Según agentes, el alcalde Antonio Gaspar quiere desarticular esa corporación para abrir la zona a grupos delictivos
Chilpancingo, Guerrero, 20 de julio 2019. Por lo menos 25 comunidades de la sierra del municipio de Chilpancingo en las que no existen problemas de inseguridad ni han permitido la entrada de los grupos de autodefensa por la presencia de la Policía Rural, quedarían desprotegidas con la pretensión del presidente municipal, Antonio Gaspar Beltrán, de despedir a 130 de 151 elementos de esa corporación que desde hace siete años resguardan esas localidades.
Los policías consultados informaron que el alcalde argumenta que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) le hizo observaciones del presupuesto que se destina para el pago de sus salarios, pero dijeron que no existe ningún documento que avale su dicho, “más bien creemos que son motivos políticos”, dijo el policía Gilberto Bahena Giles, de la localidad de San Miguel.
Otro de los agentes declaró que sospechan que el presidente municipal quiere desarticular esa corporación, “que ha dado buenos resultados en la vigilancia de esos pueblos”, para abrirle la zona a grupos delictivos que operan en comunidades de Leonardo Bravo (Chichihualco) y Heliodoro Castillo (Tlacotepec) en donde se ha desatado la violencia y la inseguridad, debido a la presencia de policías comunitarios y grupos delictivos.
Durante la toma de protesta de los comisarios municipales la semana pasada policías rurales se inconformaron ante Gaspar Beltrán, por el anuncio de que el Ayuntamiento despedirá a unos 130 policías rurales que no cumplen la norma de seguridad que establece el gobierno federal.
Los policías denunciaron que el Ayuntamiento no les da ninguna alternativa para conservar sus puestos, aun cuando todos ellos se encuentran debidamente capacitados.
Gilberto Bahena informó ayer vía telefónica que en su caso tiene 13 años trabajando como policía. En la Policía Rural los que menos años tienen son los que llevan 5, pero hay quienes suman 19 laborando ahí.
“El presidente municipal argumenta que son órdenes del presidente de la República, y dice que la Auditoría Superior de la Federación le ha hecho observaciones con respecto al pago de los salarios de los policías rurales, pero no hay ningún documento que avale su dicho, lo que está haciendo son despidos injustificados”, dijo Bahena Giles.
Agregó que les han dicho que solamente se quedarán en la corporación los que tengan menos de 36 años, pero que tampoco están seguros porque a ellos les van a aplicar la prueba del polígrafo para el examen de Control de Confianza, “y no están tan seguros de que lo pasen”.
Declaró que no han tenido ninguna plática directa con el alcalde y que el día que tomaron protesta los comisarios municipales, les ofrecieron una audiencia, “pero no sabemos hasta cuando, y todavía no estamos seguros si nos la van a dar o no”.
La Policía Rural fue creada por un decreto emitido por el gobernador Ángel Aguirre Rivero en 2012, en Chilpancingo estaba como presidente municipal el ahora gobernador Héctor Astudillo Flores, en el periodo 2008-2012, aunque los trámites para su regularización debió hacerlos Mario Moreno Arcos quien sucedió en el cargo a Astudillo.
Bahena Giles mencionó que los pueblos de la sierra de Chilpancingo se estaban viendo afectados por la inseguridad. Dijo que los asaltos y robos en las carreteras eran frecuentes y que la Policía Rural se creó para resolver el problema.
Agergó que desde entonces unos 151 policías se encargan de la vigilancia en 25 pueblos, 24 de ellos del municipio de Chilpancingo y uno, Santa Rosa, de Coyuca de Benítez.
Destacó que desde que opera la Policía Rural se terminó el problema de la inseguridad en esas localidades. Incluso dijo que en estos lugares no existe la presencia de grupos de autodefensa, de las llamadas policías comunitarias o ciudadanas porque la seguridad está garantizada, a diferencia de lo que ocurre en los municipios de Heliodoro Castillo y Leonardo Bravo.
“En la zona donde brindamos seguridad han ido a invitarnos los grupos de las policías comunitarias, pero nosotros estamos bien, tenemos bajo control la seguridad, pero si se quedan desprotegidos los pueblos lo más seguro es que van a querer entrar esos grupos”, advirtió.
De los 25 pueblos que resguarda la Policía Rural los más grandes son San Cristóbal, que tiene aproximadamente 4 mil habitantes, Santa Bárbara con más de mil, San Miguel con aproximadamente 700. Así como Santa Rosa de Coyuca de Benítez y Santa Rita, con unos 300 habitantes cada uno.
Bahena Giles explicó que les corresponden en promedio18 policías para todas las comunidades.
Otro de los policías que se encuentra dentro de los que serán dados de baja, de San Cristóbal, declaró que sospechan que la verdadera intención del alcalde es dejar desprotegidos a esos pueblos para abrirle el pago a los grupos delictivos, “y entrando, esto se va a convertir en un desmadre, como pasa con los pueblos del corredor de Filo de Caballos a Xochipala, y nosotros aquí tenemos todo en orden, aquí ya no hay problemas porque ni grupos delictivos ni comunitarios entran”.
Por su parte, Bahena Giles dijo: “No sé si sea esa la intención, que haya acuerdos de esos grupos con el presidente, pero en las comunidades de acá arriba, los comisarios están inconformes, porque va entrando su periodo y ya les dicen que van a quedar desprotegidos”.
Explicó que en estos pueblos no hay problema de inseguridad porque los rurales trabajan bajo las órdenes de los comisarios, “y cualquier problema son los que de inmediato actúan. Después llega en apoyo la Policía Municipal de Chilpancingo, si es que la mandaban, pero por lo regular los policías rurales siempre han establecido el orden en las comunidades de acá arriba, en la sierra”, declaró.
Una policía preparada
El dirigente reprochó que el alcalde declaró que no cuentan con capacidad, “pero yo pienso que las personas que lo asesoran no le han entregado un informe real, como debe de ser”.
Informó que todos los de esta corporación recibieron adiestramiento de 3 meses en la Universidad Policial (Unipol).
“El Estado y el municipio contrataron a gentes de La Marina y de la Defensa Nacional para que nos dieran instrucción. Nosotros tenemos la capacidad, sabemos manejar armamento, cómo actuar en una emboscada, en un secuestro, dar protección a un empresario, a un político. Tenemos todo el adiestramiento necesario para ser policía rural”, aseguró.
Insistió en que la prueba está en que en los pueblos donde trabajan no ha habido ningún problema. “El día que quieran subir, lo pueden hacer. Los pueblos están pacíficamente porque nosotros no hemos admitido comunitarios ni nada, porque nos regimos con las leyes de nuestras comunidades. Aquí se le castiga al que se mete en problemas, la Policía Rural actúa conforme a Derecho. Quien la regó la tiene que pagar, nada de que porque eres hijo de fulano no le vamos a hacer nada, el que la hace la paga”.
Informó que el primer acercamiento que tuvieron con el presidente municipal fue la semana pasada, cuando tomaron protesta los nuevos comisarios. Ese día le solicitaron una audiencia para llegar a un acuerdo, “pero por lo que veo él se quiere evadir, y si él no pone nada de su parte nosotros nos vamos a pasar a donde debamos de ir”, advirtió Bahena Giles.
“Incluso ya tenemos una audiencia con el senador de la República (por Morena) Félix Salgado Macedonio, y con el diputado federal Carlos Sánchez Barrios (de Morena). Si el presidente municipal dice que es asunto de la federación pues allá vamos a llegar, porque a nosotros no nos va a correr nomás porque sí”.
Informó que personal del alcalde les dijo que entre el lunes y martes les van a avisar para ver si les da una audiencia el viernes próximo, “pero si hace caso omiso al llamado que le hicimos, pues vamos a tener que reunirnos para tomar las acciones que tengamos que hacer”, advirtió.
Texto: Zacarías Cervantes
Foto: José Luis de la Cruz
