La práctica es un delito porque menores de edad no pueden manifestar su consentimiento libre, completo y espontáneo para aceptar una unión de hecho, asegura el organismo. Difunde su ponencia en el Primer Tribunal Regional contra Matrimonios Forzados en Guerrero celebrado en Tlapa
Ciudad de México, 22 de diciembre de 2021. La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) condenó los matrimonios y uniones infantiles forzadas, “como una expresión sistemática de la violencia en contra de mujeres, niñas y adolescentes” y llamó a las autoridades a agotar todas las acciones que sean necesarias para erradicar esta práctica, sancionar a los responsables y reparar el daño a las víctimas.
La práctica constituye “actos delictivos”, porque menores de edad no pueden manifestar su consentimiento libre, completo y espontáneo para aceptar una unión de hecho, “y muchas veces se ejecutan utilizando coacción, manipulación, amenazas u otros”, se afirmó.
Lo anterior, en un pronunciamiento fechado este martes, por el Primer Tribunal Regional contra Matrimonios Forzados de niñas en Guerrero, Las niñas cuentan, que se realizó en Tlapa el 10 de diciembre, donde se dieron a conocer 15 testimonios de matrimonios pactados por los padres, mediante pagos en efectivo o en especie, que van de 50 mil a 200 mil pesos.
La actividad fue organizada por la Red Guerrerense por los Derechos de las Mujeres, con la participación del organismo nacional.
El organismo lamentó que persistan las uniones tempranas, pese a los logros del Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (Sipinna).
Entre éstos, la prohibición del matrimonio de personas menores de edad en las leyes locales de niñez y códigos civiles o familiares de los 32 estados, así como la eliminación de las excepciones y dispensas previstas en la normatividad; persistan las uniones de hecho en las que, como resultado directo o indirecto de situaciones de índole económica, social, cultural o de las profundas desigualdades existentes en nuestro país, las niñas y adolescentes son forzadas a involucrarse en relaciones con personas de mayor edad que ellas.
En este tenor, recordó que infantes y adolescentes no pueden manifestar su consentimiento libre, completo y espontáneo para contraer matrimonio o aceptar una unión de hecho, “por lo que, en estos casos, se está ante la presencia de actos delictivos que muchas veces se ejecutan utilizando coacción, manipulación, amenazas u otros medios para inducir la decisión de las jóvenes”.
Además, que los matrimonios forzados en niñas y adolescentes impactan en el incremento de embarazos en menores de edad, con implicaciones en la salud materna, pero también en el incremento de la violencia contra las mujeres y sus hijas e hijos.
Destacó del informe de UNICEF Perfil del matrimonio infantil y las uniones tempranas en América Latina y el Caribe que las niñas más expuestas al riesgo de matrimonio infantil son quienes viven en zonas rurales, en hogares pobres y con menor acceso a la educación.
Confirmó que la pandemia aumentó significativamente los riesgos de que niñas y adolescentes se vean involucradas en uniones forzadas. Como referencia, señaló el reporte Rompiendo la cadena, publicado por la organización internacional World Vision, donde revela que el matrimonio infantil se duplicó en varias comunidades en México, entre marzo y diciembre del 2020, en comparación con el mismo periodo de 2019.
Recordó que dicha organización advirtió que la crisis económica y el deterioro de los sistemas de apoyo ha sido una de las causas que promueven el matrimonio infantil, ya que, ante el desempleo, la pérdida de ingresos familiares y la incapacidad de proveer económicamente para el grupo familiar, se ha acudido al matrimonio o uniones de hecho de niñas con personas adultas, aun cuando la legislación local lo prohíbe.
Destacó algunos de los puntos del pronunciamiento de expertas en el Primer Tribunal Regional contra Matrimonios Forzados de niñas en Guerrero, para el cumplimiento de programas educativos con enfoque de género e intercultural, en los planes de estudios en todos los niveles y desde la educación básica.
Que se integre en el Plan Nacional Estatal de Desarrollo proyectos formativos de sensibilización y capacitación en contextos rurales e indígenas, en materia de derechos humanos y de género, con enfoque intercultural; tomar acciones urgentes y específicas para atender y erradicar el matrimonio infantil y forzado, en las comunidades de la región Montaña de Guerrero; y se armonicen las leyes locales que condenen y castiguen con pena máxima esta práctica.
Texto: Lourdes Chávez / Foto: Tomada de Internet
