Las familias refugiadas en Ayutla desde hace 10 años exigieron la libertad de dos presos, tierras para sembrar y vivienda digna. Calificaron como “una grosería” el envío de esos materiales en lugar de atender sus demandas
Ayutla, Guerrero, 5 de agosto de 2022. Desplazados por la violencia en la sierra de Coyuca de Catalán rechazaron el apoyo del gobierno estatal porque no cumple con sus demandas, principalmente la liberación de presos políticos, construcción de viviendas y tierras para sembrar.
Los primeros desplazados por los grupos paramilitares y del narcotráfico en la comunidad de La Laguna, municipio de Coyuca de Catalán, no recibieron los tinacos, tablas, láminas y mangueras que por órdenes de la gobernadora Evelyn Salgado Pineda fueron enviados como prioridad a personas desplazadas.
Ayer, en la comunidad de Tepango familiares de la sierra de Coyuca de Catalán se reunieron con funcionarios de segundo nivel donde les pidieron que recibieran los apoyos que el gobierno estatal mandó para las víctimas de desplazamiento forzado por la violencia en Guerrero.
Juana Alonso, madre de Rubén Santana Alonso (que según las denuncias fue asesinado por paramilitares en 2011), reclamó que es “una grosería los apoyos que la gobernadora mandaba, pues ellos lo que necesitan es la liberación de dos presos políticos, la construcción de viviendas, tierras para sembrar y la reparación del daño del olvido gubernamental”.
Los desplazados de La Laguna desde hace varios años exigen la libertad de Ubaldo Santana Alonso y Gildardo Díaz Pérez, que fueron detenidos en retenes militares cuando escapaban de la persecución y el acoso que los hermanos Montúfar realizaban en contra de sus familias.
“Ya llevan varios años detenidos, según el gobierno de Andrés Manuel López Obrador iba aplicar una amnistía a los presos políticos, pero ya son cuatro años y nuestros familiares no salen porque aún la familia Montúfar pesa en el sistema judicial del estado” señaló una de las desplazadas.
Las familias se encuentran desde hace 10 años en las comunidades de Tepango y La Libertad, en el municipio de Ayutla, luego de que luchador social finado Bertoldo Martínez Cruz, intervino para que pudieran comprar un terrero y escapar de la violencia de sus comunidades.
“Nos da enojo que el gobierno crea que necesitamos tinacos y 50 tablas para poder vivir, nosotros ya le habíamos dicho al secretario de Gobierno (Ludwig Marcial Reynoso) en las reuniones, que necesitamos la libertad de nuestros compañeros y tierras para poder sembrar, porque compramos el maíz cuando nosotros lo sabemos cosechar”, reclamó Edith Díaz Pérez, que quedó viuda durante esta guerra que los obligó a desplazarse.
Al medio día los familiares se reunieron en la comunidad de Tepango, donde enviados del gobierno estatal llegaron en dos camiones Torton cargados de tinacos, tablas, láminas y mangueras para entregarlos a los pobladores desplazados.
En el lugar, las familias se negaron a recibir los apoyos gubernamentales y exigieron que los atendiera la gobernadora Evelyn Salgado Pineda para que de viva voz conociera sus exigencias y necesidades.
Hoguer Morales, uno de los representantes de las familias desplazadas, exigió que “se respeten los acuerdos tomados en las mesas de trabajo, que las familias sí tienen necesidades, pero por dignidad rechazan los apoyos de las autoridades hasta que se libere a los dos presos políticos”.
Los enviados del gobierno se retiraron al medio día de la comunidad luego de entablar un diálogo para intentar que las familias recibieran los apoyos, posteriormente se dirigieron a la comunidad de La Libertad que está entre la carretera de Ayutla a Cruz Grande, donde llevarían más de 10 tinacos para las familias desplazadas.
En esa comunidad el delegado Bernardo Díaz Pérez los recibió con la misma consigna de no recibir nada hasta que se libere a sus compañeros, les entreguen las tierras y les construyan viviendas dignas.
“Nosotros rechazamos eso porque no es eso lo que nosotros estamos gestionando, lo que manda la gobernadora no es nada de lo que nosotros pedimos, con todo respeto le decimos que lo que esté relacionado con nuestras demandas será bien recibido, no aceptamos esto porque no es una solución para la comunidad” expresó Díaz Pérez.
Los desplazados de La Laguna en Coyuca de Catalán llegaron a asentarse en la comunidad de La Unión en Ayutla de los Libres, luego de que escaparon de la violencia de grupos paramilitares en la parte alta de Coyuca de Catalán y Petatlán tras la persecución gubernamental contra una columna guerrillera del Ejército Revolucionario del Pueblo Insurgente (ERPI) encabezada por el comandante Ramiro.
Del 2011 al 2012 fueron asesinados al menos 37 hombres y mujeres de esa comunidad enclavada en la sierra del Filo Mayor, y tres personas más se encuentran desaparecidas y dos fueron detenidos por órdenes de aprehensión que vienen desde el gobierno de Zeferino Torreblanca Galindo.
Texto y foto: Lenin Ocampo Torres
