Las organizaciones gremiales de Costa Rica denuncian que el plan fiscal no afecta a los sectores del gran capital y, por el contrario, golpea los bolsillos de los trabajadores.
Texto: DPA / Foto: Tomada del Twitter @TReporta
San José, Costa Rica, 10 de septiembre de 2018. Los sindicatos de Costa Rica desafiaron hoy un plan fiscal que el gobierno busca aprobar en la Asamblea Legislativa con el inicio de una huelga indefinida, que se prolongará el resto de la semana acompañada de marchas de protesta en todo el país.
“El arranque ha sido lo que esperamos, creemos que ha sido muy bueno”, señaló Albino Vargas, secretario general de la Asociación Nacional de Empleados Públicos (ANEP). “Estamos en punto muerto en cuanto a un posible diálogo con el gobierno. La huelga se profundizará en los próximos días”, dijo a una emisora local.
Por su parte, el presidente de Costa Rica, Carlos Alvarado, minimizó el impacto de la huelga y reiteró que la convocatoria de los sindicatos es ilegal e “improcedente”.
En conferencia de prensa, Alvarado dijo que un total de 13 instituciones públicas solicitaron la declaratoria de ilegalidad del paro, con el respaldo de su administración.
“La huelga no ha tenido un impacto mayor en los servicios públicos”, dijo, tras asegurar que operan sin contratiempos las terminales portuarias del Estado, los aeropuertos, el suministro de combustibles y telecomunicaciones, entre otros.
No obstante, Vargas replicó y aseguró que los alcances del movimiento en su primer día es mucho mayor. “El Gobierno de Alvarado se ha aliado con sectores neoliberales para cargar de impuestos al pueblo y a los trabajadores”, indicó el dirigente, y añadió que la lucha “seguirá en las calles”
Medios reportaron que el paro tuvo incidencia en los servicios hospitalarios y de salud del Estado, y en escuelas, colegios y universidades.
La huelga, que arrancó a primera hora de hoy lunes, provocó una situación de caos en algunos puntos de la capital, San José, donde huelguistas bloquearon el paso del tren, afectando a cientos de usuarios.
A la protesta se sumaron los gremios magisteriales, de la estatal Caja Costarricense del Seguro Social, de las terminales portuarias estatales y de los bancos, del Instituto Costarricense de Electricidad y Telecomunicaciones, entre otros.
Alvarado ordenó a la policía tomar control de las instalaciones portuarias del estado en la ciudad de Limón, en el Atlántico, por donde circula el 80 por ciento de las exportaciones e importaciones, y de la estatal Refinadora Costarricense de Petróleo, para garantizar el atraque de barcos y el suministro de combustibles, al igual que los aeropuertos.
Medios de prensa reportaron varios bloqueos en importantes rutas del interior del país, incluida la ruta 32, que comunica la capital con la ciudad de Limón, donde operan las principales terminales portuarias del país.
Los sindicatos rechazan un proyecto fiscal que impulsa el Gobierno en la Asamblea Legislativa, que transforma el impuesto de ventas del 13 por ciento a uno al valor agregado por el mismo monto, pero que grava también la canasta básica y pretendía inicialmente tasar servicios médicos y de educación privada.
El proyecto recorta beneficios salariales adquiridos por los empleados públicos mediante convenciones colectivas, como bonos o pluses por dedicación exclusiva y antigüedad, entre otros.
El gobierno insiste en que es urgente la aprobación de impuestos para evitar un colapso financiero, ya que el país arrastra desde hace una década un déficit fiscal que en 2017 superó el 6.2 del Producto Interno Bruto (PIB), unos 80 mil millones de dólares, y podría superar el 7 por ciento del PIB en 2018 y 2019.
Los sindicatos denuncian que el plan fiscal no afecta a los sectores del gran capital y golpea los bolsillos de los trabajadores.
Además de exigir el retiro del Parlamento de lo que llaman “paquetazo fiscal”, demandan un gran diálogo nacional para buscar salidas conjuntas a la crisis que afecta al país.
Los gremios, aglutinados en dos bloques sindicales, tienen previsto realizar el miércoles una “gran marcha” en San José, que irá hasta la Asamblea Legislativa. “No daremos marcha atrás hasta que el Gobierno acepte un diálogo multisectorial sobre la crisis fiscal, y como resolverla”, advirtió Vargas.
