En el Conversatorio Regional Por una vida libre de violencia, destacan que las leyes para protegerlas han sido “letra muerta”, en particular en los sistemas municipales
Chilpancingo, Guerrero, 1 de octubre de 2020. En el sexto Conversatorio Regional en línea Por una vida libre de violencia, feministas de Costa Grande reconocieron la necesidad de estar informadas y unidas para exigir a los gobiernos municipales que cumplan con las acciones a favor de las mujeres señaladas en diferentes leyes, que han sido “letra muerta” en estas administraciones.
El espacio de análisis virtual convocado por la Red Estatal de Mujeres Por una vida libre de violencia y la Red Nacional de Alertistas, comenzó con la presentación de dato de referencia: 64 muertes dolosas con presunción de feminicidios en los siete municipios de la región, de 2017 a lo que va de 2020, documentados por el Monitor de Violencia de Género y Feminicidio de la Asociación Guerrerense contra la Violencia hacia las Mujeres (Agcvim).
De la Colectiva Raíz Guerrera, Diana Liliane Lacunza Ríos detalló que en Zihuatanejo, uno de nueve municipios alertados por violencia feminicida, hubo 26 casos, la mayoría en Coyuca de Benítez con 11, en Atoyac de Alvarez nueve, y en Petatlán siete.
De la organización Raíz Zubia, Susana Oviedo Bautista advirtió que Atoyac podría ser un “tiradero de cuerpos” para los victimarios de mujeres, porque en los límites con Coyuca de Benítez y los municipios de Tierra Caliente se ubicaron varios asesinatos.
Hubo cinco casos más en Tecpan de Galeana, cuatro en 2017, y uno en 2018; cuatro en La Unión, dos en 2017 y dos en 2020 y uno ocurrido en 2020 en Benito Juárez.
Las mismas activistas de la región investigaron y expusieron las condiciones en que operan los Sistemas Municipales para Prevenir, Atender Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres en los siete municipios, y la docente universitaria Juanita Guzmán Reyna, concluyó que si bien la mayoría se instalaron, sesionaron o se reunieron al menos una vez, su operación es limitada y fue muy difícil acceder a la información.
De la Colectiva Marejada, Colectiva Marejada, Rocío Hernández aseguró que en Zihuatanejo la población no sabe que hay una alerta de violencia de género declarada en el estado y de manera particular en el municipio, porque no hay acciones específicas del ayuntamiento.
Aseguró que después de que emitió un oficio fechado el 6 de octubre para comprometerse a atender la violencia de género, el gobierno municipal hace una actividad con un año de diferencia. En diciembre de ese año organizó la feria de un día con el eslogan Estamos contigo.
Funcionarios, en la desidia: Susana Oviedo
Las participantes coincidieron que es escaso el trabajo de los ayuntamientos si consideran las obligaciones señaladas en la Ley estatal 553 de Acceso a las Mujeres a una vida Libre de Violencia, y en la Ley Orgánica del Municipio Libre, donde señala que los sistemas municipales para atender las violencias contra las mujeres deben instalarse en los primeros 30 días de cada gobierno, y sesionar al menos cuatro veces por año, y los autoridades ni siquiera están enteradas.
Susana Oviedo Bautista subrayó la importancia de conocer todas legislaciones locales y federales que establecen la participación ciudadana para exigir información y resultados. También que es desgastante participar en las sesiones del Sistema.
Explicó que en Atoyac estuvieron participando en el sistema municipal en estos dos periodos de gobierno varias organizaciones: la Organización Campesina de la Sierra del Sur (OCSS), la Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos y Víctimas de violaciones a los Derechos Humanos en México (Afadem), Lucio Vive, el Frente de Defensa Popular (FDP), la Coalición de Ejidos, el Colectivo de Mujeres Campesinas, y Madres Solteras para el Avance Común, para ver el cumplimiento de la Ley 553, vigilar la aplicación de la norma 046 de violencia familiar, sexual y contra las mujeres, y ver el tema del acoso y el abuso sexual en el ámbito educativo.
Aclaró que Raíz Zubia decidió retirarse en este gobierno porque era muy desgastante económica y emocionalmente acudir a las reuniones por las confrontaciones con los funcionarios que citan a una hora y comienzan una hora y media tarde.
Sin respuesta policiaca a llamadas de ayuda
En la exposiciones también se presentaron datos de subsidios para la seguridad pública del programa Fortalecimiento de la Seguridad Pública por municipios, y se cuestionó que no hay respuesta policiaca a las solicitudes de ayuda, y cuando ocurre un feminicidio llegan de todas las corporaciones.
Como en otras regiones, confirmaron que las oficinas de la Mujer en Costa Grande no tienen recursos, aún cuando existen fondos federales para fortalecer desde las capacidades del personal.
Se planteó hacer monitoreo no sólo de los recursos aprobados en 2020, sino de años anteriores, para esclarecer cómo se utilizó el dinero destinado a programas para las mujeres en esta zona y en la entidad.
De Agcvim, Marina Reyna Aguilar, explicó que en 2018 hubo alrededor de 8 millones de pesos para programas de transversalidad en Guerrero del Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres), a los que puede acceder los municipios pero las directoras de la Mujer no tienen esa información.
Asimismo, indicó que hay otro fondo del Programa de Apoyo a las Instancias de Mujeres en las entidades federativas (PAIMEFF) que llega a Guerrero a través de la Secretaría de Mujer, con acciones que muchas veces no toman en cuenta las necesidades de las instancias municipales. Hubo alrededor de 5 millones en 2018, y más de 8 millones de pesos en 2020.
Además la Comisión Nacional para Atender y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim) subsidia programas sólo en entidades con Alerta de Violencia de Género, y no ha etiquetado fondos a los municipios de Guerrero, porque no lo solicitan directamente, sólo el estado participa en las convocatorias nacionales.
“En 2018 presentaron un proyecto por 6 millones de pesos donde contemplaron proyectos que manejaron la Secretaría de la Juventud, de Asuntos Indígenas, Semujer, y la Secretaría General de Gobierno en proyectos pequeños a nivel estatal, que debían llegar a municipios”.
En 2019, la Secretaría General de Gobierno implementó cinco proyectos a los que Reyna Aguilar dio seguimiento en el Sistema Estatal porque los productos no estaban bien, y ahora están en proceso de corrección.
Enfatizó que si nadie hubiera dicho nada, “esto así se queda, tenemos que involucrarnos más. La obligación como organizaciones de la sociedad civil es la observancia y seguimiento de las políticas públicas”.
Añadió que para 2020 la Conavim autorizó 2 millones 700 mil pesos a programas para la Fiscalía General del estado, para revisión de carpetas, de expedientes de muertes dolosas de mujeres.
Como antes evidenció que la Conavim no revisó los productos de sus proyectos financiados en 2019, la semana pasada se instaló una mesa en la FGE porque observamos que la comisionada para el seguimiento de este programa.
Confirmó lo dicho por Oviedo, que las organizaciones no son bien vistas por las instancias de gobierno cuando hacen observaciones.
Entre otras participaciones, la feminista y profesora universitaria Rosa María Gómez Saavedra, señaló que hay una gran simulación en los gobiernos del estad y municipales, “por esa razón es muy valioso evaluar nuestra participación” frente a autoridades que no conocen sus atribuciones y responsabilidades.
Insistió en que son los sistemas municipales, regionales y estatal para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres donde se deben plantear los presupuestos y las acciones dirigidas a las mujeres: “¿Cuándo hemos tenido la información de recursos federes en el sistema estatal, atendiendo las necesidades de los municipios?, nunca”.
Moderó el conversatorio la feminista de la Colectiva Marejada de Zihuatanejo, Astrid de Belén Vásquez Sánchez, y en las exposiciones también estuvieron la activista de Tecpan de Galeana, Rosa Catalina Delgado Reza Garduño, y de Madres Solteras para el Avance Común y Colectiva de Mujeres Campesinas de la Costa Grande, Noemí Radilla Contreras.
Texto: Lourdes Chávez
