Asimismo se desistió de aprehender a un juez de barandilla de Iguala y a los dos técnicos en sistemas del TSJ. De las 83 órdenes giradas por un juez el 19 de agosto, ha retirado la petición de 21. Omitió en el expediente contra el general Ramírez que éste ordenó ejecutar a seis estudiantes. Preocupa al Centro Prodh el desistimiento “en extremo inusual”
Ciudad de México, 26 de septiembre de 2022. En una columna publicada en el periódico Reforma el pasado 24 de septiembre, se afirma que la mayoría de los 43 estudiantes normalistas que desaparecieron el 26 de septiembre de 2014 fueron asesinados, descuartizados y enterrados esa misma noche.
La publicación, firmada por la periodista Peniley Ramírez señala que integrantes del grupo delictivo Guerreros Unidos habrían pensado en quemar los cuerpos de los estudiantes, pero debido a que eran demasiados, se dividieron y “cada grupo criminal se deshizo de los restos a su cargo como pudo”.
La periodista utiliza como fuente una copia del Informe de la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia que le fue entregada, sólo que a diferencia de la que se publicó de manera oficial, en la que se basó no tiene clasificada la información, no tiene ocultas en tachaduras o testeos las partes donde se contienen capturas de pantalla de conversaciones de los supuestos involucrados.
Indica que de acuerdo con los mensajes, a una de las células criminales le pidieron disolver en ácido 10 cuerpos, pero como no tenían suficientes materiales lo hicieron con cinco, mientras que al resto los descuartizaron con machetes.
La relatoría de los mensajes señala que al amanecer del 27 de septiembre de 2014, integrantes de células criminales avisaron que “el trabajo estaba terminado”. De acuerdo con la columna, seis estudiantes se mantenían vivos y fueron trasladados a una bodega, para posteriormente ser asesinados por orden del coronel José Rodríguez Pérez que era el encargado del 27 Batallón de Infantería en Iguala.
Según la publicación, los integrantes del grupo criminal tomaron la decisión de asesinar a los normalistas el mismo 26 de septiembre de 2014 pues creían que algunos de los estudiantes estaban coludidos con un grupo criminal opuesto. Además señala que el ex alcalde de Iguala, estaba involucrado.
“Abarca, dijo que no quería a ningún estudiante vivo”, se lee en la columna de la periodista.
De acuerdo con Ramírez, el 29 de septiembre de 2014, en las conversaciones obtenidas se explica la coordinación para llevar a los cuerpos de los normalistas al 27 Batallón de Infantería en Iguala, con el objetivo de enterrarlos ahí.
“A partir del 29 de septiembre, comenzó el encubrimiento. En los chats donde antes habían coordinado los asesinatos, criminales, funcionarios y militares hablaban de cómo desenterraban cuerpos para llevarlos al 27 Batallón de Infantería. Allí no entraría nadie. A mediados de noviembre, seguían desenterrando y moviendo cuerpos”, explicó Peniley Ramírez.
La columnista publicó en su cuenta personal de Twitter un hilo donde se encuentran las capturas de pantalla de los mensajes que se encontraban censurados en el Informe publico.
Condena Encinas la filtración del informe completo
Tras revelarse un informe sin testar de la Comisión para la Verdad que señala que la mayoría de los normalistas de Ayotzinapa fueron descuartizados, algunos disueltos en ácido y otros enterrados, el subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas, urgió a la FGR investigar la filtración de los documentos.
Señaló que estas filtraciones, lejos de ayudar a la investigación, la perjudican y abren paso a la impunidad. “Condeno la lamentable filtración de la información entregada a la @FGRMexico por la Comisión de #Ayotzinapa. Es absolutamente irresponsable y una falta de respeto a los padres y madres de los estudiantes desaparecidos”, indicó.
“En todo momento se debe preservar el interés superior de las víctimas ante un asunto tan delicado. Solicito a la @FGRMexico que inicie una indagatoria para identificar y castigar a quien resulte responsable de esta grave filtración”.
Según el informe sin testar, después del asesinato de los 43 normalistas, criminales, junto con miembros de los gobiernos local, estatal, federal y del Ejército, montaron una operación para desenterrar los cuerpos de fosas cerca de Iguala y llevarlos al 27 Batallón de Infantería.
Omitió la FGR en el expediente contra el general Ramírez que éste ordenó ejecutar a seis estudiantes
La acusación que hizo el subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas, contra el general brigadier José Rodríguez Pérez, de haber ordenado la ejecución de 6 de los 43 normalistas de Ayotzinapa, no existe en el expediente que la FGR consignó en su contra.
Grupo Reforma pudo constatar que en el expediente presentado por la Fiscalía al juez federal Enrique Beltrán Santés, no hay ningún testigo o declarante que implique al general en el homicidio de esos estudiantes, tampoco ninguna otra prueba documental o de comunicaciones privadas de la que se desprenda ese señalamiento.
En la causa penal 15/2022, el testigo protegido Juan señala de manera aislada al general de proteger las operaciones del grupo criminal Guerreros Unidos y de incluso haber detenido y liberado a uno de sus líderes, Mario Casarrubias Salgado, quien falleció en prisión por Covid-19 el 26 de julio de 2021.
“Rodríguez, de rango coronel, del 27 Batallón, que realizaban actividades a favor del grupo delictivo, como aquel que detienen al alias El Huaraches, donde a él lo detienen y dejan en libertad a Mario Casarrubias Salgado, otros en el que ellos ayudaban a transportar armas y droga, pues nadie los paraba en carretera”, declaró el testigo.
Por su parte, la fiscal del caso, Tania Villa Matías, señala en el expediente que Rodríguez ordenó a sus subordinados llevarse a los estudiantes que estaban en el Hospital Cristina, la noche del 26 de septiembre de 2016, sin conseguirlo.
Pero en la rueda de prensa del pasado 26 de agosto, Encinas dijo otra cosa que no obra en esta investigación de la FGR.
“Hay la información, corroborada también con llamadas al teléfono de emergencia 089, donde se acredita que presuntamente seis de los estudiantes estuvieron retenidos durante varios días y con vida en lo que llaman ‘la bodega vieja’ y de ahí fueron entregados al coronel”, informó.
En aquella ocasión, el subsecretario dijo que después de los hechos violentos del 26 de septiembre de 2014 en Iguala, los seis normalistas referidos permanecieron con vida cuatro días. Después fueron entregados al entonces coronel Rodríguez Pérez, comandante del 27 Batallón de Infantería, quien habría ordenado la ejecución múltiple.
Encinas también dio a conocer un diagrama de análisis de los mensajes que intercambiaron los actores involucrados en los hechos. Supuestamente, el coronel coordinaba y daba órdenes a David Hernández Cruz El Chino, bombero de Iguala y sicario de Guerreros Unidos.
Según fuentes federales, la FGR no tenía conocimiento de la existencia de esas pruebas el día en que Encinas hizo públicas las acusaciones contra el general.
Una fuente conocedora del caso, que pidió no ser identificada, mencionó que las afirmaciones del subsecretario se basan en unos chats de los que hasta el momento tampoco existe una certeza científica, porque sólo se han ofrecido “pantallazos” y la FGR tampoco tiene en sus manos el aparato telefónico que contiene dichas conversaciones para practicarle un peritaje.
Preocupa al Centro Prodh el desistimiento “en extremo inusual”
El Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, quien acompaña a los familiares de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa, se dijo preocupado por el desistimiento, “en extremo inusual”, que hizo la Fiscalía General de la República (FGR) de las órdenes de aprehensión que había solicitado contra 16 militares, presuntamente implicados en el caso.
“Externamos nuestra preocupación sobre la información de que la FGR, de forma en extremo inusual, solicitó la cancelación de algunas órdenes de aprehensión. Estaremos analizando los alcances legales de esta decisión, como estamos analizando la solidez de los procesos penales iniciados recientemente, preocupados por el desplazamiento de la Unidad Especial de Investigación y Litigio para el Caso Ayotzinapa (UEILC)”, afirmó en un comunicado.
Reforma publicó el sábado que la Fiscalía, a cargo de Alejandro Gertz Manero, se desistió ante un juez federal de 16 órdenes de aprehensión que ya habían sido giradas contra militares a quienes antes acusó de estar presuntamente implicados en el caso Iguala.
Al siguiente día se publicó que la FGR también se desistió de las órdenes de aprehensión contra cinco funcionarios del gobierno de Guerrero, incluido el ex procurador Iñaki Blanco y la presidente del Tribunal Superior de Justicia, Lambertina Galeana.
El Centro Prodh lamentó la filtración del informe completo de la Comisión para la Verdad y el Acceso a la Justicia en el Caso Ayotzinapa, pues aseguró que su contenido aún está bajo análisis del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI).
“Recordamos que, ante filtraciones, debe indagarse a las autoridades que actuando con irresponsabilidad generan confusión y dolor, no a la prensa”, dijo.
El Prodh rechazó, la denuncia que hizo el viernes la Secretaría de Gobernación contra el juez de Distrito de Procesos Penales Federales, con sede en Matamoros, Tamaulipas, Samuel Ventura Ramos, por dictar sentencias a favor de varios implicados en el caso Ayotzinapa. El organismo consideró que estas decisiones absolutorias se deben a omisiones de los fiscales y los Ministerios Públicos.
“Fiscales y ministerios públicos son quienes deben rendir cuentas, pues sus acciones y omisiones pues por sus acciones y omisiones se llegó a ese extremo”, indicó.
Texto: Agencia Reforma / Foto: Cuartoscuro
