Vidulfo Rosales Sierra
Es un hecho que las agresiones a líderes sociales, defensores de la naturaleza y periodistas han persistido en este gobierno. Diversos informes de organizaciones de derechos humanos y organismos como Naciones Unidas han documentado más de 200 agresiones, entre las cuales figuran más de 20 asesinatos.
El gobierno se ha deslindado diciendo que son perpetradas por actores no estatales, que este gobierno es diferente y no reprime. En efecto, la mayoría de las agresiones fueron perpetradas por particulares, sin embargo, el gobierno ha contribuido para crear un clima adverso y hostil que deja en la indefensión a los luchadores sociales y periodistas. En seguida esbozamos algunos elementos.
Primero, el gobierno anterior y en menor medida el actual, han atacado con virulencia a las organizaciones sociales, se les adjetiva de mediadores y responsabiliza de quedarse con los recursos públicos destinados a la gente de las comunidades, barrios y colonias. Incluso en su última visita a Acapulco la presidenta Claudia Sheinbaum dijo que los recursos para la reconstrucción se entregaron de manera directa y no a través de “organizaciones”.
En realidad, eran instancias de gobierno las que incurrían en tales actos. Los recursos federales pasaban por los estados, delegaciones y municipios y las comunidades quedaban sin nada. No se puede atribuir estas acciones a las organizaciones sociales.
Por el contrario, las organizaciones sociales de izquierda han jugado un papel importante en la movilización popular, así como para elevar la conciencia de clase, eso permitió por años la supervivencia de la izquierda en México golpeada y perseguida por gobiernos autoritarios. Cuando los partidos flaquearon, la organización y las luchas populares emergieron, cuestionando la legitimidad y exhibiendo las contradicciones del sistema político y económico imperante, como en el 68 con la primavera estudiantil, en los años 70 con las luchas guerrilleras, en los noventa con el movimiento Zapatista y recientemente las insurrecciones populares de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO), el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra de San Salvador Atenco, el Cecop en Guerrero, la insurrección magisterial de la CNTE y el levantamiento popular por la desaparición de los 43.
Con el ascenso de Morena al poder se pretende anular y desdibujar las luchas populares independientes. Desde el poder presidencial se les descalifica, insulta y denuesta. Los encasillan con las organizaciones y partidos de derecha para deslegitimarlos y enlodar su trayectoria.
Segundo, a menudo el gobierno niega su responsabilidad por los asesinatos a dirigentes sociales y periodistas. Sostiene que tales agresiones fueron cometidos por agentes no estatales.
La aseveración es debatible, pero más allá de esto, el gobierno tiene la obligación de cumplir con uno de los principios fundamentales de la Convención Americana: el deber de respeto y garantía. El primero consiste en impedir que a las personas bajo su jurisdicción les sean vulnerados sus derechos y el segundo en prevenirlas razonablemente. Este último se traduce en acciones positivas a cargo del Estado, como la realización de investigaciones de amenazas previas a defensores y periodistas, dictar medidas de protección, evitar descalificaciones y criminalización de sus luchas y su quehacer. Resulta ilustrativo para el tema, el caso familia Barrios vs Venezuela que resolvió la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Los primeros integrantes de esta familia fueron asesinados por la policía, otros más por particulares. En el primer caso el Estado venezolano aceptó la responsabilidad, pero por los últimos la negó, aduciendo que fueron ultimados por particulares, la Corte IDH condenó al Estado, estableciendo que tenía un deber de garantía que no cumplió, la familia había sido hostigada por la policía y las autoridades, sus integrantes sufrieron amenazas previas y el gobierno no tomó medidas para prevenir las agresiones por lo tanto era responsable.
Este criterio se podrá cuestionar porque viene de un organismo internacional de derechos humanos, pero habría que reflexionar sobre la validez intrínseca del fallo, como un precedente que oriente las acciones de un gobierno de izquierda. No criminalizar a los que luchan por un cambio, dictar medidas de protección ante eventuales amenazas que sufran, investigar las agresiones y castigar a los responsables y sobre todo reconocer que se está asesinando a los que luchan por un mundo mejor y que es necesario desplegar acciones preventivas para que esto no ocurra.
Un tercer elemento es la verticalidad de la Cuarta Transformación y su contumaz rechazo a la crítica y al debate, por el contrario, se exalta y premia el culto a la personalidad y la adulación a los dirigentes, allí no caben el disenso político entre correligionarios. Cientos de líderes sociales y militantes tienen que callar para no enfrentar el escarnio y la descalificación de propios y extraños.
Nos queda claro que los señalamientos de la derecha y ultraderecha son infundados, falsos y de mala fe, además devienen de personajes manchados por la corrupción y obviamente se les tiene que responder con firmeza, evidenciar sus contradicciones y su doble moral, pero no se debe tratar con el mismo rasero a los luchadores sociales que vienen de la izquierda, del movimiento social que lucha por un cambio, a los militantes de a pie de Morena que despliegan críticas constructivas, un debate y diálogo fraterno para orientar el rumbo de la lucha por un mañana mejor.
Sin embargo, hoy día, se vislumbra un ambiente de poca tolerancia y escucha a quienes señalan yerros en el gobierno y su partido. Quienes tienen la osadía de hacerlo enfrentan la descalificación a ultranza, los vituperios e infundios que se orquestan desde la esfera del poder, que en seguida replican en redes sociales y medios de comunicación alineados al actual gobierno.
Por ejemplo, la semana pasada en una conferencia mañanera el connotado periodista Julio Hernández López que dirige la columna y programa Astillero, denunció el extractivismo contra comunidades y acusó a algunos funcionarios de dar la espalda a los pueblos. A la presidenta le crispó el comentario y rechazó la aseveración. Horas más tarde saldrían artículos y comentarios en redes sociales denostando a Julio, insultándolo de manera vil y ramplona, sin el mayor análisis.
Así, desde el gobierno se va creando un ambiente hostil contra los luchadores sociales y periodistas que señalan las injusticias y los yerros del gobierno, contra estudiantes de las Normales Rurales que se sienten interpelados por una realidad donde todavía pesan las desigualdades y cunde la miseria, contra maestros y trabajadores en precariedad laboral y contra las víctimas que claman acceso a la verdad y la justicia.
Estos descontentos que toman forma de protesta en las calles, en tribunas populares, de debates en reuniones y foros, son cuestionados y descalificados con virulencia.
En este mar de hostilidad impulsado desde el gobierno y la clase política dominante, a cualquier gobierno, cacique o grupo delictivo le sale barato agredir a un defensor de derechos humanos o periodista, como pasó con Samir Flores en Morelos, Arnulfo Cerón Soriano en Tlapa, Marco Antonio Suástegui o con el periodista Anwar Delgado Peralta que en días recientes fue amenazado por un diputado local.
