Texto: Beatriz García / Foto: Jesús Eduardo Guerrero
Chilpancingo, Guerrero, 20 de junio de 2018. Damnificados del 2013 de las tormentas Ingrid y Manuel que fueron reubicados en El Mirador se reunieron con autoridades de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), Protección Civil estatal y de la Comisión de Infraestructura Carretera y Aeroportuaria del Estado de Guerrero (CICAEG), para determinar las medidas de precaución que van a tomar, pues a más tardar el viernes llega la maquinaria que demolerá una manzana del lugar que es inhabitable por riesgo de colapso.
El lunes, la encargada de la Sedatu, Alma Aurora Jiménez; el secretarito de Protección Civil estatal, Marco César Mayares Salvador; y el titular de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), Mario Moreno Arcos, también se reunieron con los habitantes de la manzana 1B, quienes se encuentran enfrente de un edificio que se prohibió que se habitara porque está latente el riesgo de colapsarse, donde hay 32 departamentos.
Ese día se anunció que la demolición comenzaría este martes, pero no fue así. En la reunión de ayer, la encargada de Sedatu, personal de CICAEG y de Protección Civil precisaron que será hasta el jueves o viernes cuando comience a llegar la maquinaria que demolerá los edificios.
El fraccionamiento El Mirador está a las afueras de la capital, a un lado de la Autopista del Sol hacia Acapulco, ahí viven familias damnificadas en septiembre de 2013 por las tormentas tropicales Manuel e Ingrid.
En declaraciones, el ex delegado José Manuel Armenta Tello, en reiteradas ocasiones declaró que la responsabilidad es de la empresa Casaflex, que hizo la obra, y que enfrentaba una demanda en la PGR para que asuma su responsabilidad de la demolición del edificio y el arreglo de las viviendas que tienen fisuras, cuarteaduras y filtraciones.
Sin embargo, debido al proceso que es largo, los funcionarios estatales y federales asumieron la responsabilidad de demoler las viviendas, que representan un riesgo para las familias que habitan en los departamentos aledaños.
El espacio donde se demolerán las viviendas será un parque.
Los funcionarios se reunieron en la casa de salud que habilitaron los vecinos junto con una médica, y ahí decidieron hacer un recorrido por la manzana 2B que es la que será demolida, para determinar el procedimiento que llevará este hecho.
El edificio 2B ha sido vandalizado debido a que no está habitado, las paredes están ralladas con aerosol, los vidrios de las ventanas están quebrados, también ha sido utilizado como basurero y como baño, por lo que tiene un olor pestilente. También se robaron parte de las instalaciones, como fregaderos y tazas de baño. La mayoría de los departamentos están abiertos.
Al término del recorrido, nuevamente se reunieron en la casa de salud, donde los funcionarios informaron a los vecinos.
El representante de la CICAEG, Diego Alvarado Castro, expuso a los vecinos que, se tiene que poner protección a los vecinos cercanos a la manzana a demoler para prevenir afectaciones; también se hará una rampa para llevar el equipo que necesitará, porque es un trabajo laborioso.
Todo el procedimiento tardará de 15 a 20 días, a partir de que la maquinaria esté en el lugar, que será, a más tardar, el viernes.
Los vecinos solicitaron desensamblar un departamento completo para hacer una capilla, pero les dijeron que no se puede porque son pesadas, ya están fracturadas y son ensamblados. Por ello, los vecinos decidieron que les dejaran escombro para ponerlo en el camino.
Por su parte, el representante de Protección Civil estatal, Rafael Durán, aclaró que es estimado el tiempo de 15 a 20 días para hacer los trabajos, pero puede haber complicaciones y tardar un poco.
“El proceso de demolición no lo hace la empresa que construye, entonces ellos se van a encontrar con puntos ciegos que no conocen y eso puede llevar un poco más de tiempo”, por lo que les pidieron que fueran pacientes, indicó.
La información que les dieron a los vecinos es que el procedimiento para que se salgan de sus casas y se instalen en las carpas que se colocarán, va a ser desde la hora que se comience con los trabajos hasta la hora que se termine, con el fin de prevenir un accidente.
Durante las horas de demolición, las familias deberán permanecer en las carpas, y una vez que terminen el día, Protección Civil hará una revisión rápida para ver el estado en el que se encuentran las viviendas, y entonces les indicarán que pueden entrar a sus casas.
En consulta, la encargada de Sedatu indicó que el curso de las investigaciones en la PGR contra la empresa constructora continúa, pero no se pudieron esperar los resultados porque pueden pasar tres años y no debe continuar el edificio ahí.
Sin embargo para reparar el resto de viviendas habitadas pero que también presentan daños, dijo que ahí si se tendrán que esperar los resultados de las investigaciones, pues serán las empresas las que hagan la reparación de daños.
Además, aseguró que las viviendas que se van a demoler no estaban asignadas a ningún damnificado, y tampoco hay damnificados de Ingrid y Manuel en espera.
Por otro lado, comunicó que ya no hay ningún predio de reconstrucción clausurado por la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa).
En el fraccionamiento se construyeron 598 viviendas, pero 32 de ellas son inhabitables. A los vecinos les entregaron la llave de su casa el 23 diciembre de 2015 pero la usaron sólo hasta el 5 de enero de 2016, y desde que las habitaron denunciaron que tienen cuarteaduras y fisuras que provocan humedades y filtraciones.
En agosto, la Secretaría de Función Pública (SFP) inhabilitó por 10 años al actual diputado local del PRI, Héctor Vicario Castrejón por “negligencia administrativa” cometida durante su paso por la delegación estatal de la Sedatu. Después Armenta Tello detalló que esa negligencia fue por “concepto de obra pagada no ejecutada”, que entonces había que proceder contra la empresa como y recomendación de la auditoría, y que las primeras ocho denuncias afectan a El Mirador, donde las construcciones tienen daños.
Sin embargo, en marzo el también presidente de la junta de coordinación política afirmó que se revocó la resolución de la SFP que lo inhabilitaba.
Algunos vecinos indicaron que, aunque sus viviendas no serán demolidas, sí presentan daños y eso los hace temer que resulten doblemente damnificados, en el sitio donde les habían prometido una casa por lote, y terminaron dándoles un departamento dañado.
