Chilpancingo, Guerrero, a 13 de noviembre de 2025.- El presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Congreso local, el morenista Jesús Urióstegui García, precisó que será el titular de la Auditor Superior del Estado (ASE), Marco César París Peralta Hidalgo, quien debe aclarar las irregularidades referentes a la cuenta pública 2023 del Poder Legislativo, las cuales denunció el diputado Joaquín Badillo Escamilla en la sesión del pasado 5 de noviembre.
En conferencia de prensa en la sede del poder Legislativo, Urióstegui García junto con Badillo Escamilla coincidieron que “por un tema de transparencia con el pueblo” deben aclararse las irregularidades en la Cuenta Pública 2023 del Congreso.
A pesar que el martes Urióstegui García aseguró que la denuncia de su compañero morenista, quien preside la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, fue a título personal, ya que el documento estaba avalado por la ASE y aprobado por el Legislativo, este miércoles ambos diputados argumentaron que debe haber transparencia en todos los procedimientos.
En la conferencia, Urióstegui García dijo que las observaciones que realice un diputado, como lo hizo Badillo Escamilla, no pueden “quedar sueltas”, y que al ser un asunto técnico, tiene que ser atendido “absolutamente por el Auditor Superior del Estado”.
A pregunta de si no se contradecía con lo declarado un día antes, Urióstegui García respondió: “Si bien es cierto que ya se aprobó en el Congreso una cuenta pública, también lo es que esta legislatura, este Congreso, en especial está fracción de Morena, y en específico por los comentarios del compañero Joaquín Badillo en tribuna, no pueden quedar absolutamente sueltos”.
En la conferencia de prensa conjunta, Urióstegui García y Badillo Escamilla informaron que la Cuenta Pública 2023 del poder Legislativo debe aclararse, por lo que solicitaron una explicación al auditor estatal para que explique por qué la muestra de esa Cuenta Pública fue del 17 por ciento, y no del 40 como lo fue para los poderes Ejecutivo y Judicial.
“Si bien es cierto fue aprobado este tema (la Cuenta Pública), también es cierto que hay dudas del compañero Jacko Badillo, hay un tema que se debe atender, y debe resolverlo el titular de la Auditoría Superior del Estado (ASE); en ese sentido hay observaciones que se hicieron al interior del Congreso del Estado y como presidente de la Junta de Coordinación Política creo y estoy seguro que se pueda cumplir y aclarar todas estas observaciones, porque el pueblo de Guerrero lo merece”, agregó Urióstegui García.
Solicita Badillo auditoría forense
Por su parte, Badillo explicó que, a pesar de que la Cuenta Pública ya fue aprobada, aún hay procesos abiertos, que pueden concluir hasta cinco años después, por lo que aseguró que el tema sigue abierto y se deberán aclarar todas las observaciones.
En la sesión del pasado miércoles, Badillo criticó las irregularidades en la Cuenta Pública 2023 del poder Legislativo. Aseguró que la entonces presidenta de la Jucopo, recibió un presupuesto de 751 millones de pesos, pero que la ASE sólo le auditó el 17.19 por ciento del monto total y que aun así detectó cinco promociones de responsabilidad administrativa, además de dos pliegos de observaciones y dos recomendaciones derivadas de presuntas fallas administrativas por parte de servidores públicos que ocuparon cargos públicos durante esa administración.
“Cómo puede ser concluyente una muestra del 17 por ciento de 751 millones de pesos, es decir que de cada mil pesos, la Auditoría Superior del Estado solo auditó 117 pesos y aún así hallaron irregularidades”
Aseguró que no es un tema político y que por una obligación “moral y legal” se debe transparentar y aclarar el presupuesto y las irregularidades.
Informó también que solicitó de manera formal una auditoría forense, para “aclarar toda duda, porque no está concluida esa Cuenta Pública, la ley marca 5 años, y del 2023 al 2025 van dos años, y no ha concluido, y esta solicitud debe aclarar toda duda”.
En la conferencia mostró el oficio por el cual como presidente de la Comisión de Cuenta Pública solicitó a la ASE aclarar la muestra auditada no representativa, en la que argumenta que es insuficiente para emitir una opinión técnica concluyente sobre la eficiencia y eficacia del gasto público ejercido.
Pide también aclarar las inconsistencias en los criterios de fiscalización, porque “existe una disparidad significativa en los criterios aplicados entre los distintos Poderes del Estado, lo que afecta el principio de equidad en la fiscalización”.
“No se profundizó en el examen de operaciones específicas que por su naturaleza y monto representan mayor riesgo, tales como: Inversiones financieras y rendimientos generados. Algunas asignaciones presupuestales carecen de transparencia. Plazos de Prescripción: Considerando que el plazo para el fincamiento de responsabilidades es de 5 años conforme al Artículo 28 de la Ley de Fiscalización Superior, resulta imperativo actuar de manera inmediata para no permitir la prescripción de posibles responsabilidades”, se lee en el documentó mostrado.
Los morenistas coincidieron que no es un tema político y que no tiene que ver con un futuro proceso electoral, sino que buscan que no haya duda en la ejecución del presupuesto público.
Texto: José Miguel Sánchez / Foto: Jesús Eduardo Guerrero
