Chilpancingo, Guerrero, a 13 de noviembre de 2025.- El ejido de Carrizalillo denunció que la empresa Equinox Gold está sujeta a una auditoría fiscal del Servicio de Administración Tributaria (SAT), por un monto de 4 mil millones de pesos, y que planteó a sus accionistas en Canadá interponer procedimientos administrativos y judiciales si no consigue un buen acuerdo económico en México.
En una carta dirigida a la presidenta de Claudia Sheinbaum Pardo, el ejido dijo que recientemente se enteró mediante un informe financiero en línea, presentado en Canadá, que la empresa reclama por deterioro de inventario una deducción de 206 millones de dólares americanos, unos 4 mil millones de pesos.
“Sin que entendamos mucho del tema, parece que se refiere a que el valor en libros de sus artículos en existencia es mayor que el valor que se puede recuperar de él en el mercado”, es decir, “nos suena a la clásica especulación que las empresas realizan en el mercado para obtener ganancias rápidas pero inestables para sus accionistas y financieros, que incluye sin duda la no reparación de los daños ambientales y sociales”, advirtió.
Estimó que puede “encubrir una retribución fiscal”.
Agrega que la empresa ya establece en el mismo informe que en caso de no llegar a un acuerdo con el SAT, es decir, que deba pagar en forma desfavorable su salida con dinero en efectivo, interpondrá todos los recursos administrativos y judiciales disponibles para retardar años su responsabilidad, por el posible “impacto negativo en el desempeño financiero, los flujos de efectivo y los resultados de las operaciones de la compañía, si no le resuelven favorablemente”.
Explicó que el informe financiero presentado por Equinox Gold a sus socios, accionistas y financieras, menciona “los avances y logros” con los pueblos de Mezcala y Xochipala, donde puso en marcha proyectos agrícolas y sociales, amplió el monitoreo ambiental, brindó asistencia técnica a los agricultores y abrió una nueva oficina de relaciones comunitarias.
Sin embargo, advirtió que la empresa no menciona que el proyecto minero Los Filos que ocupa la totalidad de las tierras de Carrizalillo está clausurado por la Procuraduría Federal del Medio Ambiente (Profepa), por violentar normas nacionales e internacionales.
No obstante, indicó que la empresa sí señala la clausura de su proyecto de Aurizona en Brasil, en donde tiene demandas civiles públicas ante los tribunales estatales y federales y la Fiscalía federal ha iniciado un proceso penal contra la compañía.
No menciona el hostigamiento
De Guerrero, la minera Equinox tampoco informó que tiene una campaña de hostigamiento hacia Carrizalillo que derivó en amenazas contra la vida y en criminalización de la comunidad, al vincular al ejido con grupos del crimen organizado, y que promovió una demanda contra más de 100 ejidatarios en el Tribunal Unitario Agrario (TUA), bajo el argumento que le ‘despojamos de su tierra’.
Llamó a la presidenta Claudia Sheinbaum a que actúe conforme a derecho contra la minera, “¿qué más necesitamos para que esta empresa sea sancionada con severidad, sin titubeos y sin cálculos políticos?”.
El ejido dice que en México el respeto y observancia de los derechos humanos por las empresas trasnacionales “parece un mito”.
Considera que algunos funcionarios tienen miedo “a trastocar la inversión y las ya oxidadas reglas del crecimiento y el desarrollo; tiene que ver con no tocar o no exponer a los poderosos intereses a pesar de que incurran en delitos graves como el saqueo, el despojo y el daño, pero sobre todo, aplicar la permisibilidad para que nuestro país aplique medidas de compensación y recomendaciones de fraternidad y buen comportamiento, en vez de aplicar correctivos fuertes de rendición de cuentas que acaben con la simulación de la mal denominada responsabilidad social corporativa, o la eufemística minería verde o sustentable”.
Menciona que el proyecto de Los Filos fue clausurado por contaminación ambiental, y tiene un plazo dictado por la Procuraduría de Medio Ambiente (Profepa) para realizar la remediación en áreas concretas, pero la empresa actualmente está realizando actividades de exploración.
denunció que la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) no aplica la normativa, lo que aprovecha la minera para evadir responsabilidades.
También señaló que la empresa actúa con la comodidad que le proporcionan la Dirección General de Minería (DGM) y las áreas que corresponden, en particular el titular de la Unidad de Coordinación de Actividades Extractivas, José Fernando Aboitiz Saro, que debe observar y sancionar una serie de irregularidades y violaciones al marco legal nacional e internacional, no hace su trabajo.
En tanto, la empresa en Canadá informa a sus inversionistas en el informe trimestral de septiembre 2025 que puso en marcha proyectos agrícolas y sociales, amplió el monitoreo ambiental, brindó asistencia técnica a los agricultores y abrió una nueva oficina de relaciones comunitarias, al tiempo que mantuvo el diálogo con las comunidades locales sobre los acuerdos de uso de la tierra y el futuro desarrollo de la mina.
“Nos parece muy importante decirle que somos nosotros quienes demandamos a la empresa por daños ambientales, somos nosotros los que vivimos desde hace casi dos décadas los daños a la salud y al ambiente que dicha actividad genera en lo cotidiano -lamentablemente ambos temas muy mal legislados y regulados en México-; en consecuencia, somos nosotros los principales interesados en que nos regresen nuestras tierras rehabilitadas de acuerdo a los planes y programas que le sean autorizados previamente por Profepa como por Semarnat, planes y programas en donde nosotros reclamamos una participación directa y activa, porque hablamos de nuestras tierras dotadas en propiedad social por el Estado mexicano”.
Texto: Lourdes Chávez
