Según un peritaje forense, 181 de 467 capturas de pantalla consideradas carecen de validez para un proceso judicial, y exigen esclarecer cómo fueron obtenidas. Advierten que el “intento de acelerar los resultados” ha puesto en riesgo el acceso a la verdad y la justicia. No se construye otra verdad histórica, reconocen, pero sí hubo “torpeza y precipitación” y piden que paren las simulaciones. Solicitan al presidente López Obrador que ordene a la Sedena entregar los informes de los hechos de Iguala en tiempo real
Ciudad de México, 1 de noviembre de 2022. Las capturas de pantalla de los mensajes de Whatsapp que fueron incluidos en el informe de la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del Caso Ayotzinapa (Covaj-Ayotzinapa) no pueden considerarse una prueba digital, porque no fueron extraídos de forma directa de los dispositivos que, presuntamente, fueron utilizados para el uso de esa aplicación, determinó el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), que coadyuva en la investigación sobre la desaparición y destino de 43 normalistas el 26 y 27 de septiembre de 2014 en Iguala.
No existe evidencia que “garantice la originalidad” de la capturas de pantalla, indicó Francisco Cox, uno los integrantes del grupo, en conferencia de prensa este martes en la sede de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México (CDHCM) para presentar las conclusiones del peritaje forense que validaría o no la integridad y autenticidad de los mesajes de Whatsapp que, en forma de capturas de pantalla, presentó la Covaj en su informe de agosto sobre los hechos que culminaron en la desaparición forzada de 43 alumnos de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa.
Ante madres y padres de los jóvenes –de quienes aún se ignora su paradero–, Cox inició su intervención con la advertencia de que las filtraciones de información pueden generar impunidad en el caso.
Después afirmó que, de acuerdo con los análisis realizados de los ficheros entregados como evidencia digital, se ha concluido que “no es posible garantizar la originalidad de los mensajes que fueron capturados en imágenes o mediante registro fotográfico, ya que no se puede determinar mediante el estudio de la metadata, de los ficheros, su autenticidad”.
Lo anterior, expuso, “dado que no es posible verificar la fecha de creación original de mensaje” mediante la herramienta ExifTool. Tampoco es posible verificar el tipo de dispositivo celular donde se encuentra configurada la cuenta de Whatsapp de la cual se realizó la copia tipo captura de pantalla, objeto del análisis forense que solicitó el GIEI.
Si bien el entorno visual de la versión de Whatsapp 2.12.312 APK, utilizada de 2012 a 2015, es similar a la utilizada en los mensajes analizados, detalló Cox, se observan elementos, como el ícono de videollamadas, que no se utilizaban en esa fecha.
Discrepancias e incoherencias
En total, el peritaje logró determinar que de 467, presentan irregularidades 181 imágenes o screen shots (captura de pantalla). Asimismo, Cox expuso que se pudo identificar en algunos mensajes un entorno visual totalmente diferente al que se conoce de la aplicación Whatsapp. Por ejemplo, la forma de escritura de los mensajes, “algo inusual en la aplicación”.
El doble check azul –conocido como “las dos palomitas azules”– es una opción que permite la lectura de mensaje por parte del receptor. En algunos mensajes capturados aparentemente en octubre de 2014, no es coherente, pues esa funcionalidad fue incorporada en la app en el mes siguiente, el 20 de noviembre de 2014.
“Se evidencian varios mensajes que fueron enviados en fechas posteriores a la generación del screen shot, o sea, la fecha de generación de la imagen es anterior a la fecha de creación y envío de los mensajes”, detalló.
Cox agregó que algunos mensajes fueron emitidos el 8 de enero de 2015 “y la metadata muestra fecha de creación el 1 de octubre de 2014. Por lo tanto, no existe confiabilidad en la imagen, ya que no es posible tener una captura de pantalla de un mensaje que aún no ha sido generado ni enviado”.
Indagar el origen de los mensajes
En su turno, Claudia Paz y Paz recordó que el GIEI alertó a las instituciones implicadas en a investigación del caso Ayotzinapa “que la confusión, la falta de claridad o de consistencia generan mayor incertidumbre en los familiares y en la propia sociedad, lo que lleva a un enorme malestar y pérdida de confianza”.
La experta insistió en que se tiene que diferenciar la investigación de la Unidad Especial de Investigación y Litigación del Caso Ayotzinapa (UEILCA) de la Fiscalía General de la República (FGR) con el informe de la Covaj-Ayotzinapa.
“Existe una confusión entre la presentación de 83 órdenes de aprehensión de personas inculpadas de los hechos por parte de la Fiscalía Especial, y los resultados presentados por Covaj, en el mismo día que se presentaron las judicializaciones”, dijo.
Pero esas órdenes de aprehensión, recalcó, no se basan en el informe, “aunque ambos procesos han contado con información que fue proporcionada por la revisión de archivos de Sedena (Secretaría de la Defensa Nacional) y Semar (Secretaría de Marina), entrevistas a testigos y declaraciones de presuntos responsables”.
Paz y Paz precisó que la primera parte del informe de la Covaj tiene información que se refiere a los hechos de participación de diferentes corporaciones de fuerzas de seguridad y del grupo criminal Guerreros Unidos, y determina que se trata de un crimen, donde están implicados diferentes estamentos del Estado. “El grupo considera que es valiosa” por ser también una de las conclusiones del GIEI.
Sin embargo, continuó, la segunda parte, de la páginas 35 en adelante, incluye las conclusiones que se basan en 467 capturas de pantalla y que fueron presentadas como nueva evidencia. Las capturas de conversaciones a través de Whatsapp, recalcó, no fueron conocidas por el grupo sino hasta el momento en que se presentó el informe.
“La evidencia es inconsistente y no puede ser considerada como tal en un proceso judicial. La investigación sobre cómo fue obtenida y los responsables de su organización, debe ser sujeto de una investigación”, enfatizó.
Incluso en la ronda de preguntas y respuestas que tuvo lugar al final de la rueda de prensa, Ángela Buitrago dijo que es importante conocer cómo fueron incorporados esos mensajes de Whatsapp en el informe de la Covaj. “Lo que sí hay que investigar es por qué se entregaron, quién los entregó y cómo los obtuvo”. Eso es “fundamental”, dijo.
La Sedena no quiere dar información
Ángela Buitrago dijo que “la función de la asistencia técnica ha sido proporcionar evidencia contrastada” y que, hasta ahora, los informes presentados por el GIEI “son el documento básico” para las investigaciones. “En un momento tan determinante, perder la capacidad instalada es un enorme riesgo para el caso y tendrá consecuencias negativas en el mismo”.
Comentó que “el GIEI ha seguido insistiendo en que se necesita toda la información existente en los archivos de inteligencia de Sedena y en el Centro Regional de Inteligencia (Cerfi) y otros que puedan tener información clave para la búsqueda, que incluye los monitoreos y escuchas telefónicas en tiempo real del 26 de septiembre de 2014 y de los días subsiguientes e incluido el 4 de octubre de 2014, entre otros”.
Esa evidencia “se encuentra parcialmente recogida en notas oficiales de los archivos de Sedena que muestran que se tenía conocimiento de los hechos en el mismo momento en que se estaban dando. Dichos mensajes del Centro Regional de Inteligencia no han sido proporcionados”, remarcó.
“A pesar de que se afirma que no existen, el GIEI tiene conocimiento de su existencia”. Por eso, mencionó, el grupo ha pedido al presidente Andrés Manuel López Obrador que ordene la presentación de la información de dichos archivos y el acceso al lugar donde se encuentran, “sin lo cual se obstaculiza la búsqueda de los desaparecidos”, indicó Buitrago.
Posteriormente, el también miembro del GIEI, Carlos Martín Beristain reiteró que este grupo no desistirá “de solicitar la documentación a la Sedena”.
Crisis, confusión y desconfianza
El “intento de acelerar los resultados del caso, sin las medidas de investigación a tomar para ello”, conllevaron “a una situación de crisis en la capacidad de los entes investigadores en la independencia y confianza de los resultados de la investigación, lamentó el experto Carlos Martín Beristain.
“Los hechos y declaraciones han aumentado la confusión de las víctimas y del GIEI, y han puesto en riesgo el acceso a la verdad y la justicia”, enfatizó, al referirse a la presentación del informe de la Covaj, la presentación de 83 órdenes de detención –y el posterior desestimiento de más de 21 de ellas en medio de presiones y por instrucción del titular de la FGR, Alejandro Gertz Manero–, la dimisión del primer fiscal de la UEILCA, Omar Gómez Trejo, y parte el equipo que había realizado la investigación del caso.
“Ante este cambio de escenario y tras un examen crítico de las condiciones necesarias para seguir y las implicaciones para los familiares y el propio caso, de una posible salida del GIEI de México, el grupo ha tomado la decisión de proponer a las autoridades mexicanas, a la Comisión Interamericana, a los familiares y representantes, una medida transitoria de que dos de sus miembros sigan adelante con el desarrollo del mandato”, indicó Beristain.
Esta decisión se tomó incluso con base en dos conversaciones con el presidente López Obrador sobre la importancia de que el grupo continúe con su trabajo. Los dos expertos que seguirán son Buitrago y él mismo.
La decisión –dijo Beristain– se tomó en colectivo.
A decir del experto, la investigación está suficientemente restablecida. “Ha logrado mediante pruebas fehacientes acabar con las inconsistencias y mentiras de la llamada ‘verdad histórica’. Se rompió la idea de que el caso (Ayotzinapa) se relacionaba con la política local de Iguala porque participaron cinco policías municipales, además de otras fuerzas de seguridad en el estado (de Guerrero), incluidos integrantes de la Sedena”.
“No hay una nueva verdad histórica”
Al finalizar la rueda de prensa, al responder las preguntas de periodistas presentes, los miembros del GIEI indicaron que la UEILCA solicitó “varias órdenes de captura con antelación, incluso desde el año pasado, que no fueron realizadas”. Hay órdenes de captura en las que los señalados son “ubicables” pero no han sido materializadas.
También dijeron que desconocen por qué la FGR se desistió de 21 de las 83 órdenes de captura solicitadas, decisión que consideran “incomprensible”.
Acerca de la actuación de la FGR, Carlos Beristain manifestó que el fiscal general de la República (Alejandro Gertz Manero) está obligado a recibir a los familiares de los desaparecidos. “Se debe de tener una interloución directa con la Fiscalía sobre las dimensiones de la investigación”.
Expusieron que tras las dos reuniones que tuvieron con López Obrador –después de la presentación que hizo el subsecretario de Gobernación Alejandro Encinas–, hablaron sobre la necesidad de no confundir el informe de la Covaj con la investigación judicial.
Sobre el informe de la Covaj-Ayotzinapa, los miembros del GIEI fueron cuidadosos al señalar sus diferencias con la Covaj, pues ha habido “puntos buenos” que no deben perderse por los “puntos malos”, y dejaron en claro que “no estamos ante la construcción de una nueva verdad histórica”.
Paz y Paz indicó que “hay elementos que son sustantivamene diferentes de lo que ocurrió en 2014. No se nos negó el acceso a la información. Es cierto que lo conocimos después de que fuera presentado públicamente, pero se logró el acceso tras solicitarlo”.
Reconoció que “se nos han abierto las puertas para acceder a más de 70 mil documentos e información reservada”.
Las conclusiones que presentaron a las autoridades, expuso, no fueron rebatidas. “No tenemos evidencia de que se haya torturado a nadie para convalidar la fabricación por parte de la FGR”.
No obstante, Cox matizó, pues aunque no considera que hay una nueva verdad histórica, el informe “es una torpeza y precipitación”.
Al final, Ángela Buitrago señaló que el tiempo que les quede para investigar será usado para generar información para los padres y madres que ayude a encontrar a los jóvenes desaparecidos. Ellas y ellos “son nuestra razón de ser”.
Pidió, además, “que paren las simulaciones” y “que paren las investigacions falsas” sobre el caso. Estos hechos irregulares causaron la “salida de Omar (Gómez Trejo) y de otros fiscales”.
Lo que es inconcecible, finalizó, es que se retiraran las 21 órdenes de aprehensión cuando “tenían elementos probatorios” y que se haya demostrado que “Cisen, Sedena, policías estatal, municipal, estaban conociendo segundo a segundo” los hechos de la noche de Iguala.
Texto: Guillermo Rivera / Foto: Agencia Reforma
