Los sancionados son el ex director general Javier Chona Gutiérrez; el ex director de Finanzas, Guillermo Adolfo Galeana Salas, y el ex director de Operación, Juan Antonio Ramírez Valle, funcionarios en el periodo del alcalde Evodio Velázquez. Además serán inhabilitados para ocupar cargos.
Chilpancingo, Guerrero, 22 de mayo de 2019. La Auditoría Superior del Estado (ASE) emitió una resolución de carácter resarcitorio al concluir la fiscalización a la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Acapulco (CAPAMA), en la que inhabilitó a los que en 2016, durante el gobierno de Evodio Velázquez, eran director general, secretario de Finanzas, y director de Operación, y les estableció un plazo de cinco días hábiles para resarcir 146 millones 922 mil 607 pesos (a partir de que son notificados).
Consultado por teléfono, el auditor superior Alfonso Damián Peralta informó que la ASE “ha emitido la resolución, en donde hemos determinado un monto a resarcir”.
Explicó que el monto que los ex funcionarios tendrán que a resarcir es de 138 millones 219 mil 607 pesos que “de manera solidaria” tendrían que reintegrar los ex funcionarios involucrados, el entonces director Javier Chona Gutiérrez y el director de Finanzas y Administración, Guillermo Adolfo Galeana Salas.
Mientras que al ex director de Operación, Juan Antonio Ramírez Valle determinaron un monto a resarcir de 8 millones 703 mil pesos. La única que no fue sancionada y que se había mencionado anteriormente como parte de los involucrados fue la ex directora de Gestión Ciudadana Dalia Garzón Campos.
En total, el monto que los tres ex funcionarios tendrían que regresar a la paramunicipal es de 146 millones 922 mil 607 pesos,
“A la par de estos montos que son de carácter resarcitorio, se ha determinado inhabilitación a estos servidores públicos, en contra del ex director general por diez años, en contra del ex director de Finanzas y Administración por nueve años y seis meses y en contra del ex director de Operación por tres años”, en los que no podrán ocupar cargos públicos en los que se manejen recursos, informó el auditor.
Se le preguntó de los plazos que tienen los funcionarios para cumplir con lo que establece la resolución de la ASE. En ese sentido Damián Peralta explicó que tienen cinco días hábiles para realizar el reintegro y tres más para exhibir ante el órgano fiscalizador la ficha de depósito, el tiempo corre a partir de que los ex funcionarios son notificados.
Alfonso Damián dijo que “ya han sido notificados el director general y el director de Operación, aún estamos en proceso de notificar al que era director de Finanzas y tendrían cinco días hábiles para resarcir este monto o en su caso recurrir a los instrumentos legales que ellos pudieran determinar, nosotros con esto concluimos los trabajos de fiscalización”.
Pero precisó que si la ASE no es notificada de que el monto fue reintegrado a la paramunicipal “lo que procedería es solicitarle a la Secretaría de Finanzas que determinara a través de un crédito fiscal”, que se refiere a un procedimiento de ejecución fiscal, con lo que realizarían un embargo de los bienes muebles e inmuebles que sean necesarios para reintegrar los más de 138 millones.
“Ha sido un procedimiento al que le hemos estado dando seguimiento y atendiendo también el reclamo ciudadano que existe sobre este tema, pero apegado a derecho porque se ha garantizado el derecho de audiencia y se le ha brindado la garantía de audiencia y se le han brindado las oportunidades a los ex servidores públicos para que presenten su documentación comprobatoria en todas sus etapas”, precisó el auditor del estado.
Texto: Rosalba Ramírez / Carlos Alberto Carbajal – Archivo
