Chilpancingo, Guerrero, 10 de junio de 2026. El gobierno federal difundió que en la Normal Rural de Ayotzinapa opera un grupo financiado por el PRI, al que responsabilizó de fabricar los explosivos caseros decomisados en la Ciudad de México este martes.
Diferentes medios de circulación nacional difundieron profusamente ayer, luego del hallazgo de 59 artefactos explosivos de fabricación casera en un autobús donde se trasladaban estudiantes de Ayotzinapa y padres de los 43 normalistas desaparecidos, en la caseta de Tlalpan de la autopista México-Cuernavaca, que diversas autoridades mantienen bajo seguimiento a “una célula radical”, vinculada al Comité Estudiantil de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos.
Según el presunto reporte de inteligencia filtrado a diversos medios, Jesús García Estrada, conocido como El Coquillo, es el presidente del Comité de Lucha de la Normal de Ayotzinapa, uno de los principales operadores del grupo y uno de los responsables de coordinar la logística relacionada con la elaboración y distribución de estos artefactos explosivos.
Menciona que se le señala como uno de los responsables de cometer delitos como la retención de vehículos, robo de diésel y de mercancía; y que en publicaciones de sus redes sociales presume un reloj de alta gama.
La investigación también menciona a personajes externos a la estructura estudiantil que, según fuentes institucionales, mantienen influencia sobre grupos radicales vinculados a Ayotzinapa, se indica en el texto.
Uno de ellos es Juan Miguel Hernández Carbajal, El Padrino o El Mamado, señalado de fomentar acciones radicales entre estudiantes normalistas de Ayotzinapa y responsable de la conformación del grupo Los otros desaparecidos de Ayotzinapa, organización que surgió, dice, por diferencias con los padres de los 43 normalistas en cuanto al reparto del dinero recabado en la toma de casetas.
También dice que, al parecer, es hijo de José Luis Hernández, quien era el director de la Normal Rural cuando ocurrieron los ataques en Iguala en 2014.
También se publicó que fuentes cercanas al caso señalan que las autoridades investigan posibles mecanismos de financiamiento y apoyo logístico a estas estructuras.
Entre las hipótesis que se analizan se encuentran vínculos con actores políticos de Guerrero que los financian, principalmente el senador priista Manuel Añorve Baños y el Partido Revolucionario Institucional (PRI) en el estado.
El reporte de inteligencia señala que el presunto grupo “radical” planeó la elaboración de mil artefactos explosivos, fabricados con PVC, no sólo los 59 que fueron hallados en el autobús. También, según los señalamientos, estos artefactos tienen una elaboración técnica mayor a los petardos que estos grupos utilizan tradicionalmente en sus manifestaciones.
Hay una campaña del gobierno federal contra Ayotzinapa y los padres de los 43, advierten
El Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan y la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos Todos los Derechos para Todas, Todos y Todes (Red TDT), denunciaron que el gobierno federal ha emprendido una campaña contra los normalistas de Ayotzinapa y contra las madres y padres de los 43 estudiantes, “con el fin de desprestigiar su movimiento y desvirtuar su lucha”.
“Se busca desacreditar su lucha legítima y desviar la atención de la opinión pública ante su demanda principal de dar con el paradero de sus 43 hijos”, indicaron ambas agrupaciones de derechos humanos en un comunicado emitido ayer.
La denuncia se hizo luego de que ayer medios de comunicación nacional, con fuentes del gobierno federal, publicaron señalamientos en contra de integrantes del Comité Estudiantil, calificándolos de radicales y de fabricar los explosivos caseros que supuestamente les fueron encontrados a los normalistas de Ayotzinapa durante una revisión en la caseta de peaje de Tlalpan, donde fueron retenidos.
“Las notas (informativas) refieren que esta información la obtuvieron de instituciones de inteligencia del gobierno. Refieren además que los estudiantes estarían financiados por personajes del PRI de Guerrero”, señala el comunicado de Tlachinollan y de la Red TDT.
Destacan que ante “la amplia difusión que el gobierno federal le ha dado a los artefactos que supuestamente encontró en el interior de un autobús, el Comité Estudiantil y sus representantes legales han manifestado que es falsa la información”.
Denuncian que las autoridades han estigmatizado y criminalizado a las normales rurales.
La imagen de un país mágico contrasta con el malestar
Señalan que es claro el malestar del gobierno contra todos los sectores sociales que ejercen su derecho legítimo a la protesta, ante la proximidad del Mundial de futbol.
“La imagen de un país mágico contrasta con el malestar de las organizaciones sindicales y sociales, colectivos de víctimas, movimiento magisterial, normalistas, ante el incumplimiento de los compromisos contraídos por parte de la presidenta Claudia Sheinbaum y la grave crisis de las desapariciones forzadas cuya cifra se eleva a 134 mil personas desaparecidas en nuestro país”.
Asimismo, deploran que la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y la Subsecretaría de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, “sean la punta de lanza para criminalizar a los normalistas y a las madres y padres de los 43 estudiantes desaparecidos, alentando el uso de la fuerza y una eventual represión”.
Tlachinollan y la Red TDT refieren que es público que los estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa, tienen una organización autónoma nutrida de una línea de pensamiento de izquierda, y que sus métodos de lucha han derivado en represiones violentas por parte de las autoridades en turno.
“La historia de la normal de Ayotzinapa está marcada por la persecución encarnizada y la violencia ejercida por los cuerpos represivos del Estado, dejando un saldo de 11 estudiantes asesinados y 43 jóvenes desaparecidos”, denuncian.
Indican que su lucha se mantiene firme y fiel a su ideario político y a su compromiso con los pueblos pobres de México. “En todo momento los estudiantes han defendido las normales rurales de México como una conquista de la lucha revolucionaria. Sus acciones de protesta las determinan en asamblea de manera autónoma, al margen de los partidos políticos y los gobiernos en turno.
Denuncian que en Guerrero se ha focalizado la represión contra los estudiantes de Ayotzinapa catalogándolos de guerrilleros y vándalos.
Agregan que sus métodos de lucha no solo han sido monitoreados por las autoridades, sino que el mismo ejército se ha encargado de aplicar sus planes de contrainsurgencia infiltrando a la Normal. “El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) demostró que uno de los 43 estudiantes desaparecidos era miembro del ejército”, recuerdan.
Cuestionan que a 11 años y 9 meses de la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum sigue sin presentar avances sobre el paradero de los normalistas.
“La mayor preocupación es que han abandonado las líneas de investigación trazadas por el GIEI, sobre todo la relacionada con los 853 folios del ejército que en diferentes ocasiones han solicitado las madres y padres”.
Señalan que ante el estancamiento de las investigaciones y el giro que le ha dado la Unidad Especial de Investigación y Litigación para el Caso Ayotzinapa (UEILCA) de focalizar la indagatoria en las funerarias de Iguala, las madres y padres acordaron en la última reunión de la Asamblea Nacional Popular, del 9 de mayo emprender una jornada de lucha en la Ciudad de México, y que la anunciaron en sus redes sociales.
Añaden que a escasos tres meses de que se cumplan 12 años de la desaparición de sus hijos, las madres y padres decidieron ejercer su derecho a la protesta para visibilizar su lucha y solicitar a la Fiscal General de la República (FGR), a la titular de la Secretaría de Gobernación y al titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores una reunión urgente con el fin de abordar la viabilidad y modalidad de mantener la asistencia internacional en las investigaciones de la desaparición de los jóvenes normalista, impulsar las líneas de investigación que se encuentran estancadas y vislumbrar una ruta para la entrega de los folios que se encuentran en los archivos del Ejército”.
Los organismos de derechos humanos exigieron el cese de la criminalización y la represión contra los estudiantes y padres de los 43 y se permita la libertad de expresión garantizando el derecho a la protesta social.
Redacción/ Zacarías Cervantes/ Foto: Segob
