Ciudad de México, 1 de julio de 2026. El supuesto rescate y reubicación que se ha hecho del patrimonio hallado en los tramos 6 y 7 del Tren Maya en realidad constituye un delito de falsificación, un fraude arqueológico.
Así lo señalan agremiados del Sindicato Nacional de Profesores de Investigación Científica y Docencia del INAH (SNPICD-INAH), quienes la semana pasada presentaron una denuncia penal por el desmantelamiento y alteración de al menos 47 monumentos arqueológicos durante las obras del tren, para posteriormente ser utilizados en edificaciones de nueva construcción dentro del llamado Parque de la Memoria Balam Tun, en Chetumal.
Tal circunstancia, afirman, pudo ocasionar la pérdida irreversible de autenticidad, integridad y contexto arqueológico de dichos bienes culturales.
“La conducta delictiva consiste en el hecho de presentar 47 monumentos nuevos, construidos con algunos fragmentos auténticos, como monumentos arqueológicos originales, simulando su conservación mediante una reubicación”, apuntó el arqueólogo Jesús Sánchez, miembro de la Comisión de Protección y Legislación del Patrimonio Arqueológico, Histórico y Paleontológico del SNPICD-INAH, este martes en conferencia de prensa.
“Aquí los sujetos activos insertaron falsedad en el discurso oficial sobre bienes culturales patrimonio de la nación con el objetivo de justificar su supuesta salvaguarda, lo que igualmente denota un delito de lesa arqueología”, añadió el experto.
En la denuncia de casi 700 fojas, presentada los pasados 7 y 8 de julio ante la Fiscalía General de la República (FGR) en Chetumal, los agremiados reunieron elementos de prueba para demostrar la comisión de seis presuntos hechos delictivos por parte de servidores del propio INAH.
Además de la ya mencionada falsificación o lesa arqueología, acusan destrucción de monumentos arqueológicos; mala praxis de los funcionarios implicados; ejercicio ilícito del servicio público; coalición de servidores públicos, y uso indebido de atribuciones y facultades por parte de los funcionarios.
“Es terriblemente triste, indignante, encabrona que los funcionarios de la institución sean los principales destructores de ese patrimonio”, lamentó Sánchez.
“Lo más indignante es que ahora, 500 años después, son los propios funcionarios de la institución los que siguen realizando los actos que los conquistadores no concluyeron: retirarle, arrancar las piedras de los basamentos piramidales, las piedras de las fachadas, para con eso ir a construir edificios nuevos que quieren mostrarle al turista como monumentos originales”.
Son, a decir del arqueólogo, 26 servidores del INAH los involucrados en tales delitos, aunque evitó nombrarlos para no afectar el proceso legal. Sin embargo, sí señaló directamente al exdirector de la dependencia, Diego Prieto, como “responsable directo de estas atrocidades”.
“Es el principal implicado en todos los delitos que les hemos señalado”, subrayó, para luego referirse también a Manuel Pérez Rivas, coordinador del salvamento arqueológico del Tren Maya, a quien incluso el INAH confiriera la Medalla Alberto Ruz L’huillier.
“Yo no estoy inventando nada, es el propio Pérez Rivas quien dijo: ‘Sólo en el transcurso del Tren Maya, encontramos más de 502 sitios arqueológicos’; 502 ciudades arqueológicas destruidas por el Tren Maya”, prosiguió Sánchez.
De acuerdo con José Manuel Hermosillo Vallarta, asesor legal de la referida Comisión del SNPICD-INAH, el objeto de la denuncia no es cuestionar el desarrollo de infraestructura pública, sino solicitar que se esclarezca si durante la ejecución del proyecto fueron vulneradas las normas nacionales e internacionales que protegen el patrimonio arqueológico de México.
“Y, en su caso, se deslinden las responsabilidades correspondientes”, dijo el abogado.
“Se busca que se sancionen a los servidores públicos o particulares que intervinieron en esa destrucción o alteración”, agregó, por su parte, el también abogado Raymundo Tamay Chuc, enlazado desde Quinana Roo.
Mientras la investigadora emérita Noemí Castillo Tejero condenó que no es posible la reparación del daño en un caso así, Tamay Chuc apuntó a que haya un reconocimiento público del mismo; “aceptar oficialmente que hubo una destrucción patrimonial e implementar medidas de no repetición, reforzar la protección legal y administración para que no vuelva a ocurrir”, comentó.
De avanzar todo conforme a proceso, aventuró que en menos de dos meses ya debería estarse ejercitando acción penal en contra de los investigados.
Los agremiados del SNPICD-INAH adelantaron que ésta es apenas la primera de varias denuncias penales que presentarán, pues hay cuatro parques idénticos a Balam Tun en el sureste mexicano, cada uno con su propia estela de destrucción del patrimonio arqueológico.
Agencia Reforma
