos desde el asesinato, las investigaciones no hayan arrojado ningún resultado efectivo, y que, en cambio, los hechos y las pruebas hayan sido manipulados desde el principio, “intentando desviar hacia móviles insostenibles”.
Desde el 20 de agosto de 2009, día del asesinato de Chavarría Barrera, el gobierno estatal, entonces encabezado por Zeferino Torreblanca Galindo, habló de cuatro líneas de investigación: delincuencia organizada, grupos armados, entorno familiar y entorno político.
Las dos líneas que se fortalecieron
Ya casi al final de su mandato, en marzo de 2011, el entonces gobernador Torreblanca Galindo informó que el caso estaba cerrado en un 99 por ciento y que sólo faltaba detener a los culpables. Entonces se supo que presionaba al Juzgado Séptimo de distrito, para que liberara las órdenes de aprehensión en contra de cuatro supuestos miembros del Ejército Revolucionario del Pueblo Insurgente (ERPI).
Sin embargo, la intención del gobernador fue rechazada por el juez que tuvo el caso, debido a que el expediente carecía de las condiciones jurídicas para ser consignado. La decisión del juez fue ratificada por el Tribunal Unitario de Circuito, mientras que la entonces Procuraduría de Justicia nunca informó a la familia del victimado respecto al fortalecimiento de esta línea de investigación.
El 18 de agosto de 2014, El Sur dio a conocer un testimonio ministerial, en el que se acusaba al ya ex gobernador Torreblanca de haber ordenado el asesinato de Armando Chavarría, en el que se revelaba que el crimen había sido ejecutado por agentes de la Procuraduría General de Justicia del Estado en activo, encabezados por el comandante Trinidad Zamora Rojo.
La información fue confirmada en declaraciones por el ex procurador Alberto López Rosas y, también, por el entonces procurador Iñaki Blanco Cabrera, aparecidas al día siguiente en El Sur.
La imputación al ex gobernador Torreblanca Galindo surgió de la declaración que el comandante de la Policía Ministerial, Trinidad Zamora, rindió ante la Procuraduría de Justicia en junio de 2011.
El comandante habría confesado su participación en el asesinato del diputado Armando Chavarría y habría dado a conocer los nombres de los demás participantes, también agentes ministeriales. Entonces revelaría que actuaron por órdenes del gobernador Zeferino Torreblanca.
Días después de rendir su testimonio, el comandante Zamora Rojo fue asesinado y su cuerpo arrojado en las cercanías de la Procuraduría.
El informe Justicia Fallida en el Estado de Guerrero, de Open Society Fundation, refuerza esta versión. Refiere que en junio de 2011, Trinidad Zamora declaró ante el entonces procurador general de Justicia, Alberto López Rosas, haber participado en el homicidio de Chavarría Barrera, junto con otros miembros de la Policía Investigadora Ministerial, por órdenes del gobernador Torreblanca Galindo.
Incluso, refiere que Zamora Rojo manifestó temer por su vida, pero nunca se le brindó protección y, por el contrario, se le designó como comandante de la región de Chilapa, una de las más peligrosas por la violencia.
Dos días después de que declarara ante la Procuraduría de Justicia, y el mismo día que ocupó el cargo de comandante en Chilapa, hombres armados, presumiblemente miembros del grupo delictivo de Los Rojos, atacaron la sede de la Policía Ministerial y a pesar de que pidió apoyo, sus compañeros no acudieron a auxiliarlo, y el jefe policiaco fue raptado.
Al día siguiente, su cuerpo fue encontrado cerca de la Procuraduría General de Justicia, desollado y decapitado, con los dedos de la mano mutilados dentro de la boca.
“Las notas encontradas en su cuerpo advirtieron a otros de las consecuencias en caso de traición”, refiere el citado informe.
Esta misma línea de investigación fue proporcionada a la familia del diputado perredista asesinado, directamente por el entonces procurador Alberto López Rosas, quien se comprometió a llevar hasta sus últimas consecuencias la investigación y castigar a los culpables.
Sin embargo, derivado del asesinato de los estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, Gabriel Echeverría de Jesús y Jorge Alexis Herrera Pino, el 12 de diciembre de 2011, durante un desalojo en la Autopista del Sol, López Rosas fue destituido del cargo y el entonces gobernador Ángel Aguirre Rivero frenó las investigaciones del caso Chavarría, denunciaría después la viuda Obezo Cázares.
Como consecuencia de estos señalamientos, el 2 de septiembre de 2014, la Procuraduría del Estado citó a comparecer al ex gobernador Zeferino Torreblanca, y a pesar de que la Procuraduría informó que la comparecencia duró unas 10 horas, no tuvo ninguna consecuencia, pues el ya ex gobernador fue citado en calidad de testigo y no de indiciado.
Según la viuda, a pesar de que hay señalamientos directos hacia él, la Procuraduría no desarrolló una línea de investigación, no actuó contra él, ni ha recabado la declaración de los agentes ministeriales presuntamente inculpados.
Poco después de estos hechos, la familia solicitó al entonces gobernador Ángel Aguirre y, posteriormente, también al gobernador sustituto Rogelio Ortega Martínez, la creación de una fiscalía espacial, que se encargara de profundizar las investigaciones, pero esa propuesta no prosperó.
En un testimonio de Obezo Cázares en el informe Impunidad: la deuda del Estado mexicano en Guerrero frente al acceso a la justicia, del Centro de Derechos de las Víctimas de Violencia Minerva Bello (Centro Minerva Bello), refiere que desde la Procuraduría se obstruyó “con criterios políticos y burocráticos el nombramiento del profesional del derecho que se proponía como fiscal”.
En 2017, el entonces fiscal Javier Olea Peláez recibió en audiencia a Martha Obezo, quien le solicitó por escrito las copias certificadas del expediente de la investigación del caso. Pero como sus antecesores, Olea Peláez se las negó.
Sin embargo, en ese encuentro Javier Olea le comentó que estaba en la última etapa de la investigación, y que la línea concluyente era la guerrerilla, sin abundar en la información, pero exoneró al ex gobernador Torreblanca Galindo.
El 26 de junio de ese año, en comparecencia ante el Congreso local, Olea Peláez ofreció que “en dos semanas, máximo tres”, revelaría los nombres de los asesinos de Armando Chavarría y que habría determinaciones. Sin embargo, lo que entregó fueron cuatro hojas con la conclusión de sus supuestas investigaciones, y turnó el expediente al Tribunal Superior de Justicia del Estado.
El 21 de noviembre de 2018, la Cuarta Sala Penal confirmó el auto, que resuelve el ejercicio de la acción penal del 14 de septiembre de 2017, donde se niega la orden de aprehensión en contra de los presuntos implicados, miembros del ERPI, dictado por el juez primero de Primera Instancia del Ramo Penal, del Distrito Judicial de los Bravo.
Luego, ante lo que llamó negación de justicia y por el “cúmulo de atrocidades impunes en Guerrero, en septiembre de 2015 la viuda de Chavarría presentó, a través del presidente de la Red Solidaria Década contra la Impunidad, Raúl Vera López, la petición de la admisibilidad del caso a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
En el informe Impunidad: la deuda del Estado mexicano en Guerrero, del Centro Minerva Bello, Martha Obezo se queja de que diez años después, el caso sigue en etapa de investigación, “sin avance alguno”.
Vía telefónica, informó este lunes que el 5 de diciembre de 2018 presentó un amparo en el Juzgado Décimo de Distrito del Vigésimo Primer Circuito, en el que reclamó “la ilegal e infundada” negativa de las copias de la averiguación previa que ha solicitado.
La resolución se emitió en junio pasado a su favor, por lo que ahora la Fiscalía debe expedirle las copias certificadas.
Sin embargo, informó que ha buscado el acompañamiento legal de abogados, “con la capacidad, experiencia, la cobertura y las relaciones necesarias para que pueda analizar un expediente de esa importancia, pues no iba a apersonarme sola a recibir esas copias”, dijo.
Agregó que, en Guerrero, desde el inicio nadie quiso tomar el caso, y que los únicos abogados que aceptaron fueron de la Ciudad de México, pero fueron hostigados y amenazados, y tuvieron que dejarlo.
“Eso nos habla de la complejidad del caso y de todo lo que lo rodea, por eso no se ha podido. Pero yo confió en que en estos próximos días pueda lograr el acompañamiento que se requiere, cuando menos de las organizaciones no gubernamentales”, declaró.
Dijo que lo esperado es que hubiera acudido de inmediato a recoger el expediente, “pero por las condiciones en que se encuentra el estado, por la propia situación del caso, no ha sido posible. Yo estoy convencida de que ese expediente debe tenerlo en sus manos un equipo de abogados experto, con la capacidad de hacer un análisis, estudiarlo como se requiere y en esa búsqueda he estado, por esa razón no he acudido”.
Añadió que la motiva el hecho de que al haber un cambio en el gobierno federal, se están moviendo algunas cosas, como acabar con la impunidad.
“En ese sentido, y porque este crimen ha implicado el descabezamiento del Poder Legislativo guerrerense, el gobierno federal debe radicar el caso inmediatamente a la Fiscalía General de la República”.
Agregó que entiende que el caso está estancado en la FGE y que las líneas que se han seguido, dan cuenta de que se han agotado las instancias para el esclarecimiento del caso en el estado de Guerrero.
Anunció que va a pedir formalmente, en los próximos días, la atracción del caso por la FGR, “creó que es lo que procede, lo que se tiene que hacer, aquí ya no le encuentro caso, ni sentido insistir”.
Argumentó que es necesaria una investigación que responda a los estándares de derecho internacional y que satisfaga tanto a la familia como a la sociedad guerrerense. “Aquí hay una década perdida, una década de impunidad”.
Texto: Zacarías Cervantes/Foto: José Luis de la Cruz
