Walter Añorve informa que le dijeron que es sobre una investigación por los bloqueos de 2015 en el bulevar de Las Naciones. Destaca que la acción ocurre antes de que el magisterio disidente inicie una jornada de lucha de 72 horas. Pide a la gobernadora cesar las políticas de persecución. Hay “doble rasero” del presidente en el trato al movimiento social, dice Vidulfo Rosales
Acapulco y Chilpancingo, Guerrero, 15 de febrero de 2022. El responsable de la Comisión Política, de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación en Guerrero (CETEG) en Acapulco, Walter Emanuel Añorve Rodríguez, informó que agentes federales vestidos de civil, de la Fiscalía General de la República (FGR), acudieron a su domicilio con el propósito de “ubicar su vivienda para posibles citatorios”.
Añorve Rodríguez aclaró que es sobre una carpeta de investigación, por los bloqueos de 2015 en el bulevar de Las Naciones, en la zona Diamante; y adelantó que solicitará “manera formal y política el conocimiento de esa carpeta, si es que existe. De lo contrario haremos la denuncia pública correspondiente, para estar en alerta”.
En declaraciones telefónicas para El Sur, el dirigente cetegista consideró que la situación es una forma de intimidación, antes de iniciar la jornada de lucha de 72 horas, pues este miércoles habrá una marcha en Acapulco.
Indicó que se quiere amedrentar la lucha social, pues ahora salen con una investigación de hace seis años, por lo que llamó a la gobernadora Evelyn Salgado Pineda para que se deje de hostigar a las organizaciones sociales, que se dejen las políticas de persecución y que mejor se hagan políticas para resolver las demandas que tienen.
En su Facebook personal, Walter Añorve publicó, poco después de la 1 de la tarde, que “agentes federales pertenecientes a la Fiscalía General de la República, acudieron a mi domicilio acreditándose como tal. Con el propósito de ubicar mi vivienda, sin llevar ningún documento de notificación o de información oficial, sólo refiriéndose a una carpeta de investigación sobre uno de los bloqueos en 2015, en el Boulevard de las Naciones. Este acto de intimidación, no hace más que incentivar la idea de que la estrategia de este gobierno es continuar con la misma política de persecución en contra del movimiento magisterial democrático y del movimiento social, en vísperas de una jornada de lucha de 72 horas que hace unos días acordamos en asamblea estatal”.
El dirigente subrayó: “No nos van a detener, vamos a continuar reivindicando nuestras demandas, defendiendo los derechos de nuestros compañeros y las demandas del pueblo. Hago un exhortó al gobierno de Evelin Salgado Pineda, para que cese el hostigamiento y cambie su política de persecución, por una política de atención y resolución de las demandas justas de las organizaciones sociales”.
Ya en declaraciones telefónicas, dijo que espera que la gobernadora no se tome a la “ligera este tipo de acontecimientos, que de verdad ya dé un giro en un proceso que estamos empezando mal”.
Agregó: “Si antes no dimos un paso atrás, ahora menos”, y señaló que con esa acción se quiere amedrentar la lucha social, pues ahora salen con una investigación de hace seis años y que hayan ido a su casa “crea más incertidumbre de la que ya se tenía, pero ni aún así dejaremos de luchar”.
Ya en declaraciones telefónicas, Añorve Rodríguez indicó que los agentes federales le dijeron que nada “más fueron a ubicar mi domicilio, se identificaron, para posibles notificaciones de una carpeta de investigación de uno de los bloqueos en 2015, eso nada más me dijeron”.
Agregó que ve esa situación los pone en alerta y se preguntan porqué hasta ahora, pues “estamos hablando de hace seis años y, precisamente, ahora antes de usar una jornada de 72 horas, llegan con esta posición intimidatoria, porque finalmente no llevaban ninguna orden de otro tipo, ni siquiera llevan una notificación”.
Dijo que les mostraron su credenciales como agentes del Ministerio Público federal e indicó que a pesar de ello, la agenda de la jornada de lucha sigue en pie y de manera normal.
Señaló que con esa visita de agentes federales pareciera que se “viene en cascada el hostigamiento, no solamente a nosotros, sino a los demás. Ve lo que pasó con Ayotzinapa, con varios compañeros que finalmente han estado asediado, de una u otra forma. Entonces, es algo inaudito, porque no nos imaginamos este tipo de respuesta; al contrario, pensamos que con este gobierno podríamos transitar de manera distinta; sin embargo, vemos lo contrario. Sí nos inquieta, en el sentido de que de una u otra manera se intente vulnerar el movimiento social en Guerrero por persecución, y esperemos que no termine mal contra cualquiera de los compañeros que estamos en el movimiento”.
Walter Añorve indicó que la intimidación no los va detener y subrayó que Guerrero es un estado que ha dado ejemplo de lucha permanente, “en esta ocasión no va a ser la excepción, vamos a seguir construyendo con todas las organizaciones sociales un referente, para hacerle frente a todo este embate”.
Sobre lo dicho por el presidente Andrés Manuel López Obrador, de que nunca va a dar la orden de reprimir, sobre el toma de las caseta, Añorve Rodríguez indicó que eso se debe ver en los hechos, porque “el tema de las casetas es una situación que prevalece, por el gran abandono que se tiene, con respecto a la atención y resolución de las demandas de las organizaciones y también por los altos índices de marginación y pobreza que existen en Guerrero”.
Dijo que se debe hacer un alto total al despliegue de la Guardia Nacional en las casetas y más bien, se cumpla con brindar atención a los ciudadanos, porque se sigue viendo este panorama tan adverso de violencia.
Hay “doble rasero” del presidente en el trato al movimiento social, señala Vidulfo Rosales
El abogado de las madres y padres de los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa, Vidulfo Rosales Sierra, denunció el doble rasero del presidente Andrés Manuel López Obrador, quien dijo que no va a reprimir al pueblo Yaqui por la toma de casetas de peaje en carreteras, pero el pasado 4 de febrero aplicó la fuerza pública a un movimiento emblemático de la lucha social en Guerrero, por la misma razón.
En consulta telefónica, coincidió en que la respuesta de un gobierno progresista que entiende las causas profundas de la protesta social, debe ser el diálogo, “esa es la ruta que debe marcar su gobierno para ir resolviendo los problemas”.
No obstante, denunció que en Guerrero se violentó ese principio de un gobierno democrático.
El domingo, en el municipio de Cajeme del pueblo Yaqui en Sonora, López Obrador, señaló lo mucho que le han pedido que desaloje por la fuerza, con la Guardia Nacional, las tomas de casetas de cobro, “y no lo vamos a hacer, vamos a convencer, vamos a persuadir, nada por la fuerza todo por la razón y el derecho”.
Rosales Sierra destacó que esa es la respuesta que debe marcar su gobierno, pero hay un doble rasero en el norte con el pueblo Yaqui.
“En Guerrero se actuó contradiciendo estos parámetros de la tolerancia, de la democracia, de la sensibilidad con las causas profundas de inconformidad social. Aquí se aplicó una salida diferente, hay doble rasero con el de los hermanos Yaquis a quienes ofreció diálogo”.
Subrayó que en Guerrero se impone la fuerza pública, restringiendo derechos de los padres de familia de los estudiantes desaparecidos, a sus formas protestan, “todas las casetas de cobro de peaje siguen vigiladas por la Guardia nacional; los padres y estudiantes siguen siendo hostigados cuando pasan por carreteras de cuota”.
Recordó que el 4 de febrero, desde la reunión de la Mesa de Coordinación para la Construcción de la Paz, donde participan autoridades de todos los niveles de gobierno y fuerzas militares, sabían que estudiantes de la normal rural de Ayotzinapa se iban movilizar.
“Pudieron ofrecer diálogo, tender puentes de comunicación, y no se hizo, tampoco hubo un diálogo previo con las madres y padres de los estudiantes desaparecidos”.
Subrayó la ausencia de diálogo en Guerrero antes del 4 de febrero, durante la manifestación estudiantes y en el mal manejo de la protesta de la Policía que derivó en una confrontación. “La conclusión es que hubo una orden del más alto nivel para que se actuara”.
Confirmó que la propia gobernadora Evelyn Salgado Pineda destacó la coordinación con la federación el día de la confrontación de policías estatales con normalistas de Ayotzinapa en la caseta de Palo Blanco, con la presencia de la Guardia Nacional.
Destacó la manera óptima de abordar los problemas en el norte, mientras en Guerrero “pesa una salida autoritaria”.
Aclaró que la salida violenta en Guerrero está acompañada de una campaña de difamaciones, descalificaciones a las normales rurales desde los gobiernos estatal y federal.
Insistió en que Guerrero es un polvorín, con una problemática social candente, y Ayotzinapa es emblema del movimiento social en la entidad.
Pero a la fecha, aclaró que no hay una acción de diálogo más allá de las declaraciones en la prensa de autoridades “para atajar críticas y cuestionamientos por una actuación contradictoria a los postulados, de ser gobierno del pueblo, de la Cuarta Transformación”.
Consideró que “fueron obligados a mostrar posturas de diálogo, porque no hubo consenso sobre su posición dura, pero sigue siendo discurso, en la vía de los hechos no hay nada”.
Texto: Karina Contreras y Lourdes Chávez / Foto: Archivo
