Chilpancingo, Guerrero, 10 de noviembre de 2025. Familias de desplazados de comunidades de los municipios de Leonardo Bravo y Zitlala, de la región Centro, instalaron esta mañana un plantón afuera del Recinto de Oficinas del Poder Ejecutivo Estatal, en demanda de una plan estratégico para resolver su situación de desplazamiento forzado por los grupos delictivos.
Las familias son encabezadas por la directora del Centro Regional de Derechos Humanos José María Morales y Pavón (Centro Morelos), Teodomira Rosales Sierra, quien pidió al Congreso del Estado aprobar un presupuesto especial para que se resuelva el problema.
En conferencia de prensa, la activista recordó que mañana martes se cumplen siete años del primer desplazamiento más numeroso que se ha dado en la historia de Guerrero y las autoridades aún no les dan garantías para su retorno seguro a sus comunidades y tampoco les ha apoyado para su reubicación.
En octubre del 2018 salieron de nueve comunidades del municipio serrano de Leonardo Bravo unas mil 500 personas, que inicialmente se refugiaron en Chichihualco, la cabecera municipal, y después se dispersaron a distintos lugares del país, e incluso algunas se fueron a Estados Unidos, donde recibieron asilo.
A este grupo se sumó otro de familias de comunidades de Zitlala, en la zona centro del estado, que también fueron desplazadas por la violencia.
Rosales Sierra dijo que a siete años las familias siguen sin ninguna atención por parte del gobierno.
Contó que hace dos meses la Secretaría de Gobierno les informó que elaborarían un padrón “para confirmar que en verdad existen los desplazados”.
Señaló que a pesar de fueron los jefes de familia, aún no les han dado propuestas de solución.
Zacarías Cervantes/ Foto: Jesús Guerrero
