METALES PESADOS
Tryno Maldonado
Naciones Unidas ha dado un paso que el Estado mexicano ha evitado durante años: nombrar las desapariciones como posibles crímenes de lesa humanidad. El Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU afirma que existen indicios de ataques generalizados o sistemáticos contra la población civil en distintas regiones y momentos del país, y ha pedido que el caso sea llevado con urgencia ante la Asamblea General. El dato que sostiene esa afirmación no es abstracto: más de 130 mil personas desaparecidas. Es una acumulación histórica que ninguna narrativa oficial ha logrado contener.
La respuesta del Estado mexicano ha sido inmediata y previsible: cuestionar el diagnóstico, rechazar la caracterización, insistir en que no existe una política de desaparición desde el aparato estatal. La discusión se desplaza así hacia el terreno más cómodo: las palabras. Pero mientras el gobierno disputa el lenguaje, las familias –organizadas en colectivos como el Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México– han dicho algo distinto: que la decisión del Comité abre una oportunidad histórica para reforzar la cooperación internacional frente a una crisis que el país no ha logrado ni ha querido resolver por sí mismo. No se trata de una confrontación entre soberanía e injerencia, sino de una diferencia más profunda: entre quienes buscan a sus desaparecidos y quienes administran el problema.
Esa diferencia no es menor. De un lado, las familias insisten en lo esencial: encontrar, identificar y regresar a casa a todas las personas desaparecidas. Del otro, el Estado responde con una defensa cerrada que interpreta el señalamiento internacional como un agravio. El desacuerdo no es sólo político: es ético. Porque lo que está en juego no es la reputación del Estado, es la posibilidad de denunciar a una maquinaria que ha producido más de 130 mil desapariciones.
Desde Ayotzinapa –ese punto de quiebre donde el país fue obligado a mirarse sin coartadas– sabemos que la desaparición no es únicamente la ausencia de un cuerpo. Es la producción de una zona de indeterminación en donde la verdad se dilata, se fragmenta, se vuelve inalcanzable. No obstante, lo que siguió a ese momento no corrigió esa lógica, la extendió. Las cifras crecieron, los registros se multiplicaron, los mecanismos institucionales se expandieron sin lograr revertir la tendencia. Y en ese proceso, algo más ocurrió: la carga de las búsquedas comenzó a desplazarse.
Hoy, una parte sustantiva de esa tarea recae en quienes no deberían estar haciéndola. Madres, padres, hermanos que buscan con sus propias manos lo que el Estado se niega a encontrar. No se trata de una metáfora: excavan, rastrean, recorren territorios hostiles, organizan brigadas, producen información a costa de sus vidas. Lo que debería ser una obligación institucional se ha transformado en una forma de trabajo no remunerado, sostenido por el duelo. Una economía del desgaste donde la persistencia de las familias suple la ineficacia o la renuncia de las autoridades.
Ese desplazamiento no es accidental. Es parte de una forma de administración de la tragedia. El Estado no desaparece de la escena: regula, acompaña, establece protocolos, produce registros. Pero al mismo tiempo permite –y en ocasiones normaliza– que la búsqueda recaiga en los cuerpos de quienes han perdido a alguien. La crisis, así, se expresa en el número de personas desaparecidas, pero sobre todo en la forma en que la responsabilidad se distribuye y se diluye.
Walter Benjamin escribió que hay experiencias que no logran transmitirse, que se quiebran en el momento mismo de ser vividas. Algo de eso ocurre aquí. La desaparición no sólo rompe vidas, rompe además la posibilidad de construir un relato compartido sobre lo que está ocurriendo. Pero esa fractura no es únicamente una consecuencia: es también una condición administrada. Expedientes que no avanzan, versiones que se contradicen, búsquedas que se postergan. Una verdad que nunca termina de fijarse.
Quince años después del inicio del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad, la advertencia del escritor Javier Sicilia sigue resonando con una claridad incómoda: la crisis no sólo no se ha resuelto, sino que ha escalado bajo gobiernos de distinto signo. PRI, PAN y ahora Morena han sido renuentes o aquiescentes a desactivar un mecanismo que produce muerte y desaparición con una regularidad que ya no puede explicarse como excepción.
En ese contexto, la discusión pública insiste en preguntarse si el Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU exagera, si el término es adecuado, si el señalamiento vulnera la soberanía. Como si el problema fuera la palabra y no los hechos que intenta nombrar. Lo que el proceso abierto en Naciones Unidas ha puesto sobre la mesa no es una disputa terminológica. Es la posibilidad, cada vez más difícil de eludir, de reconocer que más de 130 mil desapariciones no son una simple crisis: son la evidencia de un aparato que ha operado con continuidad, tolerancia e impunidad entre sexenios.
Por eso la intervención internacional no debería leerse como una intromisión, sino como un síntoma. El momento en que lo que se intentó contener dentro del lenguaje doméstico deja de ser contenible. Y no es porque afuera se entienda mejor, es porque adentro se ha vuelto cada vez más difícil nombrarlo sin que se activen mecanismos de negación.
Lo verdaderamente inquietante no es que el mundo mire hacia México. Es que el Estado mexicano, incluso frente a una cifra que ya no admite eufemismos, siga discutiendo las palabras en lugar de asumir lo que esas palabras –y esos números– obligan a reconocer.
