Rubén Aguilar Valenzuela
Los partidos políticos, en medio de la tragedia provocada por los terremotos del 7 y 19 de septiembre, en el intento de responder al rechazo ciudadano y a la demanda de que los millonarios gastos de campaña se destinen a la reconstrucción han hecho propuestas sin sentido que de hacerse realidad dañan la vida democrática del país.
Todos los partidos en la desesperación por mejorar su imagen han comprometido no recibir parte de los fondos a los que tienen derecho, para que se utilicen en la reconstrucción. Todavía queda por verse a dónde van a ir esos recursos y quien va a vigilar su uso.
En ningún caso esos recursos, que son de los contribuyentes, pueden ser manejados de manera directa por los partidos. Sería una burda maniobra electoral, para conseguir votos. Una vulgar manera de aprovecharse de la tragedia.
El Instituto Nacional Electoral (INE) junto con los partidos deben crear un mecanismo por encima de los institutos políticos, para ejercer esos fondos. Si esto no se garantiza se debe impedir que los partidos utilicen esos recursos, para promocionarse.
La otra idea, muy publicitada por el PRI, ha sido que se eliminen los fondos públicos para el financiamiento de las campañas y en el futuro todos los recursos vengan de donaciones privadas. Es una propuesta irresponsable de terribles consecuencias, para la democracia.
Los gastos públicos para las campañas se deben reducir de manera significativa, pero no eliminar. De otra manera es dar puerta abierta a que el narco y los empresarios, sobre todo en las elecciones locales y estatales, se conviertan en los grandes donadores. Es un paso al abismo, a la privatización de la política.
Esta idea se complementa, el PRI es quien la sostiene, con la eliminación de los diputados de mayoría relativa a nivel federal y estatal y volver a tener solo dos senadores por cada estado de la República. Se puede reducir el número de los diputados, formas hay muchas, pero nunca la posibilidad de terminar con la representación de las minorías. Sería volver al pasado y un atentado contra la democracia.
Los senadores deben representar a los estados y en la actualidad hay un cuarto senador elegido por circunscripción que no representa a ningún estado sino sólo a las élites políticas de los partidos. La figura de ese senador debe de ser eliminada. No tiene sentido e incluso es anticonstitucional, pero en su momento fue avalada por todos los partidos.
De hacerse realidad, espero que no ocurra, la propuesta del PRI, el partido que más la ha difundido, le haría un daño irreparable a la democracia naciente en el país que implicaría que la política pasara a manos de los privados y también del crimen organizado y que las minorías nunca más estuvieran representadas en el Congreso. Esto no se puede permitir.
Twitter: @RubenAguilar
