Organizaciones de América Latina y el Caribe manifiestan su indignación, consternación y condena por el homicidio en Cuajinicuilapa del defensor de derechos humanos y activista afromexicano. Exigen al Estado mexicano una investigación exhaustiva e independiente
Chilpancingo, Guerrero, 10 de junio de 2026. Más de 60 organizaciones de afrodescendientes de América Latina y el Caribe manifestaron su indignación, consternación y condena por el asesinato del defensor de derechos humanos y activista afromexicano, Sael Silva Cisneros.
Asimismo, exigieron una investigación pronta, exhaustiva, independiente, imparcial y con perspectiva de derechos humanos que permita identificar y sancionar a los responsables materiales e intelectuales del asesinato.
El investigador del Centro de Estudios Constitucionales y Saberes Jurídicos, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), y promotor de los derechos de las personas LGBTIQ+, Silva Cisneros, originario del municipio de San Nicolás, región de la Costa Chica, fue asesinado la noche del viernes pasado en Cuajinicuilapa.
El joven de 31 años fue asesinado horas después de que participó en el seminario Disidencias afromexicanas en Guerrero: historia, justicia y derechos.
La noche del lunes, 67 organizaciones de afrodescendientes de América Latina y el Caribe emitieron un comunicado de condena. “Su asesinato representa una pérdida irreparable para el movimiento afromexicano, para la defensa de los derechos humanos, para las juventudes afrodescendientes y para todas aquellas personas que, desde distintos espacios académicos, institucionales y comunitarios, trabajan por la construcción de sociedades más justas, democráticas e incluyentes”, subrayan.
Señalan que este crimen no puede entenderse como un hecho aislado, pues “ocurre en una región marcada por una profunda crisis de violencia e inseguridad”.
Explican que la Costa Chica de Guerrero y Oaxaca ha experimentado en los últimos años un aumento de los conflictos vinculados a las disputas de grupos del crimen organizado, así como diversas expresiones de violencia, que afectan de manera particular a las comunidades afrodescendientes, indígenas y rurales.
“Esta situación se desarrolla en un contexto de desigualdad histórica, abandono institucional limitaciones estructurales para el acceso efectivo a la justicia”, indican.
Agregan que este crimen “debe analizarse a la luz de las obligaciones internacionales asumidas por el Estado mexicano, en el marco de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José), que establece el deber de garantizar el derecho a la vida, la integridad personal, el acceso a la justicia y la protección judicial; así como de prevenir, investigar y sancionar las violaciones a los derechos humanos”.
Entre algunas de las agrupaciones que suscriben del documento están, México Negro, Confederación Nacional Afroecuatoriana, Kumaná Perú, Consejo Nacional Afroboliviano, Centro de Desarrollo Étnico de Perú, Fun-dación Cónclave Investigativo de las Ciencias Jurídicas y Sociales de Chile y Fundación Afroecuatoriana Azúcar, de Ecuador, Fundación Ambiental y Cultural Las Mojarras, de Colombia; Articulación Latinoamericana para los Decenios Afro-descendientes y Afrodescendencias en México.
También, Investigación e Incidencia, Colectiva de Floras Cimarronas, Fundación Afromexicana Petra Mora, Asociación Afromexicana y Afrodescendientes en Baja California, todas de México. Organizaciones Afrovenezolanas; Organización Mundo Afro, de Uruguay; Conexión Antirracista de las Américas y el Caribe; Raíces Guerrerenses, México; Colectiva Universitaria por la Afro-descendencia, México; Asociación Interamericana para la Promoción y Defensa de los Derechos Humanos (AIPDH), México; Mujeres por la Inclusión y las Afrodescendencias en Sinaloa; Colectiva de Mujeres Afromexicanas en Movimiento y Movimiento Federalista Panafricano América Latina.
Las agrupaciones exigen al Estado mexicano una investigación exhaustiva, independiente, imparcial y con perspectiva de derechos humanos, que permita identificar y sancionar a los responsables materiales e intelectuales del asesinato de Sael Silva Cisneros.
Además, el esclarecimiento de los hechos y la garantía de acceso a la verdad y la justicia para su familia y para la sociedad; la aplicación de medidas efectivas para garantizar la seguridad y protección de personas defensoras de derechos humanos, liderazgos afrodescendientes, activistas comunitarios y defensoras de la diversidad sexual.
Asimismo, la adopción de acciones integrales para atender las condiciones de violencia que afectan a la Costa Chica de Guerrero y Oaxaca, garantizando la presencia efectiva del Estado, el acceso a la justicia y la protección de las comunidades.
Solicitan a la Comisión Inter-americana de Derechos Humanos (CIDH) y a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Coidh) que, en el ámbito de sus competencias, continúen promoviendo y super-visando el cumplimiento de las obligaciones de los estados, para garantizar la protección de las personas defensoras de derechos humanos, de los liderazgos afrodescendientes y de las poblaciones históricamente discriminadas.
Exhortan a la Organización de los Estados Americanos (OEA) a incorporar de manera específica la agenda de los pueblos afrodes-cendientes de América Latina y el Caribe en la Asamblea General a celebrarse del 22 al 24 de junio de 2026, como una oportunidad para fortalecer los compromisos regionales en materia de igualdad racial, justicia y derechos humanos.
Las organizaciones afrodescendientes de América Latina y el Caribe expresan su solidaridad con la familia, amistades, colegas y comunidades de Sael Silva, por lo que se unen a su exigencia de verdad, justicia y garantías de no repetición, “convencidas de que la defensa de los derechos humanos, la igualdad racial y la dignidad de nuestros pueblos debe ser protegida y garantizada por los estados”.
Zacarías Cervantes
