Explica el abogado que esa sentencia no implica que Marco Antonio García Morales, Tony, no sea culpable y señala que el “proceso sigue”. Consideran Tlachinollan y el FPM que fue indebida la valoración que hizo el juez del caso y que con esa resolución el gobierno y el Poder Judicial envían un mensaje para todos los luchadores sociales asesinados de que hay un “manto de impunidad” para que los agresores sigan silenciando a los que luchan por educación, salud y justicia
Tlapa, Guerrero, 31de agosto de 2023. El juez del Tribunal Unitario de Enjuiciamiento Penal de Tlapa, Emanuel Reyna Vélez, determinó que el ex jefe de Gabinete del Ayuntamietno de Tlapa y ex presidente de Alpoyeca, Marco Antonio García Morales, Tony, es inocente como autor intelectual del delito por la desaparición y asesinato del defensor indígena Arnulfo Cerón Soriano.
Al recibir este fallo sobre el juicio oral 15/2023, García Morales ya gozaba de libertad, debido el 30 de septiembre del 2022, ya casi un año, un juez le cambió la medida cautelar de prisión preventiva a una de libertad por sus argumentos de enfermedad, por lo que depositó una multa de l00 mil pesos, además de que debía acudir a firmar cada semana al Cereso de Atlamajac, no podía salir de la ciudad, ni acercarse a las víctimas.
García Morales fue detenido el 18 de diciembre de 2019, cuando despachaba como jefe de Gabinete de la administración morenista 2018-2021, que encabezó Dionicio Merced Pichardo García, luego de que Tony, como se le conoce, no pudiera ser el titular de la candidatura al no acreditar su domicilio en Tlapa. Estuvo preso en la cárcel de Atlamajac dos años y nueve meses.
Y desde donde, en conjunto con Pichardo García desacreditaron la labor social del activista y defensor de derechos humanos del Frente Popular de la Montaña (FPM), Arnulfo Cerón que fue desaparecido el 11 de octubre de 2019 y su cuerpo localizado en una fosa clandestina en el paraje de los Tres Postes, el 20 de noviembre, 40 días después, tras una intensa movilización y exigencia de los integrantes del Frente.
La sentencia absolutoria no implica que sea inocente: Vidulfo
Al conocerse la sentencia, como a las 2 de la tarde, del pasado 29 de agosto, en favor del presunto autor intelectual de la desaparición y asesinato del defensor de derechos humanos, el abogado del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, Vidulfo Rosales Sierra, posteó en su Facebook “la sentencia absolutoria del autor intelectual de la desaparición de Arnulfo Cerón no implica que es inocente”.
Agregó que hubo insuficiencia probatoria donde se presentaron irregularidades en la investigación y muchos testigos fueron comprados para no presentarse a declarar en el juicio. Por lo que enfatizó “el fallo es apelable. El proceso no ha concluido”.
Más tarde, Rosales Sierra amplió sus comentarios por teléfono reafirmando que la sentencia absolutoria no quire decir que Tony es inocente porque se observaron muchas irregularidades, como denunciaron durante el juicio, con las acciones parciales por parte del juez, “cuyos actos inclinaron la balanza para García Morales”.
Aunado a eso se agregó que varios testigos, en especial tres que eran fundamentales, fueron intimidados o se les ofreció dinero, y no sabía si influyó más la amenaza o la oferta de dinero, pero no se presentaron.
Remarcó que saben que hubo un ofrecimiento de beneficios económicos porque también a ellos se les acercaron emisarios de Marco Antonio García y les ofrecieron dinero para que no hicieran nada, por lo que consideró que “tuvo éxito” la estrategia de silenciar a los testigos con dinero y amenazas para que se presentarán en el juicio.
Por lo que dijo, “no se debe ver a García Morales como una persona inocente, que no tuvo nada que ver en la desaparición y asesinato de Arnulfo, que fue una infamia en su contra no es tal, hay pruebas de su responsabilidad, pero la parcialidad del poder judicial, del juez sirvió para influir en testigos obstaculizando el proceso”.
Destacó que una de esas parcialidades del poder judicial fue cambiar la prisión preventiva a medida en libertad, lo que provocó que García Morales se moviera libremente e influyera en los testigos bajo amenaza y dinero y con ello afectó al proceso.
Además de que la Unidad de Medidas Cautelares lo solapó al no cumplir su función porque Marco Antonio salía de Tlapa, decía que iba a la Ciudad de México y se iba a Chilpancingo; pedía un día y se iba por tres; siempre decía que estaba mal de salud, pero el señor andaba haciendo campaña, apadrinaba jaripeos o clausuras y la Unidad nunca verificó.
Insistió en que el cambio de medida cautelar de prisión a libertad obstaculizó el proceso porque le permitió buscar a los testigos. “Esa medida fue irregular porque el delito de cual está acusado es grave y no debía concederse por los riesgos de fuga o lo que se vio, la obstrucción del proceso con la coacción de implicados, sobre todo testigos”.
Adelantó, “que la resolución no es definitiva, es un fallo de primera instancia que se apelará en próximas fechas, aunque algunos dicen que ya será el candidato a presidente de Tlapa, pero el proceso aún continua, no es definitivo”.
Las audiencias sobre el juicio oral que se desarrolló a puerta cerrada iniciaron el 3 de julio y terminaron el 28 de agosto con el fallo a favor de Marco Antonio García.
El Frente Popular se reunió con la gobernadora
El lunes 28 de agosto, los integrantes del Frente Popular de la Montaña organización a la que pertenecía Arnulfo Cerón, se reunieron con la gobernadora Evelyn Salgado Pineda; el presidente del Tribunal Superior de Justicia, Raymundo Casarrubias Vázquez y el secretario General de Gobierno, Ludwig Marcial Reynoso a quienes les pidieron que el juicio por la desaparición y asesinato del defensor de derechos humanos Cerón Soriano fuera apegado a derecho e imparcial
Y que estuvieran al pendiente porque se daría una resolución en las últimas 24 a 48 horas, ya que había elementos contundentes de la responsabilidad de Marco Antonio García y su contubernio con la delincuencia organizada desde las autoridades del Ayuntamiento de Tlapa, donde fungía como jefe de Gabinete.
En redes sociales se difundió un texto el 29 de agosto en el que se informó que después de revisar las pruebas y escuchar a más de 25 testigos que presentó la defensa de Marco Antonio García durante 60 días, el juez lo declaró inocente, demostrando con ello que los señalamientos en su contra habían sido por revanchismo político.
El poder judicial alienta la impunidad: Tlachinollan y FPM
En un boletín conjunto sobre el fallo Tlachinollan y el Frente Popular de la Montaña exigieron: Justicia para el defensor indígena Arnulfo Cerón y un alto a la impunidad contra los luchadores sociales asesinados y desaparecidos
Pidieron que la Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia revise el fallo absolutorio apegándose a los principios de imparcialidad e independencia y considerando la condición de defensor de derechos humanos de Arnulfo Cerón.
Consideran que el fallo absolutorio es un mensaje de este gobierno y particularmente del poder judicial para todos los luchadores sociales asesinados de que hay un manto de impunidad para que los agresores sigan silenciando a los que luchan por educación, salud y justicia.
Remarcan que el fallo no es definitivo, la Fiscalía y las víctimas lo impugnarán esperando que el Tribunal Superior corrija los desaciertos e irregularidades del juez Emanuel Reyna Vélez que siempre mostró una actitud parcial en el juicio.
Indicaron que el 29 de agosto, el juez del Tribunal Unitario de enjuiciamiento penal de Tlapa Emanuel Reyna Vélez consideró que había insuficiencia probatoria y que la Fiscalía no aportó prueba suficiente para corroborar que el considerado autor intelectual, García Morales, ordenó la desaparición y asesinato del defensor indígena, declarando inocente al acusado.
Ante eso las organizaciones consideraron indebida la valoración aislada que hizo el juez de las pruebas de la Fiscalía porque le restó valor probatorio a la propia declaración ante-morten de Arnulfo Cerón Soriano en la que refiere expresamente haber sido amenazado por Marco Antonio García Morales y el entonces presidente municipal, Dionicio Merced Pichardo García, quien no enfrentó ninguna acusación y los responsabilizaba de lo que le pudiera ocurrir y tampoco tomó en consideración otros medios de prueba contra el acusado.
Además de que durante el juicio oral, el juez Emanuel Reyna fue parcial porque en todo momento favoreció a la defensa del acusado, porque varias incidencias y objeciones fueron resueltas a su favor inclinando la balanza para Marco Antonio.
Y que, en etapas previas al juicio los jueces de control cambiaron en dos ocasiones la medida cautelar de prisión preventiva en un primer momento a prisión domiciliaria y posteriormente a una medida de libertad, cuando el presente caso se trata de un delito grave. Existía riesgo de fuga y que el procesado influyera en testigos obstaculizando el proceso, como en efecto sucedió.
Menciona que varios testigos fueron amedrentados, otros más, se les ofreció dinero a cambio de que no declaran, tal como ocurrió con miembros de Tlachinollan y la esposa del defensor indígena a quienes se les ofreció beneficios a cambio de su silencio e inacción en el proceso, lo que fue rechazado tajantemente. Por estos motivos muchos no acudieron al juicio.
Y que la Unidad de Medidas Cautelares, institución encargada de vigilar al procesado, nunca cumplió cabalmente su función porque Marco Antonio informaba que iba a una ciudad, cuando en realidad estaba en otro lado.
Además de que aludía a situaciones de enfermedad cuando nunca se corroboró, pero el procesado andaba apadrinando jaripeos y haciendo proselitismo político electoral en la total impunidad.
Remarcaron que esas irregularidades que se dieron durante el proceso evidenciaron un sesgo en la administración de la justicia para favorecer al autor intelectual ya que pudo más el poder económico y político del acusado que la justicia para los que luchan y defienden a los pobres.
Ya que el autor intelectual se paseara libremente por las calles mientras el defensor indígena seguirá esperando que llegue la justicia, al tiempo que su familia sufre los estragos y el dolor de la desaparición y muerte de un hombre que su único delito fue luchar por los que menos tienen.
Texto: Carmen González Benicio / Imagen de archivo
