Los militares tienen un récord de violación de derechos humanos en Guerrero, señala Eloy Cisneros. El entrenamiento de los elementos castrenses no es para tratar con civiles, sostiene Tita Radilla. La gobernadora no puede ignorar el pasado de los militares, sostiene Roberta Campos
Chilpancingo, 31 de diciembre de 2021. Los dirigentes sociales Eloy Cisneros Guillén y Roberta Campos Adame, demandaron a la gobernadora Evelyn Salgado Pineda rectificar su decisión y proponer para la Fiscalía General del Estado a un civil, honesto y que respete los derechos humanos, en lugar de teniente coronel Sandra Luz Valdovinos Salmerón, nombrada hace tres días.
Tita Radilla, vicepresidenta de la Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos y Víctimas de Violaciones a los Derechos Humanos en México (Afadem), expresó preocupación de que se siga dando más poder al Ejército en las instituciones civiles del estado.
Si no existe otra alternativa a un fiscal castrense en una entidad militarizada desde los años 70, por una política contrainsurgente, opinó que la gobernadora, las organizaciones sociales y la población deben estar atentas a su actuación.
El Centro de Derechos Humanos Centro Regional de Defensa de Derechos Humanos, José Ma. Morelos y Pavón, en un comunicado aclaró que no pueden darle el beneficio de la duda a quien se formó en una institución que ha cometido crímenes de lesa humanidad.
El movimiento social esperaba a un civil: Eloy Cisneros
Del Frente Progresista Guerrerense, Cisneros Guillén aclaró que no conoce más que el cargo la nueva fiscal, pero el movimiento social siempre demandó a los gobiernos federal y estatal que en seguridad pública, y sobre todo en la FGE, esté representada por civiles.
En consulta telefónica recordó que en la historia de Guerrero los luchadores han sido afectados por los militares en sus derechos humanos.
Dijo que no sabe de dónde vino la designación o si es una propuesta auténtica de la gobernadora, dada la versión de que recibió línea del presidente Andrés Manuel López Obrador, pero el movimiento social buscaba que la Fiscalía rcayera en una persona honesta, consecuente, para corregir tantos errores que hay en el sistema de administración y procuración de la justicia.
Planteó que la mandataria rectifique la decisión, por la experiencia pasadas de gobiernos represivos y de la Guerra Sucia, “cuántas gentes fueron desaparecidas, asesinadas, cobardemente por soldados, sin pertenecer a ninguna organización social y a la fecha no sabemos su paradero”.
También señaló la desaparición de los 43 estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa, donde se menciona la participación de los militares, “no queremos que se repita esto”.
El nombramiento, provocación al movimiento social
Roberta Campos Adame coincidió en que la mandataria debería recular en este nombramiento de la fiscal, porque Guerrero es uno de los estados más lastimados por ellos, “la señora no puede ignorar lo que ha pasado en el estado con las fuerzas castrenses”.
Opinó que la decisión revela que Salgado Pineda no conoce ni tiene el pulso de lo que ha hecho el ejercito en la entidad, y la definición del nombramiento “que parecía una bola de ping pong”, entre el Congreso del estado y el poder Ejecutivo, dice que tampoco conoce lo que pasa en el estado.
Recordó que el primer registro de un desaparecido en México es de 1963, de Epifano Avilez en Guerrero; también ocurrió la masacre del 60 en Chilpancingo, la de los copreros en Acapulco, y ahora los 43 normalistas de Ayotzinapa, y en todos hay señalamientos al Ejército.
Lamentó que la Cuarta Transformación sea más de lo mismo, donde se legisla por sancionar la toma de casetas y se imponen militares en la administración de la justicia civil.
Advirtió que hay señalamientos en redes sociales de corrupción de la fiscal Valdovinos, que no le constan, pero sabe con certeza de graves violaciones por parte de los militares.
Guerrero está militarizado desde los 70: Tita Radilla
En consulta telefónica, Tita Radilla lamentó que se militarice la justicia en el estado, como se hace a nivel nacional con la seguridad pública, “no debería de pasar eso, pues finalmente ellos tienen otro tipo de entrenamiento, otra concepción. No es para tratar con los civiles, son especialistas en seguridad de la población”.
Sin embargo, aclaró que la militarización del país no es nueva. “Nos han obligado a vivir en zonas militarizadas. En Atoyac ha estado el Ejército desde los años 70, pasar a cada rato ahí, en posición lista para disparar, eso me duele, me lastima, es una situación gravísima la que vivimos y continúa”.
Precisó que no tiene temor, sino coraje porque no hay una guerra para que los militares patrullen las calles.
Agregó que tampoco es grato tener una militar en la Fiscalía, pero si la designación está hecha, la gobernadora debe estar pendiente de la actuación de la fiscal, “ no podemos permitir que sigan aconteciendo hechos como los ocurrieron contra la población de parte de los militares (durante la Guerra Sucia). También las organizaciones y la sociedad civil deben denunciar lo que esté mal”.
Ni hombre ni mujer militar en la FGE, pide el Centro Morelos
En un posicionamiento, el Centro de Derechos Humanos José María Morelos, señaló como ejemplo de la actuación del Ejército contra el pueblo, la masacre del 60 en Chilpancingo, con el gobierno del general Raúl Caballero Aburto.
Manifestó en un comunicado “total rechazo que un militar sea mujer u hombre ocupe un cargo que tiene que ver con la integración de las carpetas de investigación, investigación y puesta a disposición de los presuntos responsables de las desapariciones, asesinatos, feminicidios y todo tipo de delitos de los cuales los grupos de narco-paramilitares tienen la patente para cometerlos, pero también sabemos del contubernio de todo tipo de autoridades, funcionarios y políticos”.
Recordó que organismos civiles dejaron claro cuáles son las características que debe reunir quien ocupe el cargo de fiscal, y rechazan que se continúe con la militarización de las estructuras gubernamentales.
Llamaron al Congreso y a la gobernadora que reconsidere este nombramiento, aún cuando la recomendación vino del presidente, y en alusión al llamado de los diputados de Morena, el Centro respodió que “nosotros no podemos otorgarle el beneficio de la duda ni hacer votos para una institución que ha sido responsable hasta de crímenes de lesa humanidad”.
Y preguntó: “¿Qué pueden esperar las víctimas de militares que junto con los narco-paramilitares los desplazaron de sus comunidades, así como a la familias de los desaparecidos y a todas las víctimas de la violencia?”.
Advirtió que otros militares pueden ser incorporados como policías investigadores ministeriales “y al final se consolide un nuevo cártel al interior de la Fiscalía y sin duda recurrirán al Ejército para realizar acciones punitivas en contra de la población en general, fabricando falsos positivos”.
Texto: Lourdes Chávez
