En una declaración de forma virtual, Tlachinollan y Cejil critican que el gobierno federal no considera “prioritarios los programas para la atención” a la violencia contra las mujeres
Acapulco, guerrero, 8 de julio de 2020. Ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU) denunciaron el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil), que la violencia contra las mujeres en el país se ha agudizado durante la pandemia de Covid-19 y urgieron al gobierno federal a realizar acciones al respecto.
Durante la jornada de este martes, que se realizó en el contexto del 44 periodo de sesiones del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, que se celebra en Ginebra, Suiza, las organizaciones de derechos humanos presentaron su pronunciamiento de forma virtual. En el que criticaron que la austeridad que impulsa la federación, por la crisis sanitaria, no considera “prioritarios los programas para la atención a la violencia de género”.
En voz de la integrante de Tlachinollan, Sandra Alarcón, las organizaciones celebraron la presentación del informe sobre la violencia contra las periodistas de la relatora especial sobre violencia contra la mujer, sus causas y consecuencias, Dubravka Šimonović, y en el que colaboraron con la documentación que hicieron sobre los hechos de violencia en la Montaña, que han ocurrido durante la pandemia, como lo informó la edición del 1 de julio de El Sur.
El año 2019 fue el más letal para las mujeres y “la pandemia ha agudizado esta situación, hasta tal punto que, desde el confinamiento iniciado en marzo, se han roto récords de llamadas de emergencia por asesinatos de mujeres”, dijeron Tlachinollan y Cejil mediante el video presentado.
Mencionaron que, además, se han registrado decenas de agresiones contra defensoras y periodistas, entre las que se encuentran María Elena Ferral, directora de El Quinto Poder, asesinada en marzo pasado en Veracruz.
Al igual que en el informe que enviaron previamente, Tlachinollan y Cejil criticaron la falta de medidas para enfrentar la violencia contra las mujeres durante la crisis sanitaria y peor aún, la suspensión o reducción de labores de las procuradurías y tribunales, “en perjuicio del acceso a la justicia y las medidas de protección a favor de nosotras”.
“En adición a esta omisión, el Estado ha profundizado la austeridad a través de un decreto, que reduce en 75 por ciento el presupuesto de la administración pública, sin considerar prioritarios a los programas para la atención a la violencia de género”, aseveraron.
Ejemplificaron esta afirmación con la reducción del presupuesto de las Casas de la Mujer Indígena y Afromexicana, “que prácticamente se ha quedado sin financiamiento”; y el intento de extinguir el fideicomiso para el Mecanismo de Protección a Personas Defensoras y Periodistas.
Por ello, Tlachinollan y Cejil urgieron al Estado mexicano a “replantear su estrategia de atención a la pandemia, para que contemple acciones claras para atender la violencia de género y se aseguren los recursos necesarios para llevarlas a cabo”.
Texto: Ramón Gracida Gómez / Foto: Especial
