METALES PESADOS
Tryno Maldonado
Existe un México paralelo, un territorio fantasma cuyas coordenadas se materializan entre fosas clandestinas y registros forenses saturados. Este País de los Desaparecidos ha crecido de manera tan devastadora que traspasó fronteras burocráticas y obligó al Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU a activar su protocolo más severo: el artículo 34, reservado para crisis que son generalizadas o sistemáticas. La respuesta del Estado mexicano, fiel a sus prácticas, ha sido tejer su propia cartografía de la negación.
El gobierno de Claudia Sheinbaum Pardo heredó el manual de Andrés Manuel López Obrador. Ambos sexenios han insistido en presentar el horror como un asunto de criminalidad común, y no como el colapso institucional que realmente representa. La Secretaría de Relaciones Exteriores declaró con desdén que las acusaciones de la ONU “carecen de sustento” y el embajador Héctor Vasconcelos argumentó en la Asamblea General que este mecanismo es para “situaciones excepcionales”. Como si las más de 133 mil personas desaparecidas y los más de 72 mil cuerpos sin identificar en las morgues fueran para ellos ya parte del paisaje normal en México. La impunidad ronda el 99 por ciento y las cifras oficiales siguen creciendo; sin embargo, la narrativa del poder se empeña en minimizar la catástrofe y en evadir cualquier responsabilidad estatal en lo que ellos llaman simplemente “un problema de delincuencia organizada”.
Frente a este relato oficial se alzan las voces que cartografían la verdadera dimensión del desastre humanitario. Santiago Corcuera, ex presidente del mismo Comité de la ONU, ha explicado que la desaparición forzada incluye los actos de particulares con la autorización o aquiescencia del Estado, y ha subrayado que la negación gubernamental equivale a rechazar un diagnóstico médico grave –es que “no nos gusta el doctor”–, impidiendo cualquier posibilidad de cura.
Los colectivos de búsqueda, conformados principalmente por mujeres, caminan los territorios con palas y mapas satelitales; sus integrantes, como Carlos Ramírez del colectivo Hasta Encontrarles, denuncian la sistemática invisibilización, además de enfrentar una obstrucción burocrática que comienza en el momento mismo de querer presentar una denuncia –obstaculización que continúa en cada fiscalía, en cada carpeta de investigación que se archiva, en cada cuerpo que no es identificado. La ley en la materia existe desde 2017, pero nació más de la presión social que de una convicción estatal genuina; su implementación ha sido lenta, ha estado marcada por la falta de recursos reales y por una evidente falta de voluntad política para desmantelar las estructuras que permiten y encubren estas desapariciones.
Casos recientes, como la desaparición forzada de cinco jóvenes en Veracruz el mes pasado, donde existen fuertes indicios de participación policial, demuestran que la maquinaria de terror no se ha desmantelado. La máquina de hacer desaparecer personas sigue operando con una eficacia aterradora, con una impunidad casi absoluta. La activista Nadín Reyes Maldonado, quien busca a su padre, el luchador social Edmundo Reyes Amaya, ofrece una perspectiva histórica que debería, al menos, indignarnos como sociedad: México tiene más personas desaparecidas que muchas dictaduras del Cono Sur; y esta práctica funciona, ahora como ayer, como un método de control social para infundir terror, para silenciar cualquier disidencia, para recordarle a la población que el Estado puede, cuando quiere, ejercer su poder más absoluto sobre los cuerpos de las y los ciudadanos.
La activación del artículo 34 no es un ataque a la soberanía nacional. Puede leerse como un llamado de auxilio de la comunidad global. O como la última esperanza institucional para miles de familias que han agotado todas las vías nacionales, que han recorrido cada fiscalía, que han esperado años fuera de cuarteles militares y oficinas gubernamentales. El gobierno mexicano encabezado por Sheinbaum, no obstante, insiste en mirar hacia otro lado, y con ello renuncia a su deber fundamental de garantizar justicia; prefiere refugiarse en un nacionalismo ramplón que sólo sirve para ocultar su incapacidad y su simbiótica complicidad con este engranaje de muerte.
El mapa de las fosas clandestinas en todo el país es el mapa del fracaso del proyecto de nación de la autonominada Cuarta Transformación. Pero cada cuerpo sin nombre en una morgue es una derrota de la civilización.
