Cuatro alcaldes, el Concejo Comunitario de Ayutla, los promotores de nuevos municipios, Tlachinollan y otros defensores y organizaciones envían un documento al presidente López Obrador
Chilpancingo, Guerrero, 20 de abril de 2020. El Concejo Municipal Comunitario de Ayutla, cuatro alcaldes, el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, promotores de nuevos municipios y organizaciones sociales demandaron a los gobiernos estatal y federal, un plan emergente para cuidar la vida de indígenas y afromexicanos, jornaleros agrícolas en estados del norte del país y migrantes en los Estados Unidos, ante la crisis por la pandemia del Covid-19.
En un documento, le piden al presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, “hacer todos los esfuerzos al alcance del Estado mexicano, para velar por la vida” de los mexicanos, y al gobernador Héctor Astudillo Flores le “reconocemos el loable esfuerzo que hace, en todos los municipios de Guerrero”, donde le solicitaron que no “escatime ninguna capacidad institucional para salvar la vida” e instruya “que los hospitales y toda la infraestructura de salud esté al servicio de los guerrerenses y se disminuyan los trágicos efectos del Covid-19”.
Está firmado por el integrante del Concejo Municipal Comunitario de Ayutla de los Libres, Longino Hernández Campos, y los presidentes municipales de Malinaltepec, el morenista Abel Bruno Arriaga; de Cochoapa el Grande, la perredista Edith López Rivera; de Iliatenco de MC, Ruperta Nicolás Hilario; de Xochistlahuaca, el morenista Daniel Sánchez Néstor.
También por el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, Abel Barrera Hernández; el promotor de nuevos municipios indígenas y afros, Pánfilo Sánchez Almazán; el abogado de policías comunitarios Manuel Vázquez Quintero; el ex miembro del Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas de la ONU, Marcos Matías Alonso; la senadora suplente Felícitas Martínez Solano; Martha Sánchez Néstor, de la Coordinadora Nacional de Mujeres Indígenas; el presidente de Ser Justos para Ser Libres, Arturo Román García; Cesar Pérez y José Pérez, de Cátedra para la Paz-U; el representante Indígena del FILAC, Carlos de Jesús Alejandro; el presidente de Raíces de Identidad, Bulmaro García Zavaleta; y Erika Estrada Vargas, de la CETEG.
Los firmantes pidieron que se genere un plan nacional emergente, “para cuidar la vida de millones de hermanos indígenas y afros” en todo el país y protección especial que requerirán los niños y las mujeres. También se plantea que “cuando la pandemia haya disminuido”, se active un plan emergente para apoyar a los pueblos indígenas y afros, en el que se incluya un programa alimentario, fortalecimiento económico, cuidar y proteger los recursos naturales.
Pidieron también a los gobiernos federal, estatal y los municipales, “a que no sólo respeten las decisiones comunitarias, de establecer sistemas de control para la entrada y salida de muchas comunidades indígenas de Guerrero”, sino que también exploren mecanismos de apoyo, porque “son medidas de protección drásticas, pero necesarias”.
En el documento, hacen hincapié en la atención a los jornaleros agrícolas, que por necesidad todos los años viajan a estados del norte de la República, en busca de trabajo en las plantaciones agrícolas y que desde hace varias semanas están retornando; en el caso de Guerrero, muchos no tuvieron los cuidados sanitarios para evitar la propagación del virus.
También se refirieron a los migrantes en los Estados Unidos y recuerdan que Nueva York es uno de los epicentros que más ha golpeado la enfermedad y que ha “cobrado la vida de muchos guerrerenses. Miles de indígenas de nuestro estado sobreviven con dificultad en ciudades como Los Ángeles, Nueva York y Chicago”.
Por lo que pidieron al presidente, de manera urgente, “brindar todo el apoyo necesario a los indígenas y afros (…) que hoy se debaten entre la vida y la muerte en los Estados Unidos. Que los consulados y misiones diplomáticas de nuestro país brinden la ayuda humanitaria a nuestros compatriotas”.
En ese tema, propusieron al gobierno mexicano que a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores y el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, se otorgue atención inmediata a los mexicanos y guerrerenses que trabajan y radican en los Estados Unidos, ya que por el coronavirus han perdido sus empleos o han dejado de trabajar.
Pidieron que puedan tener atención medica sin discriminación y que no sea obstáculo su estatus migratorio; también alimentación a través de “apoyos”, debido a que no tienen ingresos; que se ayude a que se respeten sus trabajos, a partir de acuerdos con su homólogo del vecino país; así como el que se busque un subsidio o condonación de rentas; además de otorgar ayuda para quienes pierdan algún familiar a causa de la pandemia, y si es posible, se realicen los traslados de los cuerpos a sus lugares de origen.
También exhortaron a la CNDH para que vigile y proteja los derechos humanos de los jornaleros agrícolas y de los migrantes que radican en los Estados Unidos. Así mismo, pidieron al secretario general de la ONU que retome nuevamente el Programa Mundial de Alimentos, “la FAO ha desarrollado experiencia y urge retomarlo, en un esquema en que participen las agencias de cooperación internacional, gobiernos, empresas, la sociedad civil y los pueblos indígenas. México y el mundo reclaman con urgencia un programa nacional y mundial de alimentos”, se lee en el comunicado.
Al presidente de la República le dijeron que “será recordado por su firme compromiso de desplegar toda la fuerza del Estado mexicano y brindar la mano para quienes más lo necesitan”.
Texto: Rosalba Ramírez García / Foto: Carmen González Benicio-Archivo
