Plantea el director de Tlachinollan que se destine presupuesto para el desarrollo en materia de infraestructura, caminos, salud y la defensa de su territorio. Los recursos se deben manejar en las comunidades por medio de los comisarios y no quedarse en los ayuntamientos que los usan para otros fines, expone en conversatorio organizado por la Sedepia
Chilpancingo, Guerrero, 12 de agosto de 2024. El director del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, Abel Barrera Hernández, planteó que con la reforma en materia de pueblos indígenas y afromexicanos, incluida en el llamado Plan C, se debe garantizar que los recursos públicos lleguen a los pueblos originarios para su desarrollo en infraestructura, salud caminos y la defensa de su territorio.
El sábado, en un conversatorio con motivo del Día Internacional de los Pueblos Indígenas, organizado por la Secretaría para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas y Afromexicano (Sedepia), Barrera Hernández habló sobre la reforma al artículo 2 constitucional, que es parte de las reformas constitucionales planteadas por el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, en el llamado Plan C, y que plantea reconocer a los pueblos originarios como sujetos de derechos públicos y políticos.
Barrera Hernández consideró que para que sea verdadero el apoyo a los pueblos originarios que se plantea en la reforma, se necesita que los recursos públicos lleguen verdaderamente a las comunidades, a las comisarías y no se quede sólo administrado por los ayuntamientos, que, aseguró, lo ocupan para negociar y condicionarlos.
“Los pueblos originarios no son sujetos de derecho público, pero esperemos que ahora que sí van a ser sujetos de derecho, el presupuesto llegue al cuarto piso (comisarios), que ya está llegando a través de los caminos artesanales, y se enojan los presidentes (municipales) porque quieren ejercer el recurso, se quejan por que lo manejan las comunidades y esa es la disputa. ¿Quién va a manejar el recurso de los pueblos? ¿Los que no son indígenas, lo que son mestizos, los que tienen otra agenda política?”, planteó Barrera Hernández.
Agregó que con la aprobación de la nueva reforma ya se podrá “defender con la ley en la mano el que el presupuesto tiene que llegar a los pueblos”.
Sobre el reconocimiento a los sistemas normativos, que también se plantea en la reforma, Barrera Hernández dijo que ese reconocimiento lo tendrán que garantizar las formas de gobierno a los pueblos indígenas, porque dijo que actualmente existe un reconocimiento parcial y que no es pleno.
“Los usos y costumbres actualmente se les reconoce, relativamente, porque todavía el juez, el Ministerio Público, el Tribunal, puede decir yo no reconozco la decisión que tomó la comunidad, esa es su jurisdicción, pero mi jurisdicción vale más que la de ustedes”, dijo Barrera Hernández.
Otro punto que hay en la reforma, expuso Barrera Hernández es que los pueblos serán consultados para cualquier tema que les atañe, que tendrán un derecho a ser consultados para que “cualquier obra, cualquier proyecto que atente contra sus derechos tenga que ser consultado por ley”.
La preservación del patrimonio cultural también se debge abordar en la reforma, planteó Abel Barrera, como proteger los bordados, los tejidos, la filosofía y los lugares sagrados para los pueblos indígenas.
El pasado 21 de febrero, en el Día Internacional de la Lengua Materna, el presidente López Obrador destacó que la iniciativa de reforma al artículo 2 de la Constitución garantiza los derechos de las comunidades y de los pueblos indígenas y afromexicanos del país.
En la conferencia matutina donde se anunció dicha reforma, el director general del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI), Adelfo Regino Montes, explicó que el eje de esta modificación —propuesta por el Poder Ejecutivo el 5 de febrero— es el reconocimiento de los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas como sujetos de derecho público, así como el establecimiento de una personalidad jurídica y el patrimonio propio desde la libre autodeterminación.
Con esta reforma se plantea que los pueblos indígenas y afromexicanos ejerzan sus derechos por sí mismos, sin ningún tipo de intermediación y tomar decisiones en sus asambleas, que serán respetadas por las autoridades del Estado.
Al conversatorio asistieron el delegado del INPI en Guerrero, Manuel Vázquez Quintero, el titular de la Secretaría para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas y Afromexicano (Sedepia) Abel Bruno Arriaga; el ex titular de dicha dependencia, y hoy diputado local electo, Pánfilo Sánchez Almazán y el ex diputado federal, Marcos Matías Alonso.
Texto: José Miguel Sánchez/ Foto: Jesús Eduardo Guerrero
